Durante muchos años, el VRAEM fue considerado el principal problema de seguridad del Perú. Esa visión tuvo sentido en otro momento, pero hoy resulta insuficiente. El país enfrenta amenazas mucho más amplias y complejas. El crimen organizado ya no opera únicamente desde un territorio específico ni responde a una sola actividad ilegal. Se mueve a través de redes transnacionales que combinan narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, trata de personas, lavado de activos y delitos informáticos. La seguridad nacional ya no depende únicamente del control del territorio; depende de la capacidad del Estado para anticipar, coordinar y responder a amenazas que cambian con rapidez.
La experiencia demuestra que el enfoque aplicado durante décadas en el VRAEM no logró resolver el problema de fondo. La presencia del Estado se concentró principalmente en operaciones militares y policiales, mientras persistían enormes brechas de infraestructura, salud, educación, conectividad y desarrollo económico. Allí donde no llegaron carreteras, hospitales o escuelas, las organizaciones criminales ocuparon ese espacio ofreciendo ingresos, financiamiento y una falsa sensación de estabilidad. Cuando el ciudadano solo ve al Estado a través de un uniforme, difícilmente desarrolla confianza en sus instituciones.
A ello se suma una debilidad estructural. El VRAEM está dividido entre Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac. Esta fragmentación administrativa dificulta la planificación, retrasa las inversiones y diluye responsabilidades. Cada región responde a sus propias prioridades y el valle termina siendo una responsabilidad compartida que nadie asume plenamente. El resultado es un territorio donde las brechas sociales persisten y las economías ilegales encuentran condiciones ideales para expandirse.
Sin embargo, el mapa de riesgos del Perú ya no termina en el VRAEM. Hoy las principales amenazas se concentran también en otros corredores estratégicos del país. Madre de Dios continúa siendo el principal foco de minería ilegal, contaminación ambiental y trata de personas. Loreto y Ucayali enfrentan el crecimiento del narcotráfico, el tráfico ilegal de madera y el contrabando aprovechando la enorme extensión de sus ríos. En Tumbes y parte de Piura, la presión del crimen organizado transnacional se refleja en el tráfico de personas, armas y drogas. La Libertad, especialmente Trujillo, sufre niveles preocupantes de extorsión, sicariato y violencia criminal. Mientras tanto, el VRAEM mantiene su importancia como corredor del narcotráfico y refugio de remanentes armados que protegen las economías ilícitas.
Esta realidad obliga a replantear completamente el despliegue de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La distribución de recursos ya no puede responder únicamente a criterios históricos. Debe basarse en un análisis permanente de riesgos y concentrar capacidades donde el crimen organizado amenaza la soberanía, la economía y la seguridad de los ciudadanos. La presencia del Estado debe ser dinámica, flexible y respaldada por inteligencia, no únicamente por bases permanentes o patrullajes tradicionales.
Para cumplir esa misión, las fuerzas del orden necesitan herramientas acordes con los desafíos actuales. La prioridad debe ser fortalecer los sistemas de inteligencia estratégica, la investigación financiera y el análisis de información. Es indispensable ampliar el uso de drones, imágenes satelitales, sensores remotos y plataformas de análisis de datos que permitan detectar movimientos de organizaciones criminales antes de que consoliden su presencia. La movilidad también debe modernizarse mediante helicópteros, embarcaciones fluviales, vehículos todoterreno y centros logísticos que permitan responder rápidamente en zonas alejadas. Del mismo modo, la ciberseguridad debe convertirse en un componente esencial de la defensa nacional para proteger la infraestructura crítica, las redes de comunicaciones y la información estratégica del Estado.
Pero ninguna tecnología será suficiente si no existe una conducción política clara. El principal problema del Perú sigue siendo la fragmentación institucional. Los ministerios, gobiernos regionales y organismos públicos actúan muchas veces con agendas distintas y sin una estrategia común. Por ello, la Presidencia del Consejo de Ministros debe asumir el liderazgo efectivo de una política nacional de seguridad y desarrollo que integre los esfuerzos de los sectores de Defensa, Interior, Transportes, Economía, Educación, Salud y Transformación Digital.
Al mismo tiempo, el VRAEM requiere una autoridad ejecutiva con capacidad para coordinar inversiones, acelerar proyectos y superar las barreras administrativas que durante años han retrasado el desarrollo del valle. No se trata únicamente de combatir el crimen, sino de construir presencia permanente del Estado mediante infraestructura, servicios públicos y oportunidades económicas.
La mayor lección que deja el VRAEM es que la seguridad y el desarrollo son inseparables. Ninguna operación policial o militar tendrá resultados duraderos si la población continúa viviendo aislada, sin carreteras, sin acceso a internet, sin educación de calidad y sin oportunidades para incorporarse a la economía formal. Del mismo modo, ningún programa de desarrollo prosperará si las organizaciones criminales mantienen el control del territorio y de las economías ilegales.
El Perú necesita abandonar definitivamente una estrategia diseñada para amenazas del siglo pasado. El crimen organizado actual utiliza tecnología, mueve recursos financieros internacionales y aprovecha las debilidades institucionales del Estado. La respuesta debe ser igualmente moderna: inteligencia, coordinación interinstitucional, innovación tecnológica y presencia efectiva del Estado donde hoy predomina la ilegalidad.
La seguridad del país ya no puede medirse por el número de patrullas desplegadas ni por la cantidad de bases militares instaladas. Debe medirse por la capacidad del Estado para garantizar que un agricultor pueda llevar su producción por una carretera segura, que un estudiante tenga acceso a internet y educación de calidad, que un empresario pueda invertir sin ser víctima de extorsión y que las organizaciones criminales pierdan el control de los territorios donde hoy prosperan.
El desafío es enorme, pero también representa una oportunidad histórica. Si el Perú logra orientar el despliegue de sus fuerzas del orden hacia las verdaderas zonas de riesgo, dotarlas de tecnología, inteligencia, movilidad y capacitación, mientras acelera el desarrollo de las regiones más vulnerables, podrá recuperar espacios que durante años estuvieron dominados por la ilegalidad. Solo así construiremos un Estado más fuerte, una economía más segura y una democracia más sólida. La verdadera victoria no será ganar una operación militar; será lograr que ningún peruano tenga que escoger entre vivir bajo la autoridad del Estado o bajo el poder del crimen organizado. Ese debe ser el nuevo objetivo de la seguridad nacional.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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