La segunda vuelta presidencial del 2026 volvió a mostrar una realidad que el Perú no ha logrado resolver: el país continúa dividido entre las regiones que generan una parte importante de la riqueza nacional y los espacios donde se concentra el poder político y económico. El mapa electoral dejó una señal difícil de ignorar. Las regiones que aportan buena parte de la producción minera del país respaldaron mayoritariamente a Roberto Sánchez, mientras que la costa urbana y los principales centros comerciales se inclinaron por Fuerza Popular. Más que una diferencia ideológica, el resultado expresa un profundo malestar sobre la forma en que se distribuyen los beneficios del crecimiento.
La incidencia electoral de las regiones mineras fue determinante. Áncash, Apurímac, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno concentran una parte sustancial de la producción nacional de cobre, oro, plata y estaño. Al mismo tiempo, son territorios que reciben miles de millones de soles por canon y regalías. Sin embargo, gran parte de estas regiones votó por una opción que prometía revisar el modelo de desarrollo vigente. El mensaje político es claro: disponer de grandes ingresos fiscales no ha sido suficiente para generar una percepción de bienestar ni de inclusión.
Esta paradoja resulta aún más evidente cuando se observa la magnitud de los recursos transferidos por la actividad extractiva. Cada año, miles de millones de soles llegan a gobiernos regionales y municipales gracias a la minería. Sin embargo, numerosas obras permanecen paralizadas, los niveles de ejecución presupuestal continúan siendo deficientes y las brechas en salud, educación, agua potable e infraestructura básica siguen presentes. Para muchos ciudadanos, la riqueza minera es visible en las estadísticas, pero no en su calidad de vida.
La consecuencia política de esta situación se reflejó en las urnas. En varias de las regiones que más aportan al crecimiento económico nacional se consolidó un voto de protesta frente a un Estado percibido como distante e ineficiente. La población observa cómo salen diariamente minerales que sostienen las exportaciones y fortalecen las cuentas fiscales del país, mientras sus localidades continúan enfrentando problemas que deberían haber sido resueltos hace décadas. La frustración acumulada terminó transformándose en una decisión electoral.
Esta realidad adquiere una dimensión estratégica en un contexto internacional donde el cobre se ha convertido en un recurso clave para la transición energética. El corredor minero del sur alberga operaciones de importancia mundial como Las Bambas, Cerro Verde y Quellaveco. La estabilidad social y política de estas zonas no solo influye en la economía peruana, sino también en cadenas globales de suministro vinculadas a la industria tecnológica y energética. Cuando las regiones productoras expresan descontento, el impacto trasciende las fronteras nacionales.
Por ello, el debate sobre una nueva regionalización cobra especial relevancia. El actual modelo ha mostrado limitaciones evidentes para transformar recursos en desarrollo. La existencia de gobiernos regionales y locales con capacidades desiguales ha generado una fragmentación administrativa que dificulta la ejecución eficiente de inversiones. La creación de macroregiones más sólidas podría permitir una mejor planificación territorial, mayor capacidad técnica y proyectos de infraestructura con verdadero impacto económico y social.
Sin embargo, la regionalización por sí sola no resolverá el problema. También es necesario reformar el sistema de administración del canon minero. Los recursos deben orientarse hacia proyectos estratégicos, supervisados con criterios técnicos y alejados de intereses políticos de corto plazo. La prioridad debe ser garantizar servicios públicos de calidad y oportunidades reales para la población que convive con la actividad extractiva.
El Perú no enfrenta una crisis de recursos, sino una crisis de gestión y confianza. La votación de 2026 demostró que las regiones que sostienen buena parte de la economía nacional exigen resultados concretos y no solo cifras de crecimiento. Una nueva regionalización, acompañada de una reforma profunda en el uso del canon y las regalías, puede convertirse en una herramienta para cerrar brechas históricas y fortalecer la unidad nacional. Si la riqueza minera logra traducirse en bienestar visible para las comunidades, el país tendrá una oportunidad real de reducir la polarización política. De lo contrario, la distancia entre el Perú que produce la riqueza y el Perú que la administra seguirá ampliándose.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
0 comments on “La rebelión electoral de las regiones mineras y la nueva regionalización”