Septiembre del 2026, vamos por el segundo mes en que ya están en sus cargos los electos para los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Su obligación es resolver los problemas nacionales. Uno es el fortalecimiento de la economía del Perú. Durante la reciente campaña electoral los candidatos ofrecían hacerlo. Ahora deben hacerlo, sin perjuicio de afrontar problemas como los daños que puede ocasionar el “Fenómenos del Niño” y enfrentar la creciente delincuencia, y también la solución a los servicios de salud, educación, transporte, infraestructura a cargo del Estado, etc. Ahora – ejercitando su responsabilidad – deben organizar y coordinar para resolverlos.
Los anteriores políticos (hasta el 27/07/2026) que actuaban en el Legislativo y Ejecutivo realmente no resolvieron dichos problemas. El actuar era creciente de la criminalidad que afectaba la seguridad de las personas naturales y/o jurídicas. Esos políticos estaban en continuas confrontaciones que produjeron una virtual inestabilidad política que repercutió internamente en el País y también internacionalmente. Se evidenció el temor de empresarios tanto nacionales como extranjeros de invertir en el Perú capitales en minería, agricultura, pesca, industrias, etc. y que además establecieran centros de producción (fábricas) para dar valor agregado a los minerales extraídos o de pesca y elaborar productos para los mercados nacionales, y mejor si son extranjeros. Real y efectivamente los empresarios evidenciaron no tener confianza en que se respetarían sus inversiones dentro de una racional normatividad legal.
Fue evidente que los discursos de los políticos de entonces y las reales acciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo no garantizaban que a los empresarios inversionistas se les respetaría sus inversiones. Más aún, los problemas políticos y la inseguridad ciudadana generaron inestabilidad económica en el país. No se ocuparon de emitir estabilidad política que diera confianza de que efectivamente se garanticen las inversiones. La “confianza” no se obtiene con discursos y pregones políticos sino con hechos reales. Algunas autoridades hasta en importantes eventos internacionales hacían declaraciones, que decían era para atraer inversionistas extranjeros, sin embargo, no evidencian objetivamente que en el país había estabilidad económica, social y política; más aún, constantemente hubo movilizaciones que “reclamaban” que no se admita la ejecución de nuevas extracciones mineras. Obviamente todo ello espantó a los inversionistas.
Los electos en las elecciones generales del 2016, deben entender que, si hay nuevas inversiones en minería, pesca, agricultura, industria, turismo, etc., se obtendrá no solamente mayores cantidades de extracción de las riquezas naturales las que con valor agregado, determinará que se requiera nuevos centros de producción que se necesitaran mucha mano de obra nacional. Generarán trabajo dependiente y subordinado debidamente remunerado. Habrá más puestos de trabajo en la extracción de nuestras riquezas naturales y en los centros fabriles con lo que, en la medida que crezcan las inversiones, habrá seguidamente otros inversionistas que provean de producción adicional para satisfacer las necesidades familiares de los trabajadores y, por ende, en cada lugar se establecerán centros comerciales, transportes, de salud, hasta de recreo y aparecerán mejoras urbanas. Lo más importante es que cada vez se combata más eficientemente la informalidad y la pobreza. Consecuentemente, se fortalecerá la economía nacional y mejorarán los servicios públicos.
La confianza se gana con hechos, no con discursos y “promesas” electorales. Las palabras se las lleva el viento. Nuestros actuales congresistas (en el Senado y Diputados), nuestra Presidenta, sus ministros y todas las altas autoridades en los diferentes sectores, en coordinación sincera por la patria y el pueblo – que los eligió –, sin renunciar a las “convicciones” doctrinarias, políticas y/o personales que puedan tener, inteligentemente deben abocarse a generar estabilidad política y garantizar las inversiones de empresarios para que hagan más exploraciones y explotaciones de nuestras riquezas naturales y generen la necesidad de contratar establemente a trabajadores racional y dignamente remunerados con lo que atenderán sus necesidades familiares. Se irá eliminando la informalidad laboral y la pobreza.
Con cada vez mayores inversiones e importantes producciones, el Estado robustece continuamente su economía con el pago de tributos que provienen de las empresas productoras en minería, pesca, textil, turismo, etc. y también de la población (mediante el I.G.V.). Con una economía nacional sólida, se sufragará las necesidades de los peruanos en salud, educación, transporte, infraestructura (carreteras, centros educativos, de salud, seguridad ciudadana, cultura, etc.) y seguridad ciudadana.
En hora de superar el temor de inversionistas tanto nacionales como extranjeros para que inviertan en el Perú. Si los empresarios tienen confianza en que se respetarán sus inversiones dentro de una racional normatividad legal, llegarán cada vez más empresarios del mundo.
José Roberto Rendón Vásquez
Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).
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