No obstante que un derecho fundamental de la persona es su defensa y el respeto por su dignidad (Constitución, artículo 1°) los tres Poderes del Estado no resuelven el gravísimo problema de la seguridad ciudadana. Todos estamos en peligro de ser víctimas de los delincuentes en las vías públicas, establecimientos comerciales, laborales, restaurantes, de estudios, vehículos y en nuestros domicilios. Nadie está seguro, sea niño, mujer, inválido o anciano.
Los medios informativos escritos, radiales y televisivos diariamente lo informan, exhibiendo a los delincuentes detenidos in fraganti; en muchos casos refirieren que antes ya fueron detenidos por la Policía por otros delitos y puestos a disposición del Ministerio Público para que formule la denuncia correspondiente ante el Juez Penal. Significa ¿qué alguna autoridad –o el Fiscal y/o el Juez– les dio libertad? Y siguieron cometiendo delitos. Utilizan diversas “especialidades”: hurto, robo, estafa, estelionato, lesiones, homicidios, trata de personas y de drogas, feminicidio, receptación, intimidación, extorción, sicariato – aun utilizando menores – y hasta usan la “informática”. No debe eludirse a la corrupción –ampliamente conocida–. Cada vez se extiende más la inseguridad.
La Policía diariamente custodia a las personas en las calles y arriesgando sus vidas se enfrenta a los delincuentes lo que es captado por los videos de vigilancia, pero por el constante “incremento” del actuar de los delincuentes, reiteradamente los vecindarios reclaman a las autoridades la seguridad efectiva para sus vidas y bienes. Aun no hay extinción de la criminología y está sin resolverse el problema. Evidentemente la criminología se extiende por la incapacidad de los poderes estatales.
Actualmente el número de policías es insuficiente aun con la ayuda de los serenazgos municipales; la labor en el Ministerio Público no evidencia eficiencia y en el Poder Judicial no solamente se incumplen los plazos procesales, sino que hasta se conoce que “disponen” la libertad de delincuentes prontuarios. En veces se suele sentenciar “aprobando la prescripción” del delito.
Las actuales normas penales y procesales penales han devenido en obsoletas inclusive los Textos Únicos y las Leyes Orgánicas del Ministerio Público y el Poder Judicial. Se evidencia –ante el crecimiento de la delincuencia con nacionales y extranjeros– que en el Ejecutivo no adopta medidas eficientes para no solamente combatir sino extinguir la delincuencia. Tampoco en el Legislativo legislan para actualizar pronta y debidamente los Códigos y normas penales y los Códigos y disposiciones procesales penales. Es irónico, la sociedad agraviada por los delincuentes debe –con sus impuestos– sostenerlos gratuitamente con vivienda, alimentación y salud. Muchas veces se ha invocado a los Poderes estatales Legislativo y Ejecutivo que deben construirse nuevas cárceles (que estén en las alturas andinas) que tengan centros de trabajo para la producción de bienes para el mercado nacional, donde los delincuentes obtengan una remuneración para subsistir. Debe normarse que todo detenido y/o sentenciado por delito deba obligatoriamente que trabajar en esos centros de producción de bienes que se edifiquen en el interior de las cárceles, los que pueden alquilarse a empresarios de la actividad privada. Los trabajadores deben ser solo los recluidos en las cárceles.
Estamos frente a un problema grave. ¡Es tiempo de resolverlo! La tipificación de los delitos y el tiempo de las condenas deben actualizarse y modificarse incrementando las penas con severidad y obligar a los delincuentes que devuelvan los bienes de sus agraviados. Las normas procesales penales deben señalar plazos nítidos y duplicar los plazos para la prescripción eliminando las “excepciones”. El proceso para los receptadores debe ser con detención efectiva. Evitar las concesiones de libertad “provisional” o “domiciliaria”. Establecer la responsabilidad personal administrativa, civil y penal para los juzgadores que no las cumplan con procesar las causas penales dentro de los plazos establecidos.
Los políticos electos para el Poder Legislativo y para las Cámaras de Senadores y Diputados, –en coordinación por el Poder Ejecutivo– que luego del 28 de julio del 2026, en que asuman sus cargos, de inmediato deben abocarse a actualizar los códigos sustantivos y procesales en lo penal y aprobar las partidas presupuestales necesarias para incrementar el número de policías y de especialistas en servicio de inteligencia contra la criminalidad y la edificación de nuevos centros de reclusión en las alturas andinas (que servirá además para descongestionar el hacinamiento de reclusos en las actuales cárceles).
Los “electos” en sus campañas electorales reideramente han expresado que combatirán la delincuencia y dar seguridad a las personas. ¿Serán capaces de hacerlo?
