El Perú no recuperará la seguridad con más patrulleros, operativos aislados ni reformas administrativas parciales. Necesita rediseñar la Policía Nacional como una institución capaz de anticipar, investigar y desmantelar el crimen organizado. Esa es la tesis central: la crisis de seguridad no revela únicamente un déficit de recursos, sino una falla de diseño institucional. Mientras el delito opera como una red flexible, tecnológica y transnacional, el Estado continúa respondiendo con estructuras fragmentadas, burocracia, información dispersa y una cultura que todavía premia la rutina antes que los resultados.
La amenaza ha cambiado de escala. La extorsión, el sicariato, el tráfico de armas, la minería ilegal y las economías clandestinas conectan territorios, cárceles, mercados financieros y plataformas digitales. La inseguridad dejó de ser un problema limitado a determinados barrios: afecta la actividad económica, desalienta la inversión, erosiona la autoridad pública y normaliza la idea de que el Estado no puede proteger a sus ciudadanos. Por eso, la reforma policial debe entenderse como una política de seguridad nacional y como una condición para preservar el Estado de derecho.
La respuesta oficial no parte de cero. Existen planes que priorizan la prevención, el control territorial, la inteligencia, la investigación criminal y la coordinación con el sistema de justicia. También se han reportado reducciones en algunos delitos durante determinados periodos. Sin embargo, una política pública no puede confundirse con una sucesión de anuncios. La verdadera prueba consiste en sostener la tendencia, esclarecer los delitos y desarticular las estructuras que los financian.
Ahí comienza la reingeniería institucional. La Policía ya está definida legalmente como civil, profesional, técnica y jerarquizada. El problema es que esa definición no siempre se refleja en su cultura, gestión ni despliegue operativo. No se requiere una disputa semántica sobre la “desmilitarización”, sino una transformación concreta: sustituir la obediencia rutinaria y la concentración burocrática por especialización, inteligencia, proximidad ciudadana y responsabilidad verificable.
El primer eje debe ser la misión. La institución tiene que medir su desempeño por homicidios esclarecidos, extorsiones neutralizadas, organizaciones desarticuladas, activos incautados, tiempos de respuesta y reincidencia, no por el número de intervenciones o partes elaborados. Esa modificación obliga a integrar bases de datos, fortalecer la criminalística, utilizar evidencia digital y establecer equipos permanentes con la Fiscalía, el Poder Judicial, el sistema penitenciario y los gobiernos locales. Sin información compartida, cada entidad seguirá trabajando sobre fragmentos de la misma amenaza.
El segundo eje es el factor humano. El ingreso debe incluir filtros de integridad y confiabilidad; la permanencia, evaluaciones periódicas; y los ascensos, resultados verificables. La meritocracia debe ordenar destinos, promociones y responsabilidades. También es indispensable auditar el uso de efectivos en custodias, oficinas y tareas ajenas a la misión esencial. Liberar policías de funciones prescindibles no es un ajuste menor: es recuperar capacidad para patrullar, investigar y prevenir.
El tercer eje corresponde a la tecnología y al presupuesto. Las prioridades deben ser las comunicaciones seguras, los sistemas interoperables, los laboratorios forenses, la inteligencia financiera, la videovigilancia analítica y las capacidades contra el delito digital. Cada inversión debe vincularse con indicadores de impacto. Ejecutar presupuesto no equivale a producir seguridad.
La reingeniería también debe alcanzar al alto mando. La estabilidad institucional es necesaria, pero no puede convertirse en un blindaje frente al desempeño. El periodo legal del comandante general debe coexistir con metas públicas, evaluaciones periódicas y responsabilidad por resultados, siempre dentro del orden constitucional.
La transformación debe comenzar con un diagnóstico operativo nacional que identifique duplicidades, vacíos de personal, zonas críticas y capacidades desaprovechadas. Luego, una unidad independiente de reforma debería establecer metas anuales, publicar avances y corregir desviaciones. En paralelo, deben crearse fiscalías y equipos policiales especializados contra la extorsión, el lavado de activos, la minería ilegal y los delitos digitales. La carrera policial requiere concursos transparentes, formación continua y protección efectiva para quienes denuncien actos de corrupción. Finalmente, el presupuesto debe asignarse según riesgos territoriales y resultados comprobables, no por inercias administrativas.
No se trata de refundar la Policía, sino de rediseñarla para la amenaza real. El Perú recuperará el control cuando su principal institución de seguridad deje de administrar la crisis y empiece a desmantelar sus causas. Esa reingeniería ya no es una opción: es la condición mínima para que el Estado vuelva a ejercer autoridad.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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