En la actualidad, los peruanos enfrentamos una crisis de justicia que no puede explicarse únicamente por la sobrecarga de expedientes, la falta de recursos o la demora de los procesos. Existe un problema más profundo cuando la investigación penal, en lugar de estar orientada exclusivamente a establecer la verdad y determinar responsabilidades, termina convirtiéndose en un proceso de desgaste personal, familiar e institucional. Una denuncia, una filtración o una detención pueden producir una condena social mucho antes de que exista una sentencia firme. El Estado tiene el deber de perseguir el delito, pero también la obligación de proteger los derechos de quien todavía no ha sido condenado.
Las cifras reflejan la dimensión del desafío. El Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project ubicó al Perú en el puesto 93 de 143 países y en el 115 en justicia penal. Estos resultados evidencian debilidades estructurales que requieren reformas profundas y sostenidas. La fortaleza de un sistema de justicia no debe medirse solamente por el número de investigaciones iniciadas, sino por su capacidad para investigar con rigor, resolver dentro de plazos razonables y garantizar decisiones imparciales.
El impacto de una investigación prolongada trasciende el ámbito jurídico. Puede afectar el honor, la dignidad, el patrimonio, el empleo y la trayectoria profesional de una persona. El daño alcanza también a su familia. Cuando los investigados son autoridades, policías o miembros de las Fuerzas Armadas, las consecuencias pueden extenderse al prestigio y funcionamiento de las instituciones que representan. Una posterior absolución puede restablecer jurídicamente la inocencia, pero difícilmente devuelve los años perdidos o elimina completamente el daño reputacional.
Particular atención merece el uso de declaraciones de personas que, al colaborar con la justicia, pueden tener interés en reducir su propia responsabilidad penal. La colaboración eficaz constituye una herramienta legítima y necesaria para combatir el crimen organizado, pero su legitimidad depende de la corroboración objetiva de sus afirmaciones. La Ley 31990 ha reforzado los controles sobre este mecanismo. Una imputación interesada no puede convertirse automáticamente en verdad judicial.
También debe evitarse cualquier forma de ideologización de la investigación penal. No se trata de cuestionar al Ministerio Público como institución, sino de defender un principio elemental: la hipótesis debe someterse a la evidencia y no la evidencia a una hipótesis previamente asumida. Cuando una investigación parte de una conclusión anticipada, existe el riesgo de buscar únicamente aquello que la confirma e ignorar los elementos que podrían contradecirla.
El desafío es especialmente delicado cuando se investigan decisiones adoptadas por autoridades, policías o militares en el ejercicio de sus funciones. Investigar posibles delitos es una obligación democrática; otorgar seguridad jurídica a quienes cumplen legalmente responsabilidades de Estado también lo es. Si toda decisión operativa puede convertirse, años después, en una investigación interminable, el Estado puede perder capacidad de respuesta y sus funcionarios pueden actuar bajo temor permanente a futuras consecuencias judiciales.
La solución no consiste en debilitar a fiscales o jueces, sino en fortalecer el rigor institucional. Se necesitan plazos razonables, control judicial efectivo, trazabilidad de las decisiones, protección frente a filtraciones, valoración objetiva de la prueba, mecanismos de reparación y sanciones frente al dolo o la negligencia inexcusable.
El Perú no necesita una justicia débil frente al crimen, sino una justicia firme, profesional y respetuosa de las garantías constitucionales. La persecución penal es indispensable, pero pierde legitimidad cuando se transforma en una sanción anticipada.
El verdadero desafío no es elegir entre eficacia y garantías, sino hacerlas compatibles. Investigar no debe convertirse en una forma de condenar antes de juzgar. Una justicia que busca la verdad con rigor, respeta la presunción de inocencia y se autolimita mediante el derecho será no solo más humana, sino también más fuerte, creíble y democrática.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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