La reciente controversia generada por propuestas que podrían favorecer la excarcelación de personas condenadas por terrorismo ha reabierto una discusión que el Perú no puede permitirse abordar con ligereza ni mucho menos desde la amnesia colectiva. No se trata únicamente de un debate legal, político o ideológico. Se trata de la memoria de una nación que sufrió una de las tragedias más devastadoras de su historia republicana y que aún carga las heridas de una violencia que arrebató vidas, destruyó familias y frenó durante décadas las posibilidades de desarrollo de millones de peruanos.
En medio de la crisis de confianza que atraviesan las instituciones, algunos sectores pretenden presentar este tema como una cuestión de derechos procesales o de beneficios penitenciarios. Sin embargo, cualquier análisis responsable debe comenzar por recordar la magnitud de los hechos que marcaron al país entre 1980 y el año 2000. El terrorismo no fue una expresión política ni una forma radical de protesta social. Fue una estrategia sistemática de violencia destinada a destruir el Estado democrático mediante el asesinato, la intimidación y el terror como instrumentos de control.
Las cifras son estremecedoras. Cerca de 69.000 peruanos murieron o desaparecieron durante el conflicto interno. Detrás de cada una de esas víctimas existe una historia de sufrimiento que ninguna estadística puede reflejar plenamente. Fueron campesinos, trabajadores, estudiantes, madres de familia, autoridades locales, policías, militares y ciudadanos inocentes que quedaron atrapados en una espiral de violencia que parecía no tener fin. Muchos pueblos del interior del país vivieron bajo el miedo permanente. Las noches dejaron de ser sinónimo de tranquilidad para convertirse en horas de incertidumbre, ataques y muerte.
Las consecuencias económicas fueron igualmente devastadoras. La destrucción de infraestructura, carreteras, puentes, torres de energía, centros educativos y proyectos productivos significó pérdidas de miles de millones de dólares. Mientras otras naciones avanzaban hacia el crecimiento y la modernización, el Perú destinaba enormes recursos a combatir una amenaza que buscaba quebrar el orden constitucional. El terrorismo no solo asesinó personas; también destruyó oportunidades, profundizó la pobreza y retrasó el desarrollo de regiones enteras cuyos efectos aún son visibles décadas después.
Por esa razón, las recientes sentencias judiciales contra dirigentes vinculados al Movadef y la decisión de disolver dicha organización deben ser comprendidas dentro de un contexto histórico más amplio. No se trata de perseguir ideas ni de restringir el pluralismo político. Se trata de establecer límites claros frente a organizaciones que la justicia ha determinado que mantuvieron vínculos con estructuras que promovieron y justificaron la violencia terrorista. Una democracia tiene la obligación de defender las libertades, pero también el deber de protegerse de quienes buscan socavarla desde dentro.
Al mismo tiempo, resulta legítimo exigir que todos los procesos judiciales relacionados con el período de violencia se desarrollen bajo criterios de imparcialidad, debido proceso y respeto irrestricto a la ley. Esto incluye los casos que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que combatieron al terrorismo. La justicia debe actuar con equilibrio, evitando tanto la impunidad como la utilización política de los tribunales. Sin embargo, esa necesaria búsqueda de equilibrio no puede convertirse en una excusa para minimizar la gravedad de los crímenes terroristas ni para diluir las responsabilidades históricas ya acreditadas por la justicia.
La experiencia de numerosos países demuestra que las democracias sólidas no se construyen sobre el olvido. Las naciones que logran superar sus tragedias son aquellas que preservan la memoria de las víctimas, fortalecen la educación cívica y transmiten a las nuevas generaciones las lecciones aprendidas. Cuando la memoria se debilita, los discursos extremistas encuentran terreno fértil para reaparecer bajo nuevos nombres y nuevas estrategias.
El Perú necesita reafirmar una convicción nacional que trascienda gobiernos, partidos e ideologías: el terrorismo nunca puede ser justificado, relativizado ni rehabilitado políticamente. La verdadera reconciliación exige memoria, verdad, justicia y respeto por quienes sufrieron las consecuencias de la violencia. La mejor garantía para el futuro no es olvidar, sino recordar con claridad lo que ocurrió. Por respeto a las víctimas, por responsabilidad con las nuevas generaciones y por la estabilidad de nuestra democracia, el país debe mantener una posición firme e inquebrantable. Porque cuando una nación olvida el costo de su tragedia, corre el riesgo de repetirla. Y el Perú ya pagó un precio demasiado alto como para volver a recorrer ese camino.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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