El nuevo gobierno deberá demostrar que la estabilidad macroeconómica puede convertirse en productividad, bienestar y confianza sin debilitar la disciplina fiscal ni la autonomía monetaria.
El Perú aprendió a proteger su estabilidad macroeconómica, pero aún no ha logrado convertirla plenamente en prosperidad microeconómica. La moneda puede mantenerse estable, la deuda pública permanecer en niveles manejables y las reservas ofrecer capacidad de respuesta; sin embargo, millones de ciudadanos continúan enfrentando servicios deficientes, baja productividad, inseguridad, informalidad y oportunidades limitadas. Esta distancia entre los buenos fundamentos macroeconómicos y la experiencia cotidiana constituye una de las principales fracturas del desarrollo peruano.
El desafío del periodo 2026–2031 no será escoger entre estabilidad y crecimiento, entre disciplina fiscal e inversión o entre política monetaria y política social. Será construir una arquitectura de decisiones coherentes que permita que cada instrumento cumpla su función y, al mismo tiempo, contribuya a un propósito nacional compartido.
Alinear lo fiscal y lo monetario no significa subordinar al Banco Central a las necesidades políticas del gobierno. Tampoco supone convertir la política monetaria en sustituto de un Estado con baja capacidad de ejecución. Significa comprender que ambas políticas interactúan. Cuando el gasto público crece sin elevar la capacidad productiva, puede generar presiones sobre la demanda, el déficit y la inflación. Cuando la política monetaria debe responder a esas presiones elevando el costo del dinero, se encarece el crédito, se debilita la inversión y se restringe el consumo. El Estado impulsa con una mano y frena con la otra.
La coordinación correcta exige preservar la independencia del BCRP y fortalecer, al mismo tiempo, la calidad de las decisiones fiscales. La política monetaria debe mantener ancladas las expectativas de inflación y proteger el valor de la moneda. La política fiscal debe garantizar sostenibilidad, financiar bienes públicos y ampliar la capacidad productiva del país. La confusión de funciones debilita la credibilidad; la complementariedad bien diseñada fortalece el crecimiento.
El primer cambio debe ser pasar de una regla basada únicamente en cuánto se gasta a una regla centrada en para qué, cómo y con qué resultados se gasta. Un déficit puede ser fiscalmente riesgoso cuando financia gasto permanente sin respaldo, privilegios o ineficiencias. También puede formar parte de una estrategia responsable cuando financia infraestructura prioritaria, capital humano, digitalización, prevención de riesgos y proyectos capaces de elevar la productividad futura. La sostenibilidad fiscal no consiste simplemente en reducir el gasto, sino en administrar responsablemente el balance público y la equidad entre generaciones.
El segundo cambio es convertir el presupuesto en el principal instrumento de ejecución de la estrategia nacional. En el Perú, numerosos planes expresan aspiraciones que luego no se reflejan en la asignación de recursos. Entre 2026 y 2031, cada programa, inversión, incentivo tributario y política sectorial debería vincularse con objetivos medibles, responsables identificados y evaluaciones independientes. Un presupuesto sin estrategia reproduce inercias; una estrategia sin presupuesto se convierte en retórica.
El tercer cambio es conectar la macroeconomía con el territorio. La estabilidad nacional solo adquiere sentido cuando llega a la empresa, la familia y la comunidad. La política pública debe medir cómo cada sol invertido reduce costos logísticos, mejora aprendizajes, amplía la conectividad, fortalece la seguridad, previene enfermedades o eleva la productividad de una región. El éxito fiscal no puede evaluarse exclusivamente por la ejecución presupuestal; debe medirse por el valor público generado.
El cuarto cambio es fortalecer la capacidad institucional. El Ministerio de Economía y Finanzas debe consolidar la programación multianual, la evaluación del gasto y la gestión de riesgos fiscales. La Presidencia del Consejo de Ministros debe asegurar coherencia entre sectores. Los gobiernos regionales y locales requieren capacidades técnicas, incentivos y responsabilidades vinculadas a resultados. El Consejo Fiscal debe actuar como contrapeso preventivo. El Congreso debe incorporar análisis de costos, financiamiento y sostenibilidad en cada iniciativa con impacto económico. El BCRP debe preservar su autonomía y credibilidad.
El país necesita un Marco Integrado de Estabilidad, Productividad y Bienestar 2031. Este instrumento debería articular escenarios de crecimiento, inflación, ingresos, gasto, deuda e inversión; definir prioridades nacionales; identificar riesgos fiscales y macroeconómicos; y establecer reglas para épocas de expansión y crisis. Cada decisión extraordinaria tendría que revelar su costo multianual, su fuente de financiamiento y sus efectos sobre la inflación, la deuda, la inversión, el empleo y la equidad intergeneracional.
También será indispensable elevar los ingresos permanentes del Estado. Una presión tributaria limitada, una base estrecha y múltiples tratamientos preferenciales reducen la capacidad para financiar bienes públicos de calidad. La respuesta debe combinar simplificación, transformación digital, lucha contra la evasión, revisión de beneficios sin impacto demostrado y una relación más transparente entre la contribución realizada y el servicio recibido.
El Perú no requiere abandonar la prudencia macroeconómica; necesita completar su significado. La estabilidad debe dejar de ser solo una condición defensiva frente a las crisis y convertirse en una plataforma ofensiva para transformar la productividad, la competitividad y el bienestar.
La gran reforma económica del quinquenio 2026–2031 será, por tanto, una reforma de coherencia: que el presupuesto exprese la estrategia; que la inversión pública eleve la productividad; que la política fiscal acompañe, en lugar de contradecir, a la política monetaria; y que la solidez de las cifras nacionales pueda reconocerse finalmente en la vida diaria de las personas.
La estabilidad macroeconómica protege el presente. La productividad microeconómica construye el futuro. Solo una conducción pública capaz de integrar ambas podrá convertir el orden económico en desarrollo verdadero.
César Augusto Novoa Chávez
Economista, MBA por ESAN, docente de posgrado y CEO de NOZA INVESTMENT COMPANY S.A.C. – Perú.
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