Combate a la delincuencia. ¿En cuánto tiempo se extinguirá?

La delincuencia siempre ha sido un problema en el Perú y se ha incrementado terriblemente con las oleadas masivas de migración de personas vinculadas a redes criminales extranjeras. Esa migración de extranjeros se produjo durante los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018) y Martín Vizcarra (2018–2020).

Pedro Pablo Kuczynski facilitó el ingreso de venezolanos mediante el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), aumentando la delincuencia organizada. Había deficiencias en los controles fronterizos iniciales, lo que “facilitó” el “ingreso” de facciones de organizaciones criminales transnacionales (ejemplo: el Tren de Aragua).

Durante el gobierno de Martín Vizcarra, aunque se exigían pasaporte y visa consular ante las alertas sobre seguridad ciudadana, se redujo el ingreso “legal”, pero se incrementaron terriblemente los ingresos clandestinos por la frontera norte. Llegaron facciones de organizaciones criminales transnacionales. Con la presidencia de Dina Boluarte se endurecieron los marcos legales, implementándose decretos para acelerar la expulsión de extranjeros que delinquían en el territorio nacional.

Consecuencia: con la migración de delincuentes extranjeros creció la delincuencia. Es un problema complejo. Está evidenciado en las estadísticas de entidades oficiales y organismos internacionales.

Diariamente, el periodismo escrito, radial y televisivo informa sobre delincuentes detenidos por la Policía Nacional, quienes, con los atestados correspondientes, son puestos a disposición de la Fiscalía para que formule la denuncia correspondiente ante el juez penal, a fin de que sean procesados y sentenciados.

Los centros de reclusión albergan a muchos ciudadanos extranjeros investigados y/o sentenciados por hurtos o robos agravados, estafas, extorsión, secuestro, chantaje, sicariato, asociación ilícita, lesiones por asaltos, asesinatos, tráfico de drogas y de personas (meretricio), etc. Actúan individualmente o en bandas, muchas de las cuales son organizadas y dirigidas por delincuentes ya encarcelados, quienes utilizan celulares e internet.

Vivimos con falta de seguridad. Los hombres, mujeres, ancianos, niños y hasta personas con discapacidad, todos tenemos temor. Nadie está seguro en las vías públicas, establecimientos —restaurantes, centros de trabajo o de estudios—, vehículos de transporte público o particulares, ni siquiera en nuestras viviendas. Continuamente se utilizan explosivos o se incendian vehículos de transporte público. Ni siquiera se respetan las iglesias.

Ante ello, la población está clamando para que las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el Ministerio Público, cumplan con lo establecido en el artículo 1.º y en el inciso 1 del artículo 2.º de la Constitución. Pero los políticos del Congreso y el Ejecutivo manifestaban que estaban adoptando medidas para combatir la criminalidad; sin embargo, esta ha seguido creciendo. ¡Todos estamos en permanente peligro!

Los electos en las elecciones generales del 12/04/2026 y 07/06/2027, desde que eran candidatos, “ofrecían” combatir la delincuencia y brindar seguridad ciudadana. Ahora que ya están en el Congreso o el Ejecutivo, evitando las confrontaciones políticas, deben abocarse, en unidad, a luchar contra la criminalidad hasta extinguirla, brindando completa seguridad a la población, sin excepción.

Obviamente, hay que adoptar algunas medidas para ese fin. Sugerimos las siguientes:

Incrementar el presupuesto de la Policía Nacional para aumentar el número de efectivos destinados a los servicios públicos y de policías de inteligencia, a fin de que investiguen de manera reservada a los delincuentes y sus bandas.

Modificar de inmediato los códigos Penal y Procesal Penal, tipificando debidamente cada delito, imponiendo penas severas, sin beneficios de libertad cuando corresponda, y estableciendo plazos cortos para las investigaciones y los procesos penales, bajo responsabilidad personal de los fiscales y/o jueces penales.

Asignar los presupuestos necesarios para completar la construcción de los penales inconclusos hasta la fecha y edificar nuevos establecimientos de máxima seguridad, ubicados únicamente en zonas de las alturas andinas y sin posibilidad de conexiones con servicios telefónicos o internet. En cada penal deben edificarse centros de producción —fábricas— de bienes destinados a los mercados; los trabajadores de esas fábricas deben ser únicamente los internos.

Establecer legalmente que toda persona recluida en un establecimiento penitenciario, ya sea por encontrarse en investigación o por haber sido sentenciada, no sea mantenida gratuitamente con dinero del erario nacional. Los internos deben sufragar permanentemente los gastos correspondientes a su alimentación, salud y vestido.

Edificar penales de máxima seguridad para los delincuentes peligrosos o reincidentes.

No admitir “refugiados” que “vengan” de otros países.

Imprescindible: la autodefensa de todos los ciudadanos —padres, madres, hijos e incluso abuelos— en sus respectivos vecindarios. Deben organizarse de manera voluntaria, responsable y autodisciplinada para que, desde sus viviendas, de día y de noche y mediante turnos, controlen lo que ocurre en las calles y estén permanentemente en contacto con la Policía y/o el Serenazgo.

Será una forma de proteger a las personas que son víctimas de los delincuentes y, en la medida de lo posible, salir colectivamente a la calle para impedir la fuga del delincuente hasta que llegue la Policía. La Policía del sector y las municipalidades deben contribuir a organizar y capacitar a los vecinos.

En conclusión, las autoridades, sin excepción, deben empezar la lucha contra la delincuencia hasta extinguirla. Todos, en nuestros vecindarios, debemos organizarnos para la autodefensa.

José Roberto Rendón Vásquez. 
Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).