La tesis central es contundente: en América Latina, el narcotráfico y la minería ilegal convergen allí donde la debilidad estatal permite que el crimen sustituya funciones públicas, controle territorios y capture economías locales. No se trata de dos amenazas independientes, sino de actividades que pueden compartir capitales, logística, corrupción y violencia. Esa convergencia no es automática ni debe afirmarse sin pruebas en cada caso, pero constituye el principal riesgo estratégico de una región donde amplias zonas permanecen fuera del control efectivo de las instituciones.
El viejo mapa del narcotráfico resulta insuficiente para explicar esta transformación. Las organizaciones criminales ya no dependen de una sola mercancía ni de una ruta fija. Combinan cocaína, oro, contrabando, extorsión, trata de personas y lavado de activos. Su ventaja no reside únicamente en la fuerza armada, sino en su capacidad para trasladar operaciones hacia territorios donde la justicia es lenta, la fiscalización es débil y la presencia estatal es intermitente. La convergencia criminal prospera, precisamente, porque el Estado no logra cerrar todos esos espacios al mismo tiempo.
La dimensión global confirma la magnitud del desafío. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó en el World Drug Report 2025 que los cultivos mundiales de coca alcanzaron 376.000 hectáreas en el 2023, un aumento de 6,4% frente al año anterior. La producción potencial de cocaína llegó a un máximo histórico estimado de 3.708 toneladas. Estas cifras muestran que el narcotráfico opera como una economía transnacional con demanda sostenida, abundante liquidez y capacidad de adaptación. La debilidad estatal convierte esa expansión global en una amenaza concreta para las democracias latinoamericanas.
El Perú ocupa una posición especialmente vulnerable dentro de este escenario. El monitoreo de cultivos de coca correspondiente al pp2023, elaborado por Devida con apoyo técnico de UNODC, registró 92.784 hectáreas. El dato no debe interpretarse de manera aislada. La superficie cultivada es relevante, pero no basta para medir el poder criminal. También deben observarse la producción potencial, las rutas, los decomisos, el lavado de activos, la violencia y la capacidad de las organizaciones para controlar comunidades y autoridades. La tesis se confirma en la medida en que la debilidad institucional permite que una economía ilícita se conecte con otras.
La minería ilegal representa el segundo componente de esta convergencia. El oro puede facilitar la transformación de recursos ilícitos en activos y operaciones aparentemente legales. La actividad también genera deforestación, corrupción, explotación laboral y control territorial. Sin embargo, la relación financiera con el narcotráfico debe probarse caso por caso mediante investigaciones fiscales, reportes de inteligencia financiera y decisiones judiciales. Lo que sí puede sostenerse es que ambas economías se benefician de los mismos vacíos: fronteras porosas, informalidad, escasa trazabilidad y autoridades vulnerables.
Por eso, la seguridad nacional no puede reducirse a erradicaciones u operativos aislados. Cuando el Estado golpea una ruta, pero no confisca activos, protege a los denunciantes ni ocupa el territorio recuperado, las redes simplemente mutan. La respuesta debe integrar inteligencia policial y financiera, control aduanero, trazabilidad del oro, combustibles e insumos químicos, fiscalías especializadas, cooperación internacional y presencia civil permanente. La lucha contra la convergencia criminal exige atacar simultáneamente dinero, logística, protección política y control territorial.
La conclusión es inevitable: el narcotráfico y la minería ilegal se vuelven una amenaza sistémica cuando encuentran un Estado fragmentado. Perseguir delitos por separado favorece la adaptación de las redes; investigar sus conexiones permite desmantelar su poder. El Perú y la región necesitan medir resultados por activos recuperados, condenas, rutas interrumpidas, territorios protegidos y servicios públicos instalados. Solo una estrategia sostenida, basada en evidencia y acompañada de desarrollo legítimo podrá impedir que el crimen ocupe el lugar que el Estado abandona.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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