El desarrollo de un país no depende del tamaño de su Estado, sino de su capacidad para resolver los problemas de sus ciudadanos. Las naciones con mejores instituciones no se distinguen por tener más ministerios o más burocracia, sino por contar con administraciones públicas eficientes, profesionales y orientadas a resultados. El Perú ha seguido el camino contrario. Durante las últimas décadas, el aparato estatal ha crecido de manera sostenida en presupuesto, entidades y funciones, pero ese crecimiento no se ha traducido en mejores servicios públicos ni en una mayor confianza ciudadana. Como afirmaba el premio Nobel Douglass North, “las instituciones son las reglas del juego de una sociedad”. Cuando esas reglas favorecen la fragmentación y la improvisación, el desarrollo termina siendo una promesa incumplida.
La expansión del Estado ha respondido con frecuencia a decisiones políticas antes que a criterios técnicos. La creación de ministerios, organismos y programas especiales ha servido para atender coyunturas, repartir cuotas de poder o responder a presiones sectoriales. Hoy el Ejecutivo opera con 19 ministerios y una extensa red de organismos públicos que, en muchos casos, duplican funciones o trabajan de manera aislada. Esa fragmentación debilita la coordinación, retrasa la toma de decisiones y reduce la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas de largo plazo.
Las cifras evidencian esta contradicción. En el Presupuesto General de la República para 2026, cerca del 64 % del gasto público corresponde al gasto corriente, mientras solo alrededor del 22 % se destina al gasto de capital, encargado de financiar infraestructura e inversión pública. En otras palabras, el Estado dedica casi tres veces más recursos a sostener su funcionamiento que a construir carreteras, hospitales, colegios o sistemas de agua y saneamiento. Como advertía Peter Drucker, “no hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia aquello que no debería hacerse en absoluto”. El problema del Perú no es únicamente cuánto gasta, sino cómo organiza sus recursos y prioridades.
La Presidencia del Consejo de Ministros simboliza esta distorsión. Creada para coordinar las políticas del Ejecutivo, ha terminado administrando numerosos organismos y funciones operativas que exceden su misión estratégica. A ello se suma la ausencia de una carrera pública plenamente meritocrática. Cada cambio de gobierno implica la salida de funcionarios y equipos técnicos, debilitando la memoria institucional y paralizando proyectos que requieren continuidad. Max Weber sostenía que una burocracia solo es eficiente cuando se fundamenta en el mérito, la estabilidad y la profesionalización. Cuando esos principios son reemplazados por criterios políticos, la administración deja de servir al ciudadano y comienza a protegerse a sí misma.
Las consecuencias trascienden la gestión pública. La inestabilidad institucional desalienta la inversión privada, reduce la productividad y limita la capacidad del Estado para enfrentar desafíos como la informalidad, la inseguridad ciudadana, la pobreza y las brechas territoriales. En un escenario internacional marcado por la competencia por inversiones y la transformación tecnológica, un Estado lento y fragmentado pierde competitividad y oportunidades de desarrollo.
La solución no consiste en reducir el Estado por razones ideológicas, sino en reorganizarlo con criterios técnicos. Un gabinete de 12 a 13 ministerios permitiría eliminar duplicidades y fortalecer la coordinación. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social podría fusionarse con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para conformar un Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de la Producción con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para crear un Ministerio de Desarrollo Productivo y Comercio; y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con el Ministerio del Ambiente para integrar la planificación territorial. Asimismo, resulta razonable evaluar la incorporación del Ministerio de Cultura al Ministerio de Educación, preservando su autonomía técnica, y analizar la integración del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo al Ministerio de Economía y Finanzas, manteniendo un viceministerio especializado.
La reforma debe extenderse también a los organismos públicos. La PCM debe recuperar exclusivamente su función de coordinación estratégica; los organismos con competencias similares deben fusionarse; los programas temporales sin resultados comprobados deben desaparecer; y la digitalización debe reemplazar miles de trámites innecesarios. Como recuerda Francis Fukuyama, “lo importante no es el tamaño del Estado, sino su capacidad”.
El Perú necesita un Estado más simple, profesional y eficaz. Solo una reforma institucional respaldada por un amplio acuerdo político permitirá sustituir el clientelismo por la meritocracia, la burocracia por la eficiencia y la improvisación por una gestión orientada a resultados. Ese es el verdadero desafío para construir un país más competitivo y ofrecer a los ciudadanos un Estado que, finalmente, esté a la altura de sus necesidades.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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