Cuando hablamos de economía circular solemos mirar primero a las empresas. Les pedimos que utilicen menos recursos, reduzcan sus emisiones, incorporen materiales reciclados, diseñen productos más duraderos y se hagan responsables de lo que ocurre al final de su vida útil. Y está bien que lo hagamos. Pero hay una parte de la ecuación de la que hablamos mucho menos: nosotros, los consumidores. Porque detrás de cada producto que se fabrica hay también alguien que decide comprarlo, usarlo, repararlo, reemplazarlo o simplemente dejar de utilizarlo.
En el Perú esta discusión resulta especialmente interesante. Una encuesta reciente de Datum mostraba que el 44% de los peruanos considera que las industrias son las principales responsables del cambio climático, mientras que a nivel global la mayor proporción atribuye esa responsabilidad al comportamiento de las personas. La diferencia dice bastante sobre cómo entendemos nuestro propio rol. Cuando creemos que el problema pertenece fundamentalmente a otros, es natural esperar que sean otros quienes lo resuelvan. Las empresas deben cambiar, el Estado debe regular y las municipalidades deben gestionar los residuos. Nosotros, en cambio, parecemos quedar al final de la cadena, aunque nuestras decisiones también forman parte de ella.
Esto no significa colocar ahora la responsabilidad sobre el consumidor. Sería simplemente mover el problema de un extremo al otro. La responsabilidad es compartida, pero no todos tenemos la misma capacidad para cambiar las cosas. Una empresa decide cómo diseña un producto, qué materiales utiliza, cuánto durará y si podrá repararse. El Estado establece las reglas y puede generar las condiciones para que existan mejores alternativas. Los consumidores elegimos dentro de ese escenario. Y nuestras decisiones están condicionadas por lo que encontramos en el mercado, por nuestros ingresos, por la información que tenemos e incluso por el lugar donde vivimos.
Pensemos en algo cotidiano. Podemos pedirle a una persona que repare un electrodoméstico en lugar de reemplazarlo, pero será difícil si no encuentra repuestos, si el producto no fue diseñado para ser reparado o si arreglarlo cuesta casi lo mismo que comprar uno nuevo. Podemos pedirle que elija una alternativa más sostenible, pero tendrá pocas posibilidades de hacerlo si no sabe cómo reconocerla o si cuesta considerablemente más. Incluso podemos pedirle que recicle, pero su esfuerzo tendrá un alcance limitado si su ciudad no cuenta con un sistema adecuado de recolección y aprovechamiento. Las decisiones individuales importan, pero necesitan un entorno que las haga posibles.
Eso no significa que los consumidores tengamos poco poder. Cada compra envía una señal, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Elegimos entre productos que duran y otros que reemplazaremos rápidamente, entre reparar y volver a comprar, entre empresas que nos permiten conocer mejor lo que estamos adquiriendo y otras que ofrecen poca información. Una decisión individual puede parecer irrelevante, pero cuando se multiplica por miles o millones de personas empieza a mover el mercado. Las empresas observan qué valoramos, por qué estamos dispuestos a pagar y también qué comenzamos a rechazar.
Y aquí aparece uno de los desafíos menos visibles de la economía circular. No basta con producir de otra manera si nadie elige esos productos.Podemos desarrollar materiales recuperados, bienes reparables o nuevos modelos de reutilización, pero difícilmente podrán sostenerse si no encuentran demanda. No es casual que el consumo sostenible sea uno de los cuatro frentes de la Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular al 2030. La transición necesita transformar la manera en que producimos, pero también aquello que valoramos cuando elegimos.
Y hay un consumidor cuya capacidad para mover el mercado suele pasar desapercibida: el propio Estado. La manera en que compra puede abrir mercado para productos con contenido reciclado, materiales recuperados o bienes producidos con criterios de sostenibilidad. Cuando un comprador de gran escala cambia lo que exige, las empresas encuentran razones concretas para innovar e invertir. Lo mismo ocurre cuando una gran empresa comienza a pedir nuevos estándares a sus proveedores. En ambos casos, la demanda deja de ser una consecuencia del cambio y se convierte en una forma de impulsarlo.
Hay además algo muy nuestro en esta discusión. Reutilizar, reparar y prolongar la vida de las cosas no son prácticas que tengamos que descubrir. Han formado parte durante mucho tiempo de la vida cotidiana de muchas familias, a veces más por necesidad económica que por conciencia ambiental. La ropa pasa de una persona a otra, los muebles se reparan, los envases encuentran nuevos usos y muchas cosas se conservan mientras todavía sirven. Tal vez la economía circular no tenga que enseñarnos desde cero a aprovechar mejor lo que tenemos. Quizás el reto sea recuperar parte de esa lógica y llevarla a una economía moderna, con innovación, seguridad, calidad y nuevas oportunidades de negocio.
Lo que sí necesitamos revisar es una idea que hemos construido durante décadas: asociar bienestar con consumir cada vez más. Mejorar nuestros ingresos y acceder a más bienes y servicios es, sin duda, parte del desarrollo. El problema aparece cuando confundimos progreso con reemplazar permanentemente aquello que todavía funciona o cuando las cosas pierden valor simplemente porque dejaron de ser nuevas. Vivir mejor no debería significar necesariamente consumir más. También puede significar elegir mejor, utilizar durante más tiempo y aprovechar mejor aquello que ya tenemos.
La transición hacia una economía circular, entonces, no ocurrirá solamente dentro de las fábricas, las minas o las oficinas de las instituciones del Estado. También se construirá en nuestras casas, en las tiendas y en muchas de las decisiones que tomamos todos los días. Pero no se trata de convertir cada compra en un examen de conciencia ni de pedirle al consumidor que resuelva problemas que no puede resolver solo. Se trata de reconocer que formamos parte del mismo sistema y que cada actor tiene una capacidad diferente para transformarlo.
Las empresas pueden cambiar la manera en que producen y diseñan. El Estado puede crear las condiciones para que mejores opciones existan y sean accesibles. Y nosotros podemos decidir cuáles de esas opciones queremos sostener con nuestras elecciones. Una economía circular no empieza cuando nos preguntamos qué hacer con algo que ya no queremos. Empieza mucho antes, cuando decidimos qué necesitamos, qué elegimos, cuánto tiempo lo usamos y cuánto valor somos capaces de reconocer en aquello que ya tenemos.
Giuliana Becerra
Ingeniera química, magíster en Química y magíster en Ingeniería de Procesos por la Universidad Claude Bernard Lyon 1, Francia, y doctora en Ingeniería de Procesos por la École Centrale Paris. Es profesora principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ex viceministra de Gestión Ambiental y experta en gestión ambiental, economía circular, calidad ambiental y políticas públicas para el desarrollo sostenible.
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