La legitimidad de un gobierno no termina con una victoria electoral. Comienza realmente cuando quienes reciben el mandato ciudadano ejercen el poder con ética, coherencia y respeto por el interés público. Las primeras designaciones de un gabinete no son un simple trámite administrativo; representan la primera prueba de los principios que inspirarán una gestión. Allí se revela si el mérito prevalece sobre la conveniencia o si el poder termina subordinado a cálculos políticos.
El Perú inicia una nueva etapa en medio de una profunda crisis de confianza. Durante años, la inestabilidad institucional, la confrontación entre los poderes del Estado y los escándalos de corrupción han deteriorado la credibilidad de la política. En ese contexto, la ciudadanía esperaba que los primeros nombramientos respondieran a criterios de excelencia e idoneidad. Sin embargo, varias designaciones han despertado cuestionamientos porque algunos funcionarios fueron críticos persistentes del partido que hoy gobierna e integran, mientras otros asumirán sectores altamente especializados sin acreditar experiencia directamente vinculada con las responsabilidades que ahora deberán conducir.
La democracia permite rectificaciones, acuerdos y reconciliaciones políticas. Cambiar de posición no constituye una falta; lo cuestionable es hacerlo sin ofrecer una explicación convincente al país. La coherencia no significa inmovilidad, sino fidelidad a principios capaces de justificar las decisiones. Cuando las convicciones parecen modificarse al ritmo de las oportunidades de poder, la confianza ciudadana inevitablemente se resiente.
Existe un principio tan antiguo como vigente: «Zapatero a tus zapatos». En la administración pública, esa expresión resume una regla esencial del buen gobierno. Cada función debe ser ejercida por quien posee los conocimientos, la experiencia y las competencias necesarias para desempeñarla. Administrar un ministerio no admite improvisaciones. La lealtad política puede generar confianza; nunca reemplaza la preparación técnica que exige conducir sectores estratégicos para el desarrollo y la defensa nacional.
Los clásicos griegos comprendieron esta realidad hace más de dos mil años. Aristóteles afirmaba que la finalidad de la política era alcanzar el bien común mediante el ejercicio de la virtud y la prudencia. Platón, preocupado por la degradación de la democracia ateniense, advertía que una ciudad terminaba debilitándose cuando quienes gobernaban carecían del conocimiento necesario para hacerlo. Ambos coincidían en una idea fundamental: el poder exige excelencia moral e intelectual.
Esa misma preocupación recorrió el pensamiento republicano peruano. Jorge Basadre sostuvo que el Perú debía construir instituciones capaces de hacer realidad la «promesa de la vida peruana». Esa promesa no depende únicamente de leyes o constituciones, sino de la calidad ética y profesional de quienes administran el Estado. Sin mérito ni integridad, las instituciones pierden legitimidad y la república se debilita desde sus propios cimientos.
Siglos después, Max Weber recordaría que gobernar exige armonizar la ética de la convicción con la ética de la responsabilidad. Confucio, desde otra tradición, enseñó que «el hombre superior actúa antes de hablar y después habla de acuerdo con sus actos». Ambas enseñanzas convergen en una misma verdad: la autoridad pública solo conserva legitimidad cuando existe coherencia entre el discurso, la conducta y las decisiones.
La corrupción no nace únicamente cuando se comete un delito. Comienza mucho antes: cuando el mérito es desplazado por la conveniencia, cuando la idoneidad cede frente al cálculo político y cuando las instituciones dejan de servir al interés general para responder a intereses particulares. Allí germinan el clientelismo, el patrimonialismo y el deterioro progresivo de la confianza pública.
El nuevo gobierno aún tiene la oportunidad de demostrar que sus decisiones obedecen a una auténtica visión de Estado. Ello exige transparencia en los nombramientos, rendición permanente de cuentas y la convicción de que el servicio público demanda competencia, integridad y responsabilidad. El poder no es un privilegio; es un deber frente a la nación.
Al final, el juicio de la historia no recaerá sobre la cantidad de aliados incorporados al gabinete, sino sobre la integridad con la que se ejerció el poder. Una democracia no se sostiene en la suma de apoyos políticos, sino en la solidez de sus principios. Cuando la ética guía las decisiones del Estado, la autoridad se vuelve legítima y la confianza ciudadana se fortalece; pero cuando la conveniencia sustituye a la ética, el poder pierde su fundamento moral y comienza su propia erosión. El Perú no necesita un gobierno que solo administre el poder: necesita uno que lo justifique cada día con hechos, coherencia y decencia pública. Porque, en una república verdaderamente democrática, la legitimidad no se hereda ni se negocia: se merece o, simplemente, se pierde.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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