La política peruana atraviesa una contradicción que ya no puede ocultarse: quienes llegaron al Parlamento prometiendo defender determinados principios terminan encontrando espacios comunes con sectores que representan posiciones diametralmente opuestas. El problema no es la negociación. Negociar es parte esencial de la democracia. El verdadero problema comienza cuando la negociación deja de servir al interés nacional y se convierte en un mecanismo para conservar cuotas de poder.
La actual conformación parlamentaria ofrece una señal preocupante. Fuerzas que durante años construyeron su identidad alrededor de la defensa de la institucionalidad, la lucha contra el terrorismo, la economía de mercado o la protección del Estado de derecho hoy participan en acuerdos que parecen relativizar esas mismas banderas. No es razonable exigir al ciudadano que recuerde las promesas electorales mientras quienes las formularon las olvidan cuando llega la hora de distribuir poder.
El reparto de comisiones estratégicas revela con particular claridad esta contradicción. Constitución, Justicia, Acusaciones Constitucionales, Fiscalización, Economía, Defensa y Energía y Minas no son simples oficinas parlamentarias. Desde ellas se condicionan las reglas del Estado, el control del poder, la seguridad jurídica y la respuesta frente a economías ilegales. Por eso, su distribución debería responder no solo a la aritmética de las bancadas, sino también a criterios de idoneidad, responsabilidad democrática y capacidad técnica.
Aquí reside una cuestión que no puede esquivarse: ¿debe la proporcionalidad parlamentaria justificar cualquier reparto? La respuesta debería ser no. La mayoría circunstancial puede determinar quién gobierna una comisión, pero no debería determinar la calidad de los controles que protegen a todos los ciudadanos. Si la lógica es simplemente «te apoyo y tú me apoyas», el Congreso deja de funcionar como contrapeso y comienza a comportarse como una mesa de negociación de intereses particulares.
El problema se agrava cuando determinadas decisiones terminan favoreciendo la permanencia de estructuras económicas informales que el propio Estado debería ordenar. La sucesiva ampliación de mecanismos como el REINFO demuestra los riesgos de convertir una herramienta transitoria de formalización en una solución permanente. Formalizar no puede significar eternizar la informalidad. Menos aún cuando la minería ilegal está asociada a delitos ambientales, evasión tributaria, lavado de activos, corrupción y pérdida de control territorial.
La ciudadanía tiene derecho a formular una pregunta incómoda: ¿para qué sirve elegir representantes que prometen transformar el país si, una vez instalados, terminan reproduciendo las mismas prácticas que denunciaron? La respuesta no puede ser que «así funciona la política». Esa frase es, precisamente, la justificación que permite que la política deje de responder a principios y empiece a responder a conveniencias.
El pragmatismo puede ser una herramienta legítima de gobierno; convertido en principio rector, se vuelve una amenaza. Un Estado democrático necesita capacidad para negociar, pero también límites que no puedan negociarse. La lucha contra la corrupción, la independencia de la justicia, la seguridad jurídica, la defensa de la democracia y el combate contra las economías ilegales deben permanecer fuera del mercado de los acuerdos parlamentarios.
El Perú no necesita un Parlamento sin discrepancias. Necesita un Parlamento capaz de discrepar sin traicionar sus compromisos. La solución pasa por transparentar los acuerdos entre bancadas, exigir criterios de idoneidad para las comisiones estratégicas, evaluar el impacto de las reformas y establecer responsabilidades políticas claras cuando una decisión perjudique el interés público.
La democracia no se debilita solamente cuando alguien rompe las reglas. También se deteriora cuando quienes tienen la obligación de defenderlas comienzan a relativizarlas. El país no puede permitirse una política que recuerde sus principios durante la campaña y los olvide después de la elección. Porque cuando la memoria cede ante la conveniencia, el poder deja de ser un instrumento para servir al ciudadano y se convierte en un fin en sí mismo. Y ese es, precisamente, el momento en que la ética comienza a desaparecer de la política.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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