La economía mundial ha transformado las fronteras en espacios de competencia estratégica. Puertos, corredores logísticos, parques industriales y zonas francas ya no son únicamente instrumentos comerciales: son activos de poder nacional. En el Pacífico Sur, donde Perú, Chile y las economías asiáticas compiten por rutas, inversiones y cadenas de suministro, Tacna posee una posición que el Estado no puede seguir administrando con una lógica defensiva propia de otra época.
El Decreto Supremo N.° 009-2026-MINCETUR constituye, por ello, una decisión de importancia nacional. La norma declara de necesidad pública la inversión privada de capital extranjero en ZOFRATACNA y habilita contratos de cesión en uso sobre cinco predios estatales que superan las 384 hectáreas. No se transfiere la propiedad de la tierra. Se utiliza el mecanismo excepcional previsto por el artículo 71 de la Constitución para compatibilizar la protección de la frontera con la necesidad de atraer capital, tecnología y actividad productiva.
La dimensión económica explica la urgencia. Durante años, la restricción jurídica desalentó proyectos internacionales y limitó el aprovechamiento de una infraestructura instalada en una ubicación privilegiada. Según información oficial, la nueva medida busca destrabar proyectos por aproximadamente 15 millones de dólares y generar más de 22.000 empleos. Pero el éxito no debe medirse por el número de contratos firmados. Debe medirse por cuánto capital productivo llega, cuánto empleo formal genera, qué tecnología incorpora y cuánto valor agregado permanece en el Perú.
Aquí aparece la primera advertencia estratégica: abrir una zona fronteriza al capital internacional sin fortalecer simultáneamente los sistemas de control sería confundir liberalización con modernización. Una ZOFRATACNA más dinámica también puede convertirse en un objetivo atractivo para redes de contrabando, lavado de activos, empresas fachada, fraude aduanero y crimen organizado transnacional. El riesgo no está en la nacionalidad del inversionista, sino en la opacidad del capital, la debilidad de la debida diligencia y la insuficiente coordinación institucional.
Existe, además, un riesgo menos visible: la seguridad económica. Inversiones concentradas en infraestructura logística, telecomunicaciones, tecnología o cadenas estratégicas pueden generar dependencias capaces de reducir la autonomía de decisión del Estado. Por ello, cada proyecto debe ser evaluado considerando beneficiarios finales, origen de fondos, vínculos societarios, transferencia tecnológica, protección de información sensible y continuidad operacional. La seguridad nacional también consiste en impedir que una ventaja económica termine convirtiéndose en una vulnerabilidad estratégica.
El Estado debe actuar con inteligencia, no con temor. SUNAT, Aduanas, Policía, inteligencia, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, MINCETUR y ZOFRATACNA necesitan compartir información y establecer mecanismos de alerta temprana. La supervisión periódica debe complementarse con fiscalización permanente basada en riesgo. Los contratos, además, deben incorporar indicadores verificables de inversión, empleo, exportaciones, transferencia tecnológica y cumplimiento de obligaciones.
Tacna tampoco puede limitarse a competir por depósitos o comercio de paso. Su objetivo debe ser convertirse en una plataforma industrial y logística del sur peruano, conectada con Chile y el Asia-Pacífico, pero integrada a proveedores, universidades y empresas nacionales. Infraestructura, energía, conectividad digital, seguridad y facilitación aduanera serán tan importantes como los incentivos económicos.
La decisión sobre ZOFRATACNA no debe entenderse como una simple flexibilización económica, sino como una prueba de la capacidad del Estado peruano para ejercer una soberanía moderna. Una frontera económicamente estancada y débilmente integrada también constituye una vulnerabilidad estratégica. Atraer inversión, generar empleo y consolidar actividad productiva en Tacna no significa renunciar a la seguridad: significa fortalecerla.
Pero esa apertura exige una condición innegociable: el capital extranjero debe ingresar bajo reglas peruanas, con transparencia, trazabilidad financiera, supervisión permanente y límites claros frente a cualquier riesgo para la seguridad nacional. El Estado no puede habilitar espacios estratégicos y luego limitarse a esperar que el mercado produzca desarrollo. Debe conducir, fiscalizar y corregir.
La soberanía del siglo XXI no consiste únicamente en impedir que otros ingresen. Consiste en tener la capacidad de decidir quién ingresa, bajo qué condiciones, para qué invierte y cuánto valor deja en el país. Tacna puede convertirse en el laboratorio de esa nueva concepción: una frontera abierta al mundo, pero firmemente controlada por el Estado; atractiva para el capital, pero protegida frente al crimen y la dependencia; integrada al comercio internacional, pero subordinada al interés nacional.
Si el Perú logra esa ecuación, ZOFRATACNA dejará de ser una excepción normativa para convertirse en una herramienta de poder nacional. El desafío ya no es destrabar la frontera. El verdadero desafío es convertir ese destrabe en desarrollo, seguridad y soberanía efectiva.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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