No obstante que un derecho fundamental de la persona es su defensa y el respeto por su dignidad (Constitución, artículo 1°) los tres Poderes del Estado no resuelven el gravísimo problema de la seguridad ciudadana. Todos estamos en peligro de ser víctimas de los delincuentes en las vías públicas, establecimientos comerciales, laborales, restaurantes, de estudios, vehículos y en nuestros domicilios. Nadie está seguro, sea niño, mujer, inválido o anciano.
Los medios informativos escritos, radiales y televisivos diariamente lo informan, exhibiendo a los delincuentes detenidos in fraganti; en muchos casos refirieren que antes ya fueron detenidos por la Policía por otros delitos y puestos a disposición del Ministerio Público para que formule la denuncia correspondiente ante el Juez Penal. Significa ¿qué alguna autoridad –o el Fiscal y/o el Juez– les dio libertad? Y siguieron cometiendo delitos. Utilizan diversas “especialidades”: hurto, robo, estafa, estelionato, lesiones, homicidios, trata de personas y de drogas, feminicidio, receptación, intimidación, extorción, sicariato – aun utilizando menores – y hasta usan la “informática”. No debe eludirse a la corrupción –ampliamente conocida–. Cada vez se extiende más la inseguridad.
La Policía diariamente custodia a las personas en las calles y arriesgando sus vidas se enfrenta a los delincuentes lo que es captado por los videos de vigilancia, pero por el constante “incremento” del actuar de los delincuentes, reiteradamente los vecindarios reclaman a las autoridades la seguridad efectiva para sus vidas y bienes. Aun no hay extinción de la criminología y está sin resolverse el problema. Evidentemente la criminología se extiende por la incapacidad de los poderes estatales.
Actualmente el número de policías es insuficiente aun con la ayuda de los serenazgos municipales; la labor en el Ministerio Público no evidencia eficiencia y en el Poder Judicial no solamente se incumplen los plazos procesales, sino que hasta se conoce que “disponen” la libertad de delincuentes prontuarios. En veces se suele sentenciar “aprobando la prescripción” del delito.
Las actuales normas penales y procesales penales han devenido en obsoletas inclusive los Textos Únicos y las Leyes Orgánicas del Ministerio Público y el Poder Judicial. Se evidencia –ante el crecimiento de la delincuencia con nacionales y extranjeros– que en el Ejecutivo no adopta medidas eficientes para no solamente combatir sino extinguir la delincuencia. Tampoco en el Legislativo legislan para actualizar pronta y debidamente los Códigos y normas penales y los Códigos y disposiciones procesales penales. Es irónico, la sociedad agraviada por los delincuentes debe –con sus impuestos– sostenerlos gratuitamente con vivienda, alimentación y salud. Muchas veces se ha invocado a los Poderes estatales Legislativo y Ejecutivo que deben construirse nuevas cárceles (que estén en las alturas andinas) que tengan centros de trabajo para la producción de bienes para el mercado nacional, donde los delincuentes obtengan una remuneración para subsistir. Debe normarse que todo detenido y/o sentenciado por delito deba obligatoriamente que trabajar en esos centros de producción de bienes que se edifiquen en el interior de las cárceles, los que pueden alquilarse a empresarios de la actividad privada. Los trabajadores deben ser solo los recluidos en las cárceles.
Estamos frente a un problema grave. ¡Es tiempo de resolverlo! La tipificación de los delitos y el tiempo de las condenas deben actualizarse y modificarse incrementando las penas con severidad y obligar a los delincuentes que devuelvan los bienes de sus agraviados. Las normas procesales penales deben señalar plazos nítidos y duplicar los plazos para la prescripción eliminando las “excepciones”. El proceso para los receptadores debe ser con detención efectiva. Evitar las concesiones de libertad “provisional” o “domiciliaria”. Establecer la responsabilidad personal administrativa, civil y penal para los juzgadores que no las cumplan con procesar las causas penales dentro de los plazos establecidos.
Los políticos electos para el Poder Legislativo y para las Cámaras de Senadores y Diputados, –en coordinación por el Poder Ejecutivo– que luego del 28 de julio del 2026, en que asuman sus cargos, de inmediato deben abocarse a actualizar los códigos sustantivos y procesales en lo penal y aprobar las partidas presupuestales necesarias para incrementar el número de policías y de especialistas en servicio de inteligencia contra la criminalidad y la edificación de nuevos centros de reclusión en las alturas andinas (que servirá además para descongestionar el hacinamiento de reclusos en las actuales cárceles).
Los “electos” en sus campañas electorales reiteradamente han expresado que combatirán la delincuencia y dar seguridad a las personas. ¿Serán capaces de hacerlo?
José Roberto Rendón Vásquez.
Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).
0 comments on “Problema no resuelto: la seguridad ciudadana.”