América Latina vuelve a ser escenario de una creciente competencia entre las grandes potencias, y el Perú ocupa hoy una posición especialmente sensible dentro de ese tablero. Su reciente incorporación al denominado Escudo de las Américas —la iniciativa de seguridad regional promovida por la administración de Donald Trump— no es un simple gesto diplomático ni un convenio policial de rutina. Se trata de una decisión con implicancias estratégicas que puede modificar la cooperación peruana en materia de seguridad justo cuando el crimen organizado y el narcotráfico presionan cada vez más al país.
La visita a Lima del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la prioridad que Washington concede a la construcción de una respuesta hemisférica contra los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales. La incorporación peruana apunta, entre otros aspectos, a fortalecer el intercambio de inteligencia y las operaciones coordinadas. Pero el movimiento también ocurre en un contexto más amplio: Estados Unidos busca reforzar su presencia en una región donde la influencia económica de China se ha expandido considerablemente.
El panorama interno demanda respuestas contundentes frente al crecimiento de organizaciones criminales cada vez más sofisticadas. Sin embargo, incorporarse a un mecanismo internacional de esta naturaleza abre interrogantes legítimas respecto de sus alcances, los compromisos asumidos y la preservación de la soberanía nacional. No es casual que el Senado haya convocado al canciller para explicar precisamente la naturaleza jurídica, política y operativa del Escudo de las Américas y sus implicancias para la política exterior peruana.
La Constitución establece, además, que corresponde al Congreso prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional, siempre que ello no afecte la soberanía del país. Esta exigencia constitucional constituye un contrapeso fundamental cuando la cooperación internacional involucra personal militar extranjero.
Por un lado, la ventaja potencial es evidente: ampliar la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional frente a organizaciones criminales que actúan a través de las fronteras. Por otro, el Perú debe cuidar que esa cooperación no termine condicionando innecesariamente su autonomía estratégica ni su política exterior.
Allí aparece China.
China se ha consolidado como el principal destino de las exportaciones peruanas y mantiene una creciente presencia económica en sectores como minería, energía e infraestructura. Más de 200 empresas chinas han realizado inversiones en el Perú y el Puerto de Chancay se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de esa relación económica y logística con Asia.
Chancay no es un detalle menor. El terminal portuario ha adquirido rápidamente importancia para el comercio entre el Perú y Asia y se encuentra operado por el consorcio privado Cosco Shipping Ports Chancay Perú. Su desarrollo expresa hasta qué punto los vínculos económicos con China ya forman parte de la infraestructura estratégica y comercial del país.
Por eso, el desafío peruano es particularmente complejo. No resulta razonable interpretar la relación con Washington y la relación con Pekín como si necesariamente fueran excluyentes. Los intereses del Perú no tienen por qué coincidir completamente con los de ninguna gran potencia.
Sería igualmente imprudente celebrar cualquier alianza internacional sin evaluar sus condiciones y consecuencias. La cooperación contra el narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado resulta necesaria, pero la seguridad interna no puede depender únicamente de capacidades externas ni convertir al país en receptor pasivo de decisiones tomadas fuera de sus fronteras.
El Perú debe aprovechar la tecnología, la inteligencia, el entrenamiento y la cooperación que pueda ofrecer Estados Unidos, pero sin renunciar a desarrollar capacidades propias. Del mismo modo, debe preservar y ampliar sus relaciones económicas con China y con el conjunto de Asia sin permitir que esos vínculos condicionen decisiones esenciales de seguridad y política exterior.
Ese equilibrio no significa neutralidad ingenua. Significa autonomía estratégica.
En un escenario internacional cada vez más competitivo, la mejor política para un país como el Perú consiste en relacionarse con distintas potencias desde sus propios intereses nacionales y no desde alineamientos automáticos. Washington puede ser un socio fundamental en seguridad. Pekín es un socio económico decisivo. Ambos vínculos pueden coexistir siempre que el Estado peruano tenga claridad respecto de sus prioridades y límites.
El verdadero reto para el país no consiste, entonces, en alinearse ciegamente con uno de los bandos de esta creciente competencia estratégica. Consiste en utilizar la cooperación internacional para fortalecer sus propias instituciones.
El camino implica desarrollar inteligencia nacional, fortalecer a la Policía y a las Fuerzas Armadas, preservar los controles constitucionales, asegurar la fiscalización del Congreso y mantener una diplomacia pragmática capaz de relacionarse con Estados Unidos, China y otros actores internacionales sin perder capacidad de decisión.
El Perú no debe elegir entre Washington y Pekín como si su futuro dependiera de servir a uno de ellos.
Debe elegir al Perú.
Si consigue combinar cooperación en seguridad con Estados Unidos, una relación comercial sólida con Asia y una política exterior autónoma, habrá convertido una coyuntura geopolítica compleja en una oportunidad.
Si no lo hace, corre el riesgo de dejar de ser un actor y convertirse simplemente en una pieza dentro del tablero de otros.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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