Presupuesto 2027: ahorro, contingencias y el costo de postergar el desarrollo

El Proyecto de Presupuesto Público para el año fiscal 2027 asciende a S/ 266,506 millones y refleja una política de prudencia fiscal en un escenario de crecimiento moderado y de control del déficit. Aunque el presupuesto aumenta nominalmente 3.5% respecto al año anterior, dicho incremento prácticamente desaparece al descontar la inflación proyectada por el Banco Central de Reserva (3.8%). En términos reales, el Estado contará con una capacidad de gasto similar a la de 2026.
La principal característica del proyecto es el fortalecimiento de la Reserva de Contingencia, cuya asignación alcanza S/ 6,917 millones, registrando un incremento cercano al 23%. Este fondo constituye un mecanismo de ahorro público destinado a responder con rapidez ante desastres naturales, emergencias sanitarias o cualquier evento extraordinario que pueda afectar la economía nacional. En un país altamente vulnerable a fenómenos climáticos como El Niño, disponer de una reserva financiera resulta una decisión responsable. Sin embargo, ese ahorro debe ir acompañado de reglas claras de utilización, transparencia y control político, pues su ejecución depende en gran medida de decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas.
El problema surge cuando el fortalecimiento de ese colchón fiscal coincide con importantes reducciones presupuestarias en sectores estratégicos. Saneamiento disminuye aproximadamente 30%, Vivienda 32%, Trabajo 25%, Minería 23% y Comunicaciones 13%. Estas reducciones afectan áreas directamente vinculadas con el acceso al agua potable, la vivienda, el empleo, la inversión y la infraestructura, pilares fundamentales para mejorar la competitividad y la calidad de vida de la población.
También existen inconsistencias entre las prioridades anunciadas por el Gobierno y la distribución de los recursos. Mientras la función Protección Social recibe un incremento importante, el presupuesto destinado a Orden Público y Seguridad presenta una reducción. Paralelamente, el sector Defensa incrementa significativamente sus recursos de modernización .
Otro aspecto que llama la atención es la ausencia de recursos destinados a la anunciada reforma y modernización del Estado. Toda reforma administrativa implica costos: programas de retiro voluntario, capacitación del personal, digitalización de procesos y modernización institucional. Sin financiamiento, cualquier reforma corre el riesgo de quedarse únicamente en el plano declarativo.
Existe además un elemento que el proyecto parece no haber considerado adecuadamente. A partir del 1 de enero de 2027 asumirán funciones nuevas autoridades regionales y municipales. La experiencia demuestra que durante el primer año de gestión la ejecución de proyectos de inversión pública suele ser considerablemente baja debido al proceso de organización, transferencia y formulación de nuevos expedientes técnicos. En consecuencia, una parte importante de los recursos asignados podría permanecer sin ejecutarse. Desde una perspectiva de eficiencia presupuestal, habría sido razonable reorientar temporalmente parte de esos recursos hacia sectores con mayor capacidad de ejecución o destinarlos al financiamiento de la reforma del Estado.
Ahorro y contingencias, una necesidad que exige transparencia
La existencia de un fondo de contingencia sólido fortalece la capacidad de respuesta del Estado frente a situaciones imprevistas y reduce la necesidad de recurrir al endeudamiento en momentos de crisis. Sin embargo, el ahorro público no debe convertirse en un sustituto de la inversión social. El verdadero equilibrio consiste en proteger al país frente a las emergencias sin sacrificar las políticas públicas que generan crecimiento, empleo y bienestar.
Conclusiones
El Presupuesto 2027 transmite un mensaje de cautela fiscal y responsabilidad macroeconómica. No obstante, también evidencia decisiones que merecen un amplio debate. El fortalecimiento de la Reserva de Contingencia constituye una medida financieramente prudente, pero resulta indispensable garantizar que dichos recursos se administren con absoluta transparencia. Al mismo tiempo, preocupa la reducción de recursos en sectores sociales y productivos, la falta de financiamiento para la reforma del Estado y la asignación de elevados montos a gobiernos subnacionales cuya capacidad de ejecución durante el primer año de gestión será previsiblemente limitada.
El Congreso tiene ahora la responsabilidad de revisar cuidadosamente el proyecto, introducir los ajustes necesarios y asegurar que el presupuesto no solo preserve la estabilidad fiscal, sino que también impulse el desarrollo económico, fortalezca los servicios públicos y mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Un buen presupuesto no se mide únicamente por cuánto dinero asigna, sino por la eficiencia con la que cada sol se transforma en resultados para el país.con responsabilidad Rafael Aita Campodónico.

Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000.Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque.