Durante buena parte del siglo XX se creyó que la modernización, la ciencia y la expansión de las democracias reducirían progresivamente la influencia de la religión en la vida pública. El siglo XXI ha demostrado que aquella predicción era demasiado simple. La religión no desapareció: cambió de forma, de lenguaje y de escenario. Hoy vuelve a influir en elecciones, partidos, conflictos, movimientos sociales, políticas públicas y proyectos nacionales.
El fenómeno tiene una dimensión geopolítica. Narendra Modi en India ha vinculado el nacionalismo con una poderosa identidad hindú. Benjamin Netanyahu ha gobernado en alianza con sectores religiosos y nacionalistas que influyen en el debate sobre seguridad, territorio e identidad israelí. Donald Trump ha convertido al cristianismo conservador en una fuerza importante de movilización política en Estados Unidos. Recep Tayyip Erdoğan, en Turquía, ha combinado nacionalismo, presidencialismo y conservadurismo islámico. En Irán, la autoridad religiosa forma parte de la estructura misma del Estado. Son modelos diferentes, pero todos demuestran que la religión continúa siendo una fuente de legitimidad y poder.
Este retorno cuestiona la antigua tesis de que la modernización conduciría inevitablemente a la secularización. El sociólogo José Casanova demostró que la religión podía regresar al espacio público sin abandonar la modernidad. Peter Berger revisó posteriormente su propia tesis secularizadora y reconoció que el mundo continuaba siendo profundamente religioso. Olivier Roy ha explicado que muchas expresiones actuales de religiosidad son nuevas formas de identidad en sociedades globalizadas, fragmentadas y sometidas a intensas guerras culturales.
La cuestión central, por tanto, no es si la religión debe participar en política. Tiene derecho a hacerlo. La verdadera pregunta es qué ocurre cuando la fe deja de ser una convicción personal o comunitaria y se convierte en instrumento de poder estatal. Allí aparece el nacionalismo religioso: la pretensión de presentar una determinada creencia como expresión superior de la identidad nacional. El adversario político deja entonces de ser simplemente un rival y pasa a ser considerado una amenaza moral.
El Perú también forma parte de esta transformación. La Iglesia Católica mantiene una influencia histórica que va mucho más allá del culto. Su presencia en la educación, la asistencia social, las organizaciones comunitarias y la formación cultural del país le ha otorgado durante décadas una importante capacidad de interlocución con el Estado y la sociedad. El artículo 50 de la Constitución reconoce su importancia histórica, cultural y moral y establece relaciones de colaboración con el Estado, al mismo tiempo que garantiza la libertad religiosa.
Pero el mapa religioso peruano se ha transformado. El crecimiento de las iglesias evangélicas ha creado nuevas redes sociales y nuevos actores políticos. Algunos líderes y organizaciones evangélicas han participado directamente en elecciones y han obtenido representación parlamentaria, llevando al Congreso posiciones sobre familia, educación, sexualidad, derechos reproductivos, libertad religiosa y políticas sociales. La religión se convirtió así en una variable electoral que ningún partido puede ignorar.
También participan otras confesiones. Las comunidades judías, musulmanas, budistas y diversas denominaciones cristianas forman parte de una sociedad religiosa más plural. Su peso político no es equivalente al de católicos y evangélicos, pero su presencia confirma una transformación fundamental: el Perú ya no puede analizarse desde una sola identidad religiosa.
Esta pluralización puede fortalecer la democracia porque amplía la participación ciudadana y genera redes de solidaridad donde el Estado muchas veces es débil. Pero también puede producir polarización cuando las organizaciones religiosas buscan transformar sus convicciones particulares en normas obligatorias para toda la sociedad. El problema no es que un congresista sea creyente; el problema aparece cuando una creencia pretende adquirir superioridad jurídica sobre ciudadanos que no la comparten.
John Locke defendió la separación entre autoridad civil y autoridad religiosa como una garantía de libertad. Alexis de Tocqueville observó que la religión podía contribuir a la democracia cuando formaba ciudadanos y virtudes públicas, pero podía convertirse en un problema cuando pretendía dominar las instituciones. La experiencia contemporánea confirma ambos principios.
El Perú necesita, por ello, una laicidad democrática, no una persecución de la religión. El Estado debe garantizar libertad de culto, igualdad ante la ley y plena participación política de los creyentes, pero ninguna confesión debe tener poder de veto sobre las políticas públicas. Las decisiones sobre educación, salud y derechos civiles deben responder a la Constitución, la evidencia y el interés general, no a un mandato religioso particular.
También resulta necesario transparentar la relación entre organizaciones religiosas, campañas electorales y grupos de interés. La participación religiosa en política debe ser legítima y visible, sometida a las mismas reglas de financiamiento, rendición de cuentas y responsabilidad que cualquier otra organización social.
La democracia peruana no debe escoger entre fe y secularismo. Debe construir una arquitectura institucional capaz de proteger ambas cosas: la libertad religiosa y la neutralidad del Estado. La Iglesia Católica, las iglesias evangélicas y las demás confesiones tienen derecho a participar en la conversación nacional; ninguna tiene derecho a convertirse en el Estado.
El desafío del siglo XXI no consiste en expulsar lo sagrado de la política, sino en impedir que lo sagrado sea utilizado para conquistar un poder absoluto. Una democracia madura no teme a la religión ni la privilegia. La escucha, la protege y la somete, como a cualquier otro poder, a los límites de la Constitución. En ese equilibrio está la verdadera defensa de la libertad: que cada ciudadano pueda creer, no creer y participar en política sin que ninguna fe —ni ninguna ideología— pueda colocarse por encima de la ley.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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