Salud en manos de gobiernos regionales… fracaso total

Nada resulta más repulsivo, cruel e injusto que el maltrato de un médico o enfermera a una persona enferma o adolorida. ¡Y qué decir de las colas de amanecida que hacen los pacientes en la mayoría de los hospitales públicos del país para ser atendidos tarde, mal y nunca!

En ese sentido, la mejora de los servicios de salud pública debería constituir una de las máximas prioridades de toda autoridad gubernamental a nivel nacional. En todo caso, ese fue el parecer —y el compromiso— del Gobierno Regional de Ica en el período 2015–2018, que me tocó liderar.

Para ser consecuentes con dicha prioridad, desde que asumimos el gobierno en enero del 2015, recurrimos a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) para convocar a los gerentes públicos más calificados del país para ocupar los cargos de mayor jerarquía en los hospitales y centros de salud de la región.

La orden fue muy sencilla y firme: acabar con el clientelismo político o los puestos de favor, que tanto daño le hicieron a la salud pública de nuestra región en el pasado.

Fueron precisamente los gerentes públicos de SERVIR y los profesionales que ganaron en buena lid sus puestos en nuestros hospitales y centros de salud los que ejecutaron los cambios que permitieron la mejor atención y la reducción significativa de los tiempos de espera de nuestros pacientes.

En Ica, en el período 2015–2018, cuadruplicamos las atenciones de consultas externas, eliminamos las colas y mejoramos sustancialmente las atenciones hospitalarias… sin aumentar el presupuesto.

La digitalización de la gestión de la salud fue determinante para la mejora de los servicios hospitalarios.

Efectivamente, el registro digital de las atenciones médicas, en tiempo real, puso al descubierto los típicos abandonos de labores —en horarios de trabajo— de aquellos médicos corruptos e indolentes que desatendían a sus pacientes mientras ellos atendían en clínicas particulares.

Aparte de cuadruplicar el número de consultas externas, mejoramos significativamente todos los procesos hospitalarios: historias clínicas digitales, gestión de farmacias y medicamentos, control y mantenimiento de equipos, atención hospitalaria, distribución de camas y cunas, unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de rehabilitación, etc.

La clave del éxito estuvo en la lucha contra la corrupción y la indolencia en el sector. Producto de ello, logramos ese cambio de actitud que tanto buscábamos en nuestros médicos y enfermeras, así como en el personal administrativo, respecto de la calidad y calidez de la atención hospitalaria.

Todas las atenciones eran calificadas por los pacientes y sus familiares. En ellas se consignaban —además del trato recibido— el nombre del centro de salud y el nombre del médico tratante. Al final —me consta—, las encuestas de atención consignaron, con mucha ternura, expresiones de aprecio y gratitud por el servicio recibido. ¡A ver si ahora se atreven a encuestar a los pacientes maltratados en los hospitales públicos de todo el país… y publicar dichas encuestas!

A lo que quiero llegar es que sí se pueden mejorar los servicios de salud pública en el país. En Ica —en el período 2015–2018— lo logramos. Todo empezó por la profesionalización del servicio, seguida por la erradicación de la corrupción en el sector. Todo lo demás vino por añadidura.

El problema es que todas las mejoras logradas en nuestra gestión se vinieron abajo abruptamente tan pronto asumió el nuevo gobernador regional —Javier Gallegos—, a partir de enero de 2019.

Todos los gerentes públicos de SERVIR fueron destituidos. Las descaradas “ventas” de puestos reaparecieron en todas las dependencias regionales. Volvieron las colas de amanecida y los maltratos a los pacientes y sus familiares. En buena cuenta, la diosa corrupción volvió a reinar en todas las dependencias del Gobierno Regional. Una lástima.

Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la nula reacción de las instituciones supuestamente responsables de la salud pública del país. La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) —la encargada de proteger los derechos en salud de los peruanos— no movió ni un dedo frente al retroceso de los servicios de salud pública en Ica. Tal cual el Ministerio de Salud de aquel entonces, dizque rector del sector salud en el país.

Incluso, no hubo ninguna reacción de la Contraloría General de la República, de la Defensoría del Pueblo, del Congreso de la República o del sistema de justicia… de nadie.

Conclusiones: (1) La salud pública en el Perú es un vil negocio de los gobernadores regionales corruptos y de sus pandilleros. En el vil negocio de la salud pública peruana estuvieron también incluidos ministros, congresistas, jueces y fiscales, policías y militares, y demás. (2) Al Estado peruano le importaba un bledo la salud de los peruanos. Peor aún, por tratarse de la salud de los peruanos más pobres entre los pobres.

Espero —sinceramente— que el fracaso de la salud pública termine pronto con el nuevo Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. A ese respecto —dada la experiencia que viví en carne propia en Ica—, propongo lo siguiente:

(1) Autonomizar, profesionalizar y despolitizar la salud pública en el país. (Tal cual el Banco Central de Reserva del Perú —BCR— en materia de control de la inflación y tipo de cambio). Eso implicaría quitarles las competencias de salud a todos los gobiernos regionales. Incluso, quitarle la gestión hospitalaria al Ministerio de Salud (en el caso de los hospitales públicos de Lima), al Ministerio de Trabajo (en el caso del Seguro Social de Salud —EsSalud—) y a las Fuerzas Armadas y Policiales (en los casos de los hospitales de las instituciones castrenses), y dársela a una Autoridad Autónoma (AA) que se constituiría para gestionar la salud pública en el país de manera totalmente profesional y descentralizada.

(2) El seguro de salud en el trabajo debe seguir siendo obligatorio. Sin embargo, los trabajadores deben optar libremente por el servicio de salud de su preferencia. En otras palabras, EsSalud —de pésima valoración por parte de los trabajadores asegurados— debe competir con otros servicios de salud… públicos o privados.

(3) Masificar las Asociaciones Público-Privadas (APP) para la gestión de todos los hospitales y centros de salud del Estado. Tal cual los exitosos casos de los hospitales de EsSalud Alberto Barton y Guillermo Kaelin, en el Callao y Villa María del Triunfo, respectivamente.

¿Por qué no hay más APP —aparte de las dos antes mencionadas— para gestionar más hospitales públicos? Corrupción, solo corrupción y nada más que corrupción.

Repito: autonomizar, profesionalizar y despolitizar la salud pública… ¡no queda otra! Sin embargo, para que la tortilla de la salud salga sabrosa y nutritiva, antes hay que romper muchos huevos… sobre todo, los huevos de la corrupción en el sector.

Fernando Cillóniz.
Culminó sus estudios de Ingeniería Económica en la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú). Estudió un MBA en Escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania. Ha sido director del Banco Internacional y miembro del Consejo Consultivo del Diario El Comercio. Fue ex regidor de Ica.