Nuestro Perú vive horas decisivas. Con el conteo electoral prácticamente concluido y una diferencia mínima entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú, el país espera conocer los resultados finales de una de las elecciones más ajustadas de su historia reciente. Sin embargo, el problema ya no es únicamente quién ganará la presidencia. La verdadera preocupación es la actitud de quienes parecen dispuestos a cuestionar el resultado antes de que concluyan todos los procedimientos legales.
Las declaraciones de Roberto Sánchez sobre un supuesto fraude en el voto exterior han elevado la tensión política. Hasta el momento, no se han presentado pruebas concluyentes que respalden esas acusaciones ante los organismos electorales. Aun así, el candidato ha promovido la idea de que la voluntad popular estaría siendo alterada. Cuando un líder político desconoce anticipadamente el resultado de una elección sin evidencias sólidas, no solo afecta a sus adversarios. También debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones que sostienen la democracia.
Este escenario resulta más preocupante cuando se observa la evolución política de Juntos por el Perú. En los últimos años, la agrupación dejó de ser una alianza de izquierda moderada para convertirse en un espacio donde conviven distintos sectores radicales. La incorporación de grupos vinculados al entorno político de Pedro Castillo, así como de figuras cercanas al nacionalismo más confrontacional, ha cambiado profundamente el perfil de la organización. Hoy parece existir más coincidencia en la oposición al sistema político actual que en una propuesta clara para resolver los problemas del país.
Las consecuencias de esta situación pueden sentirse durante los próximos años. El nuevo Congreso estará altamente fragmentado y ningún sector tendrá capacidad para gobernar por sí solo. En esas condiciones, la estabilidad dependerá del diálogo, los acuerdos y el respeto a las reglas democráticas. Si, por el contrario, prevalecen los discursos de confrontación permanente y las denuncias sin sustento, el país podría ingresar nuevamente en un ciclo de crisis políticas, conflictos sociales e incertidumbre económica.
La actuación de Roberto Sánchez también plantea una contradicción difícil de ignorar. Durante la crisis de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo intentó romper el orden constitucional, Sánchez tomó distancia y defendió públicamente la democracia. Esa posición fue valorada porque mostró respeto por las instituciones. Sin embargo, sus recientes declaraciones parecen alejarse de aquella postura. Pasar de la defensa de la legalidad a la desconfianza sistemática frente a los organismos electorales genera dudas sobre la coherencia de su liderazgo y sobre los verdaderos objetivos de su estrategia política.
El problema de fondo no es una candidatura ni un partido en particular. Lo que está en juego es la capacidad del Perú para resolver sus diferencias dentro de la ley. Ninguna democracia puede funcionar si cada elección termina convertida en una batalla para desconocer los resultados. La confianza en el voto, en los tribunales electorales y en las instituciones es un requisito básico para la convivencia democrática.
Por ello, el país necesita fortalecer sus organismos electorales, exigir mayor responsabilidad a los líderes políticos y sancionar cualquier llamado a la violencia o al desconocimiento arbitrario de la ley. La estabilidad del Perú no dependerá únicamente de quién ocupe la presidencia, sino de que todos respeten las reglas del juego democrático. Cuando las instituciones son más fuertes que las ambiciones personales, la república se fortalece. Cuando ocurre lo contrario, el riesgo de una nueva crisis vuelve a aparecer.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.


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