Oriente Medio vuelve a demostrar que ninguna crisis geopolítica permanece confinada a su lugar de origen. Lo que comienza como una confrontación regional puede terminar afectando el precio del petróleo, los alimentos, el transporte, el crédito y el crecimiento de países situados a miles de kilómetros. Para el Perú, esta realidad contiene una advertencia que no debería ser ignorada: la seguridad nacional ya no se define únicamente en las fronteras territoriales, sino también en la capacidad del Estado para resistir las turbulencias producidas por un sistema internacional cada vez más interdependiente.
Las raíces de la inestabilidad regional son profundas. La desaparición del Imperio otomano, el reparto territorial realizado por las potencias europeas y la posterior creación de Israel dejaron una estructura política marcada por disputas territoriales, identidades superpuestas y comunidades que no siempre encontraron una representación adecuada dentro de los nuevos Estados. Sin embargo, sería un error convertir el pasado colonial en una explicación absoluta. El autoritarismo, la corrupción, las rivalidades internas, la desigualdad, el nacionalismo y las intervenciones de potencias extranjeras también contribuyeron a perpetuar la fragilidad institucional.
En la actualidad, la región funciona como un complejo sistema de alianzas y antagonismos. Arabia Saudita e Irán han competido por influencia política y religiosa, proyectando poder mediante aliados y conflictos indirectos. Israel enfrenta simultáneamente amenazas convencionales y asimétricas, mientras Estados Unidos intenta conservar su capacidad de disuasión. Siria, Yemen, Líbano e Irak representan ejemplos distintos de una misma realidad: cuando el Estado pierde capacidad para ejercer autoridad, otros actores ocupan el vacío.
Pero la verdadera dimensión de la crisis no se encuentra solamente en los campos de batalla. Se encuentra también en las rutas que conectan al mundo. El estrecho de Ormuz constituye uno de los puntos más sensibles del sistema energético internacional. Por allí circula una proporción decisiva del petróleo y del gas que abastecen a Asia y a otras economías. Una interrupción prolongada no sería simplemente un problema para los países del Golfo: sería un choque global capaz de elevar los costos energéticos, acelerar la inflación y deteriorar las expectativas económicas.
El mundo enfrentaría entonces una combinación particularmente peligrosa: energía más cara, transporte más costoso, mayores presiones inflacionarias y menor crecimiento. Europa y Asia tendrían que acelerar la búsqueda de fuentes alternativas, mientras las economías importadoras enfrentarían un deterioro de sus cuentas externas. Los países productores, en cambio, podrían obtener ingresos extraordinarios, aunque también quedarían expuestos a la volatilidad y a las consecuencias de una eventual recesión mundial.
Sudamérica tampoco estaría al margen. El aumento del precio del petróleo repercutiría sobre el transporte, la electricidad y la producción industrial. El encarecimiento de los fertilizantes afectaría directamente al sector agrícola y podría trasladarse a los precios de los alimentos. Al mismo tiempo, un escenario internacional de mayor incertidumbre podría elevar el costo del financiamiento y reducir la inversión. La región tendría que enfrentar el dilema de aprovechar los mayores precios de sus materias primas sin profundizar nuevamente su histórica dependencia de los ciclos externos.
Para el Perú, el desafío es todavía más concreto. Una crisis energética internacional puede encarecer el transporte de personas y mercancías, aumentar los costos de producción y presionar el precio de los alimentos. La agricultura sería particularmente sensible al encarecimiento de los fertilizantes y combustibles. Aunque los mayores precios del cobre y de otros minerales podrían mejorar temporalmente los ingresos por exportaciones, ese beneficio no garantiza una mejora general del bienestar. Si los costos internos aumentan más rápidamente que los ingresos, la población termina absorbiendo buena parte del impacto.
Esta vulnerabilidad obliga a replantear la concepción peruana de seguridad nacional. No basta con reaccionar cuando el petróleo ya subió o cuando una ruta comercial quedó interrumpida. El Estado debe anticipar escenarios. Eso exige diversificar proveedores energéticos y agrícolas, fortalecer las reservas estratégicas, proteger las cadenas de suministro, desarrollar inteligencia económica y establecer mecanismos de coordinación entre los sectores de Economía, Energía, Agricultura, Transportes, Defensa y Relaciones Exteriores.
También se requiere una diplomacia económica más activa. El Perú posee ventajas que pueden convertirse en activos estratégicos: una posición privilegiada en el Pacífico, recursos mineros esenciales, potencial energético y capacidad agroalimentaria. Pero disponer de recursos no es suficiente. Se necesita infraestructura, estabilidad jurídica, inversión, mercados diversificados y una política exterior capaz de defender los intereses nacionales en un escenario internacional cada vez más competitivo.
La lección de Oriente Medio es contundente. Las guerras modernas no necesitan llegar físicamente a un país para producir efectos sobre su población. Basta con alterar una ruta marítima, restringir un suministro energético o aumentar el costo del financiamiento. La distancia geográfica ya no constituye una garantía de seguridad.
Por ello, el Perú debe abandonar una cultura de reacción y construir una política de resiliencia nacional. La prioridad debe ser reducir vulnerabilidades antes de que aparezca la próxima crisis: diversificar mercados y proveedores, fortalecer la seguridad energética y alimentaria, mejorar las reservas estratégicas, proteger la infraestructura crítica y utilizar los ingresos provenientes de los recursos naturales para construir capacidades permanentes.
Oriente Medio no es un problema lejano. Es una advertencia sobre el mundo que viene. La verdadera fortaleza de un Estado no consiste únicamente en evitar las crisis que puede controlar, sino en estar preparado para resistir aquellas que no puede impedir. El Perú no decidirá el desenlace de las disputas de Oriente Medio, pero sí puede decidir cuánto daño está dispuesto a recibir de ellas. Esa decisión, en última instancia, es una cuestión de estrategia nacional.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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