Hay problemas que no generan titulares todos los días, pero terminan cambiando el destino de un país. Uno de ellos ya está ocurriendo en el Perú. Cada año nacen menos niños y aumenta el número de adultos mayores. Este cambio demográfico avanza de manera silenciosa, pero tendrá efectos profundos sobre la economía, el empleo, las pensiones y la salud pública. Lo preocupante no es que los peruanos vivan más tiempo. El verdadero problema es que el país todavía no está preparado para sostener esa nueva realidad.
Las proyecciones del INEI muestran que la tasa de fecundidad seguirá disminuyendo durante las próximas décadas y que el porcentaje de personas mayores de 60 años crecerá de manera acelerada. Al mismo tiempo, el llamado bono demográfico, que permitió contar con una gran población en edad de trabajar, llegará a su fin alrededor del 2045. A partir de entonces, habrá menos trabajadores sosteniendo a un número cada vez mayor de jubilados.
Este cambio sería manejable en una economía sólida, pero el Perú enfrenta una dificultad mucho mayor: la informalidad laboral. Más del 70 % de los trabajadores desarrolla sus actividades sin acceso a beneficios sociales ni aportes regulares para su jubilación. Millones de personas trabajan todos los días, pero no construyen una pensión para el futuro. Cuando lleguen a la vejez, dependerán de sus familias o del Estado para sobrevivir.
Esa realidad pondrá bajo una enorme presión al sistema previsional. La ONP funciona con los aportes de los trabajadores actuales para pagar a los pensionistas. Si cada vez hay menos aportantes y más jubilados, el Estado tendrá que cubrir el déficit con recursos públicos. Las AFP tampoco ofrecen una solución completa, porque muchas cuentas individuales registran pocos aportes debido a la informalidad y porque los retiros extraordinarios de fondos redujeron el ahorro acumulado. Como resultado, miles de personas podrían recibir pensiones insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
El sistema de salud enfrentará un desafío igual de grande. Una población envejecida necesita más consultas, más medicamentos y tratamientos prolongados para enfermedades como cáncer, diabetes, problemas cardiovasculares y demencia. EsSalud dependerá de una base cada vez menor de trabajadores formales que financien sus servicios, mientras que el SIS requerirá mayores recursos del presupuesto nacional para atender a millones de adultos mayores sin cobertura contributiva.
Lo más preocupante es que este problema apenas ocupa un lugar en el debate político. La atención suele concentrarse en las crisis del momento, mientras se postergan las reformas que realmente definirán el futuro del país. El envejecimiento de la población no puede detenerse, pero sí puede administrarse con políticas responsables.
La prioridad debe ser reducir la informalidad mediante reglas más simples para las empresas, mejores oportunidades de empleo formal y mayor productividad. También es indispensable fortalecer el sistema de pensiones, promover el ahorro para la jubilación y preparar al sistema de salud para atender a una población con mayor esperanza de vida. Estas decisiones requieren acuerdos de largo plazo y continuidad en las políticas públicas.
El Perú todavía tiene tiempo para actuar, pero ese margen se reduce cada año. Ignorar esta transición demográfica significará llegar a las próximas décadas con más adultos mayores, menos trabajadores, pensiones insuficientes y servicios de salud sobrecargados. Prepararse desde ahora permitirá convertir un problema anunciado en una oportunidad para construir un país más sólido, más justo y capaz de ofrecer una vejez digna a millones de peruanos.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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