En el Perú se ha vuelto frecuente confundir el ejercicio del poder con la propiedad del Estado. Cada cambio de gobierno trae consigo una renovación masiva de funcionarios, la interrupción de proyectos y el reemplazo de equipos técnicos por personas cuya principal credencial suele ser la cercanía política. Bajo esta lógica, el Estado deja de ser una institución al servicio de los ciudadanos para convertirse en un espacio de cuotas, favores y protagonismos personales.
La función pública debería ser entendida como un compromiso con el interés nacional. Quien asume un cargo recibe una responsabilidad temporal para administrar recursos que pertenecen a todos los peruanos. Sin embargo, no son pocos los funcionarios que terminan convencidos de que el puesto les otorga privilegios antes que obligaciones. Los símbolos del poder —escoltas, vehículos oficiales, protocolos y ceremonias— terminan desplazando el verdadero propósito del servicio público: resolver problemas con eficiencia, transparencia y vocación de servicio.
Esta situación responde, en gran medida, a la fragilidad institucional del sistema político peruano. El politólogo Steven Levitsky ha señalado que el Perú posee uno de los sistemas de partidos más débiles de la región. La ausencia de organizaciones sólidas impide la formación de cuadros técnicos y favorece la aparición de movimientos electorales improvisados. Como consecuencia, los cargos públicos suelen distribuirse por confianza política y no por mérito profesional.
Cada nueva gestión actúa como si la historia comenzara con su llegada. Se reemplaza personal experimentado, se abandonan proyectos que podrían dar resultados y se presentan iniciativas antiguas como si fueran descubrimientos recientes. La memoria institucional desaparece y el Estado pierde capacidad para aprender de su propia experiencia. La improvisación termina sustituyendo a la planificación.
Décadas atrás, el intelectual peruano Luis Alberto Sánchez advertía que el país parecía vivir una permanente adolescencia política. Esa observación conserva actualidad. Persistimos en una cultura donde muchos dirigentes privilegian el protagonismo individual antes que la construcción paciente de instituciones sólidas. La política continúa organizada alrededor de personas y no de proyectos de largo plazo.
A esta debilidad se suma la captura del Estado por intereses particulares. El analista político Alberto Vergara ha explicado cómo determinados grupos logran influir en decisiones públicas mediante redes de poder que sobreviven a los gobiernos. La denominada “puerta giratoria”, donde funcionarios alternan entre el sector público y el privado, puede generar conflictos de interés que afectan la confianza ciudadana.
Cuando el Estado se utiliza para favorecer aliados, proteger intereses económicos o castigar a quienes discrepan, deja de cumplir su función esencial. La autoridad pública pierde legitimidad cuando sus decisiones responden a conveniencias personales antes que al bienestar colectivo. Cada acto de arbitrariedad debilita la institucionalidad y profundiza el escepticismo ciudadano.
Existe, además, una práctica que agrava este problema: la cultura de la adulación. Muchos funcionarios prefieren rodearse de personas que siempre les dan la razón. Quien formula una crítica suele ser visto como un adversario, cuando precisamente las observaciones técnicas permiten corregir errores y mejorar la gestión. Las instituciones más sólidas son aquellas donde existe debate, control interno y disposición para rectificar.
El politólogo Martín Tanaka ha señalado que uno de los mayores desafíos del país es la creciente distancia entre las autoridades y la ciudadanía. Esa desconexión se refleja cuando las prioridades de la gestión giran alrededor de la imagen pública, las redes sociales o los conflictos políticos, mientras los problemas cotidianos permanecen sin solución. Gobernar exige escuchar, dialogar y comprender las necesidades reales de la población.
Las redes sociales han reforzado el personalismo. Con frecuencia, las actividades oficiales parecen diseñadas para fortalecer la imagen de la autoridad más que para informar resultados concretos. La gestión termina subordinada al marketing político y el éxito comienza a medirse por la cantidad de fotografías, entrevistas o publicaciones antes que por el impacto de las políticas implementadas.
El historiador Jorge Basadre definía al Perú como una posibilidad. Esa posibilidad depende de la capacidad de construir instituciones fuertes que trasciendan a las personas. Ningún país alcanza un desarrollo sostenido cuando cada gobierno reinicia el camino y cada funcionario actúa como propietario de la entidad que dirige.
La respuesta no consiste únicamente en aprobar nuevas leyes. El cambio debe ser también cultural. El servicio público necesita recuperar principios fundamentales como la meritocracia, la ética, la transparencia, la rendición de cuentas y la vocación de servicio. Los cargos públicos deben ser ocupados por profesionales competentes y evaluados por resultados, no por afinidades políticas.
Fortalecer la carrera pública constituye una tarea impostergable. Los servidores civiles deben contar con estabilidad basada en el desempeño y no depender de los cambios de gobierno. Solo así será posible preservar el conocimiento institucional y garantizar la continuidad de las políticas públicas que benefician a la ciudadanía.
Asimismo, quienes ejercen funciones públicas deben comprender que la autoridad no se sostiene mediante símbolos de poder, sino mediante la confianza que generan sus decisiones. Un verdadero líder escucha, acepta la crítica, corrige errores y actúa con transparencia. La autoridad se gana con el ejemplo y no con el cargo.
El Perú enfrenta enormes desafíos en seguridad, salud, educación, infraestructura y crecimiento económico. Ninguno podrá resolverse plenamente mientras el Estado continúe siendo utilizado como plataforma para satisfacer intereses personales o repartir favores políticos. Recuperar el sentido del servicio público es una condición indispensable para fortalecer la democracia y reconstruir la confianza ciudadana.
Al final, el legado de un funcionario no debería medirse por el número de discursos pronunciados ni por la visibilidad alcanzada durante su gestión. Su verdadera contribución radica en dejar instituciones más sólidas, procesos más eficientes y mejores oportunidades para quienes continúen la tarea. Solo cuando comprendamos que los cargos son pasajeros, pero las instituciones permanecen, podremos construir un Estado verdaderamente orientado al servicio de todos los peruanos.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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