Las guerras cambian de forma, pero mantienen una lógica permanente: el control del territorio, los recursos y las personas. Durante siglos, los Estados utilizaron ejércitos para imponer su voluntad. Hoy, en América Latina, organizaciones criminales transnacionales aplican una estrategia distinta: reemplazan la conquista militar por el control económico, la intimidación y la captura progresiva de espacios donde el Estado pierde presencia.
El crimen organizado dejó de ser un problema exclusivamente policial. Se ha convertido en un fenómeno político, económico y geopolítico que opera por encima de las fronteras nacionales. Su mayor fortaleza no está únicamente en la violencia, sino en su capacidad para convertir la vulnerabilidad humana, la informalidad y las debilidades institucionales en fuentes permanentes de poder e ingresos.
La región enfrenta una reconfiguración de su seguridad marcada por la expansión de economías ilícitas, los desplazamientos humanos y la limitada capacidad de los Estados para responder de manera coordinada. Millones de personas afectadas por crisis económicas, violencia o inestabilidad terminan expuestas a redes de trata, extorsión, tráfico de migrantes y reclutamiento criminal. Para las mafias, la necesidad humana dejó de ser una tragedia social y se transformó en un recurso estratégico.
El Tren de Aragua representa una de las expresiones más visibles de esta nueva realidad, pero no es un fenómeno aislado. Forma parte de un ecosistema criminal regional donde operan organizaciones con diferentes capacidades y objetivos. En Brasil, el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho mantienen estructuras vinculadas al narcotráfico, lavado de activos y control territorial. En Colombia, el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC continúan vinculados a economías ilegales como narcotráfico, minería ilegal y contrabando. En Ecuador, organizaciones como Los Choneros disputan corredores estratégicos relacionados con el comercio ilícito. Bolivia mantiene una posición relevante dentro de las rutas utilizadas por redes criminales regionales.
Estas organizaciones no constituyen necesariamente una alianza única, pero comparten una misma lógica operativa: aprovechan las fronteras como oportunidades de expansión. Compiten por mercados, establecen acuerdos temporales y utilizan corredores similares para movilizar drogas, armas, dinero y personas. Mientras las instituciones continúan limitadas por jurisdicciones nacionales, el crimen opera con una visión regional.
El Perú se encuentra en una posición particularmente vulnerable. Su ubicación estratégica, sus extensas fronteras amazónicas y los altos niveles de informalidad crean condiciones favorables para la expansión de economías ilícitas. La extorsión, el sicariato, la minería ilegal, el narcotráfico y la trata de personas no deben analizarse como delitos separados, sino como componentes de una misma estructura criminal orientada a obtener ingresos, controlar territorios y debilitar al Estado.
Sin embargo, reducir esta crisis al fenómeno migratorio sería un error estratégico. La mayoría de los migrantes busca seguridad y oportunidades de vida. El verdadero desafío son las organizaciones que explotan esa vulnerabilidad mediante amenazas, corrupción y mercados ilegales. Confundir migración con criminalidad solo beneficia a las mafias porque desvía la atención del problema central.
La respuesta tampoco puede limitarse a operativos policiales o al incremento de penas. Las organizaciones criminales pueden reemplazar rápidamente a sus operadores, pero dependen de sus finanzas, redes logísticas, corrupción y capacidad de coordinación. La prioridad debe ser atacar las estructuras que sostienen su poder.
La amenaza ya ha superado las fronteras nacionales. América Latina no puede seguir respondiendo con Estados aislados frente a redes integradas. Se requiere una arquitectura regional de seguridad con una unidad sudamericana de inteligencia financiera con acceso compartido a información en tiempo real, fiscalías supranacionales con equipos conjuntos de investigación, fuerzas de tarea binacionales en corredores críticos como la Amazonía y el Pacífico, y un sistema regional de control penitenciario que impida que las cárceles funcionen como centros de mando criminal. También deben existir mecanismos rápidos para congelar y decomisar activos ilícitos.
Sin estas herramientas, la captura de delincuentes será apenas un éxito táctico frente a una derrota estratégica. Recuperar la autoridad del Estado exige golpear el dinero, desmantelar las redes y cerrar los espacios donde la corrupción y el crimen se reproducen. Solo entonces las fronteras volverán a representar soberanía estatal y no oportunidades para el poder criminal.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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