Entre la solidaridad y el ocaso: cuando alimentar no alcanza para construir esperanza

«Salvamos a quienes no tienen nada con alimentos y medicinas». La frase conmueve porque interpela la dimensión más básica de la dignidad humana, sobrevivir. Sin embargo, también abre una pregunta de enorme profundidad política y ética, ¿es esta una verdadera política pública de inclusión o el reconocimiento implícito de una sociedad que ha dejado de ofrecer un horizonte de progreso?
Toda democracia tiene la obligación de garantizar derechos esenciales. El acceso a la alimentación, a los medicamentos y a la atención sanitaria no constituye un acto de caridad, sino una responsabilidad del Estado respaldada por políticas de seguridad alimentaria y protección social.

Pero una democracia madura no puede limitarse a administrar la emergencia. Cuando el eje permanente de la acción pública es repartir alimentos y medicamentos, el riesgo es que la excepción se transforme en normalidad. La asistencia resulta indispensable para evitar el sufrimiento inmediato, aunque por sí sola no resuelve las causas estructurales de la pobreza, como la falta de empleo de calidad, educación, inversión, estabilidad económica y crecimiento sostenido. Diversos estudios sobre programas alimentarios en Argentina señalan precisamente esa tensión entre atender la urgencia y construir soluciones de largo plazo.
Desde otra perspectiva, sería injusto descalificar toda política asistencial. En contextos de crisis económica, inflación y aumento de la vulnerabilidad, retirar esos programas puede significar abandonar a millones de personas. El verdadero debate no debería ser asistencia sí o asistencia no, sino si esa asistencia constituye un puente hacia la autonomía o un mecanismo permanente de contención social.
En el caso argentino, el desafío trasciende a un gobierno determinado. Décadas de crisis recurrentes han convertido las políticas de emergencia en una constante, mientras amplios sectores sociales continúan dependiendo del Estado para cubrir necesidades básicas. Esa realidad revela tanto la persistencia de la pobreza como las dificultades del sistema político para generar desarrollo sostenible.
Conclusiones
La sensibilidad de una democracia no se mide únicamente por la cantidad de alimentos o medicamentos que distribuye, sino por su capacidad para crear oportunidades que hagan innecesaria esa ayuda permanente.
Alimentar a quien tiene hambre es un deber moral y constitucional; condenarlo a depender indefinidamente de esa asistencia representa un fracaso colectivo.
Una política pública de inclusión comienza con la protección de los más vulnerables, pero solo alcanza su plenitud cuando ofrece educación, trabajo, producción y movilidad social.
El verdadero éxito de un gobierno no consiste en aumentar el número de personas asistidas, sino en reducir, año tras año, el número de quienes necesitan esa asistencia para vivir. Solo entonces la democracia deja de administrar la desesperanza y comienza a construir esperanza.no olvides nunca el plan subsidiario del estado qué es necesario y Perú es una muestra de nuestra constitución, con responsabilidad Rafael Aita Campodónico.

Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000.Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque.