Entre el 2000 y el 2026, el Perú se modernizó de manera desigual: transformó con notable éxito su economía, fortaleció algunas instituciones estratégicas y amplió sus vínculos con el mundo, pero no logró construir un Estado capaz de ofrecer seguridad, justicia y servicios públicos con la misma eficacia. Esta es la tesis central del período. El país no permaneció inmóvil, pero avanzó a dos velocidades: mientras la macroeconomía adquiría estabilidad y sofisticación, la administración pública, la integración social y la presencia territorial quedaron rezagadas.
La diferencia se aprecia con claridad en la macroeconomía. En el año 2000, el país salía de una década marcada por recesión, crisis institucional, deterioro democrático y pérdida de confianza. Durante los años siguientes, el auge de las materias primas, la disciplina fiscal y diversas reformas permitieron reducir la deuda, acumular reservas y ampliar la inversión. El FMI señala que el crecimiento real promedió alrededor del 6 % durante aquella década, impulsado por la minería y la expansión de actividades no extractivas. En el 2025, el producto creció 3,4 %, la inversión privada aumentó 10 % y el superávit de cuenta corriente alcanzó 3,1 % del PIB. Para el 2026, el organismo proyecta un crecimiento de 2,8 % y una deuda pública cercana al 32 % del PIB. El Perú actual dispone de amortiguadores que en el 2000 eran mucho más limitados.
También hubo avances institucionales concretos. La autonomía del Banco Central se consolidó, mejoró la supervisión financiera y se fortalecieron las reglas fiscales. Los mecanismos de transparencia, gobierno digital y acceso a la información ampliaron el escrutinio ciudadano. La reforma del servicio civil introdujo criterios de meritocracia en algunas entidades, aunque su aplicación continúa incompleta. Asimismo, la inversión pública cuenta hoy con sistemas de programación y seguimiento más desarrollados que hace dos décadas, mientras que los organismos reguladores especializados contribuyeron a ordenar sectores estratégicos.
Sin embargo, estos progresos no se extendieron con igual intensidad a toda la sociedad. La informalidad todavía afecta aproximadamente a siete de cada diez trabajadores. Aunque el país creó empleo y redujo la pobreza durante buena parte del período, millones de personas continúan fuera de una protección social adecuada, de la capacitación laboral y del crédito formal. La economía se modernizó más rápido que las oportunidades. Esa desconexión explica por qué el crecimiento no siempre se traduce en confianza, movilidad social o legitimidad democrática.
La corrupción constituye otra expresión de esta modernización incompleta. En el 2025, Transparencia Internacional otorgó al Perú 30 puntos sobre 100 y lo ubicó en el puesto 130 de 182 países. El resultado refleja riesgos serios, aunque no la ausencia total de controles: fiscalías, contralorías, tribunales y mecanismos de vigilancia investigan y sancionan casos con resultados desiguales. El problema reside en que esas instituciones todavía carecen de coordinación, independencia y capacidad suficiente para prevenir la captura del Estado.
La inseguridad y las economías ilícitas muestran el costo de esa brecha. El FMI advierte que la extorsión, la criminalidad y la minería ilegal pueden limitar el crecimiento. El Estado ha desarrollado unidades especializadas, sistemas de inteligencia y operaciones conjuntas, pero su respuesta sigue siendo fragmentada. Allí donde la autoridad no coordina ni controla el territorio, el crimen ocupa el espacio dejado por la administración pública.
Al Perú es preciso describirlo como un Estado con capacidades diferenciadas: sólido en estabilidad monetaria y regulación financiera, pero irregular en justicia, seguridad, servicios y presencia territorial. La tarea no es refundarlo, sino completar su modernización.
Entre el 2000 y el 2026, el Perú demostró que puede transformar su economía y construir instituciones eficaces en áreas específicas. La siguiente etapa debe corregir precisamente esa desigualdad: extender la modernización a la justicia, la seguridad, la educación, la salud y la gestión regional. Una carrera pública meritocrática, inversión orientada a resultados, coordinación contra el crimen y políticas de Estado protegidas del ciclo electoral permitirían cerrar la brecha. La tesis inicial conserva toda su fuerza al final: el Perú avanzó, pero lo hizo a dos velocidades. Su desafío histórico es lograr que el Estado alcance finalmente el ritmo de modernización de su economía y de su sociedad.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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