La Corte Penal Internacional (CPI) enfrenta una de las mayores disputas de su historia. El cuestionamiento del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio no es solo una diferencia diplomática; representa un choque de visiones sobre el futuro del orden internacional: por un lado, quienes defienden la soberanía absoluta de los Estados; por otro, quienes consideran que existen crímenes tan graves que ninguna frontera debe impedir su investigación.
La CPI fue creada mediante el Estatuto de Roma de 1998 como respuesta de la comunidad internacional a las grandes tragedias del siglo XX. Su creación fue impulsada por numerosos países con el apoyo político de las Naciones Unidas, aunque la Corte no forma parte de la estructura de la ONU. Su objetivo fue establecer un tribunal permanente para juzgar a individuos responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión, especialmente cuando los sistemas judiciales nacionales no actúan de manera efectiva.
La idea que dio origen a la Corte fue contundente: ningún jefe de Estado, comandante militar o líder político debería tener inmunidad absoluta frente a los peores crímenes contra la humanidad.
Desde su creación, la CPI ha procesado a figuras emblemáticas de la política internacional. Entre ellas se encuentran el expresidente de Liberia Charles Taylor, condenado por crímenes de guerra y lesa humanidad; el líder rebelde congoleño Thomas Lubanga Dyilo, condenado por reclutamiento de niños soldados; y el expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo, quien fue juzgado por cargos relacionados con la violencia poselectoral, aunque posteriormente fue absuelto. La Corte también emitió órdenes de arresto contra líderes de alto perfil como Vladimir Putin por presuntos crímenes relacionados con la deportación ilegal de niños ucranianos durante la guerra en Ucrania.
Sin embargo, la misma autoridad que permitió estos procesos ha generado fuertes resistencias. Estados Unidos sostiene que la CPI puede exceder sus competencias al intentar investigar ciudadanos de países que no han aceptado el Estatuto de Roma. Para Marco Rubio, los jueces internacionales no elegidos democráticamente no deberían tener capacidad para condicionar decisiones relacionadas con la seguridad nacional estadounidense.
El argumento de Washington plantea un problema real: una institución internacional necesita legitimidad política para ejercer autoridad sobre Estados soberanos. La CPI no tiene ejército propio ni capacidad de imponer sus decisiones; depende completamente de la cooperación de los países.
Pero la posición opuesta también tiene fuerza. Si las grandes potencias pueden rechazar la autoridad de la Corte cuando sus intereses están involucrados, el principio de igualdad ante la ley internacional queda debilitado. La justicia global corre el riesgo de convertirse en una herramienta aplicada con mayor dureza contra países pequeños y con menor capacidad de presión.
En América Latina, este debate tiene una importancia especial. La región ha vivido dictaduras, conflictos internos y crisis institucionales donde las víctimas muchas veces no encontraron respuestas dentro de sus propios Estados. Por ello, la CPI es vista por algunos sectores como una garantía adicional frente a posibles abusos del poder.
En el Perú, la discusión refleja claramente esta tensión. Durante décadas, el país enfrentó una guerra contraterrorista contra organizaciones como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), un periodo marcado por graves violaciones de derechos humanos cometidas tanto por organizaciones terroristas como por algunos agentes del Estado.
La controversia actual gira alrededor de la calificación jurídica de determinados hechos ocurridos durante esa etapa. Sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos sostienen que algunos actos deben ser investigados como crímenes de lesa humanidad para evitar la impunidad. Otros sectores consideran que aplicar esa categoría a hechos anteriores a determinados marcos legales puede vulnerar principios fundamentales como la legalidad penal y la prohibición de retroactividad.
Este debate peruano reproduce, en escala nacional, la misma discusión que enfrenta la CPI: cómo encontrar un equilibrio entre justicia, soberanía y respeto al debido proceso.
La solución no está en eliminar la Corte ni en convertirla en una autoridad sin límites. La CPI necesita reformas que mejoren su transparencia, reduzcan la percepción de selectividad y fortalezcan su legitimidad. Pero los Estados también deben aceptar que la soberanía moderna implica responsabilidades internacionales.
El enfrentamiento entre Marco Rubio y la CPI simboliza una disputa sobre el tipo de mundo que prevalecerá en las próximas décadas. Un orden basado únicamente en la fuerza dejaría a los países pequeños sin protección frente a los abusos del poder. Pero una justicia internacional sin equilibrio político también perdería respaldo.
El futuro de la Corte dependerá de su capacidad para demostrar que no es un instrumento contra determinados países, sino una institución capaz de aplicar la misma regla a todos. Solo así podrá cumplir su misión original: garantizar que ningún poder político o militar esté completamente fuera del alcance de la justicia.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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