La soberanía no se pierde únicamente cuando un territorio es ocupado. También se erosiona cuando un Estado carece de medios creíbles para prevenir una agresión, proteger sus espacios estratégicos y sostener una respuesta prolongada en una crisis. Esa es la pregunta incómoda que el Perú debe enfrentar en un contexto internacional donde la disuasión, la preparación militar y la autonomía estratégica han regresado al centro de la política global.
El escenario externo es claro. El gasto militar mundial alcanzó niveles históricos en 2025, impulsado por la guerra en Ucrania, la competencia entre potencias y la reconfiguración de alianzas. Europa no solo ha incrementado su inversión en defensa, sino que ha redefinido su arquitectura de seguridad: más presupuesto, más reservas activas y mayor énfasis en capacidades tecnológicas. No se trata de militarismo, sino de adaptación a un entorno donde la incertidumbre se ha vuelto estructural y donde la falta de preparación tiene costos inmediatos.
El Perú no enfrenta amenazas equivalentes, pero sí comparte una realidad regional marcada por la criminalidad transnacional, la presión sobre recursos estratégicos y la fragilidad institucional. En ese marco, su presupuesto de defensa revela una tensión persistente: una parte sustantiva se destina a gastos rígidos de personal y pensiones, mientras la inversión en modernización y capacidades operativas sigue siendo limitada. El resultado es un sistema que sostiene su estructura, pero que avanza con dificultad en su transformación.
El problema no es únicamente presupuestal, sino funcional. Las Fuerzas Armadas cumplen hoy un conjunto amplio de tareas que incluyen seguridad interna, apoyo en emergencias y control territorial frente a economías ilegales. Estas funciones son necesarias, pero han generado una sobrecarga operativa que dispersa el entrenamiento, reduce la disponibilidad y debilita la preparación para escenarios de defensa externa. A ello se suma la obsolescencia de sistemas, la fragmentación logística y la limitada integración tecnológica entre fuerzas.
En el plano estratégico, la soberanía contemporánea ya no se define solo por la capacidad de defensa territorial clásica. Incluye el control del espacio aéreo y marítimo, la protección de infraestructura crítica, la resiliencia cibernética y la capacidad de respuesta ante amenazas híbridas. En todos estos ámbitos, la ventaja no depende del tamaño de la fuerza, sino de su nivel de preparación, interoperabilidad y actualización tecnológica.
El déficit peruano, por tanto, es estructural. No se resuelve con incrementos puntuales de presupuesto ni con debates aislados sobre el servicio militar obligatorio. Requiere una reforma integral que trascienda los ciclos políticos y establezca una política de defensa como política de Estado. Esto implica asegurar inversión plurianual, priorizar capacidades críticas —inteligencia, vigilancia, ciberdefensa y movilidad estratégica— y construir un sistema de reservas entrenadas que complemente a una fuerza profesional moderna.
La conclusión es inevitable: la soberanía no se sostiene en el discurso, sino en la capacidad efectiva de disuasión y respuesta. Un Estado puede proclamar independencia, pero, si no puede proteger sus fronteras, asegurar sus infraestructuras o responder con eficacia ante una crisis, esa soberanía se vuelve declarativa, no real. El Perú enfrenta precisamente ese riesgo.
Fortalecer la defensa nacional no es una opción sectorial, sino una condición de supervivencia estatal en el siglo XXI. La reforma pendiente no consiste en gastar más, sino en gastar mejor, con visión estratégica, continuidad institucional y evaluación de resultados. Solo así el país podrá cerrar la brecha entre su aspiración soberana y su capacidad real de sostenerla. De lo contrario, la soberanía seguirá siendo un principio formal, cada vez más distante de su expresión material efectiva.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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