Ficciones de eficiencia y caos institucional

Hemos sido muy cautelosos y pacientes con el nuevo gobierno. Se entiende que, a un mes de haber asumido el poder, es imposible pedirle resultados tangibles contra la inseguridad ciudadana, el principal flagelo que sufrimos todos los peruanos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en nada ayuda la lamentable puesta en escena vista en los últimos días tras el secuestro y asesinato de varias personas en La Libertad, epicentro de la criminalidad organizada en el país.
La patética presentación en Trujillo de delincuentes capturados —sujetos de poca monta que no parecen ser los autores del cinematográfico secuestro del empresario minero vinculado a la minería ilegal— no hace sino enturbiar el ya enrarecido clima político. Queda la sensación de un gobierno que pretende mostrar resultados improvisados de una eficiencia ausente, forzando a que el Congreso le otorgue facultades extraordinarias para combatir la delincuencia, entre otras solicitudes atendibles.
Para empezar, esto es un error. No se necesitan más leyes para luchar eficazmente contra quienes nos aterrorizan a diario, y menos se requiere presentar capturas intrascendentes como grandes logros. Esa no es la manera de enfrentar con seriedad un tema tan crucial como el que nos ocupa. Así, según los expertos, la batalla contra el crimen organizado corre el riesgo de perderse desde el saque.
Tampoco ayuda el evidente enfrentamiento en el sector Interior, con un ministro distanciado del jefe de la Policía; ni que el titular de Defensa asuma un papel que no le corresponde y que, además, lo ejecute mal. Todo esto ocurre ante una prensa ávida de escándalos y una oposición de izquierda presta a pescar en río revuelto, en medio de una actividad criminal incesante impulsada por la nueva fiebre del oro. ¿Quiénes observan cómodamente este caos institucional? Las bandas criminales vinculadas a dicho delito. El escenario no podría ser peor.
De otro lado, ya va siendo hora de revisar —como anunció la diputada de Renovación Popular, Norma Yarrow— la malhadada legislación sobre el financiamiento público de partidos, herencia del referéndum “trucho” de 2018. Es vergonzoso ver cómo se reparten los millones de nuestros impuestos a diestra y siniestra a simples franquicias electorales, las cuales no tienen nada de partidos reales, borrando en el camino cualquier tendencia ideológica. Este dinero se destina a fines que en absoluto fortalecen la democracia; el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Que los privados financien las campañas que se les antoje, eso sí, de manera abierta y transparente, y que los políticos luego rindan cuentas. Continuar con este festín de recursos públicos es, por decir lo menos, impúdico e indignante.
En suma, el Perú ya no tolera ficciones de eficiencia ni parasitismo político. Mientras los ciudadanos arriesgan la vida cada mañana, sus impuestos financian partidos fantasmas y un aparato estatal descoordinado. Enfrentar al crimen y limpiar el sistema no exige más leyes ni millones tirados al agua; exige voluntad real y orden. La paciencia de la calle llegó a su límite.

Ricardo León Dueñas
Abogado por la Universidad San Martin de Porres con estudios culminados de Maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, post grado en la Universidad de Piura y diplomado en arbitraje por el Centro de Arbitraje de la PUCP. Ha sido gerente de administración y finanzas de Prom Peru, asesor legal de la SBS, gerente legal de la ONP y consejero en el Estudio Muñiz, gerente general y representante legal de AON Benfield Peru, asesor legal y director de C&J Constructores. Miembro de la Misión de Observación Electoral de la OEA para las elecciones en Guatemala 2007 y candidato a la alcaldía de San Isidro en el 2014. Actualmente se desempeña como abogado, consultor independiente y columnista en diversos medios de prensa.