Durante los últimos 25 años, el Estado peruano ha destinado cientos de miles de millones de soles a inversión pública y gasto corriente. Solo en los últimos años, la inversión pública ha alcanzado niveles históricos cercanos al 5 % del PBI, mientras que el gasto corriente del Gobierno general se ha mantenido entre el 14 % y el 16 % del PBI, llegando incluso a aproximarse al 20 % durante la pandemia.
Sin embargo, la percepción ciudadana es que el país carece de una cartera de megaproyectos transformadores comparable con la de otras economías de la región. Aunque existen obras importantes como la Línea 2 del Metro, el puerto de Chancay, Majes-Siguas II o la modernización de aeropuertos, muchas presentan retrasos, sobrecostos, dificultades de ejecución o avances fragmentados.
El problema no parece ser únicamente la cantidad de recursos disponibles, sino la calidad con la que se ejecutan. La inversión pública ha estado marcada por cambios constantes de autoridades, expedientes técnicos deficientes, corrupción, arbitrajes, paralizaciones y una débil planificación de largo plazo. A ello se suma que una parte considerable del presupuesto se orienta al funcionamiento del Estado antes que a la creación y conservación de activos capaces de elevar la productividad y mejorar la calidad de vida.
Otro aspecto crítico es el mantenimiento. El Perú ha construido carreteras, hospitales, colegios y sistemas de agua y saneamiento, pero frecuentemente no asigna recursos suficientes para conservarlos adecuadamente. Esto reduce la vida útil de la infraestructura y obliga, en muchos casos, a reconstruir en lugar de preservar, incrementando el costo para los contribuyentes.
También preocupa la gestión de los activos estratégicos. Empresas públicas, infraestructura logística, sistemas de irrigación y redes de transporte no siempre operan bajo criterios adecuados de eficiencia, sostenibilidad y generación de valor, afectando su capacidad para contribuir al desarrollo y a la competitividad del país.
Responsabilidad histórica
La responsabilidad es compartida entre los sucesivos gobiernos nacionales, los gobiernos regionales y municipales, el Congreso, los organismos de control y un sistema político que, con demasiada frecuencia, ha privilegiado decisiones de corto plazo sobre una visión estratégica de país.
No resulta técnicamente correcto afirmar que “se gastaron solo US$ 25 mil millones” en gasto corriente durante 25 años, pues el volumen acumulado de recursos públicos movilizados durante ese periodo es muy superior a esa cifra. Lo que sí puede sostenerse es que una parte importante de los recursos destinados a inversión y funcionamiento del Estado no ha producido el impacto esperado debido a deficiencias de gestión, planificación, ejecución, mantenimiento y control.
Conclusiones
El Perú ha contado con recursos fiscales importantes y, durante buena parte de este periodo, con niveles de deuda pública relativamente bajos en comparación con otros países de América Latina, lo que le otorgaba espacio para impulsar infraestructura de gran escala y proyectos capaces de transformar la productividad nacional. Sin embargo, la ausencia de una política de Estado sostenida ha limitado los resultados.
La principal deuda no es únicamente financiera, sino institucional. Sin planificación de largo plazo, mantenimiento, meritocracia, continuidad de políticas públicas y sanción efectiva frente a la corrupción, mayores presupuestos no garantizan mayor desarrollo.
El desafío de los próximos años consiste en transformar el gasto público en infraestructura y servicios de calidad, asegurar el mantenimiento de los activos existentes y establecer responsabilidades políticas, administrativas y penales cuando corresponda y cuando se compruebe un uso irregular de los recursos públicos.
Asimismo, será necesario evaluar las inversiones no solamente por cuánto dinero se ejecuta, sino por el valor que generan para la sociedad. Cada gran proyecto debería contar con objetivos verificables, indicadores de impacto, costos transparentes y evaluaciones posteriores que permitan determinar su verdadera contribución al crecimiento, la productividad y el bienestar.
Este Gobierno aún no cuenta con toda la información consolidada y actualizada. Por ello, los datos que proporcione la Contraloría permitirán contar con una base más precisa para evaluar la magnitud de los recursos comprometidos, identificar responsabilidades y determinar los resultados obtenidos.
A partir de esa información debe comenzar una verdadera política pública basada en investigación, planificación de inversiones, evaluación de impacto y análisis de tasas de retorno económico y social. El Perú necesita saber no solamente cuánto gasta, sino cuánto valor genera con cada sol de los ciudadanos.
Solo así la inversión pública podrá convertirse en un verdadero motor de crecimiento, competitividad y bienestar para todos los peruanos.
Con responsabilidad.
Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000.Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque.
0 comments on “25 años de inversión pública en el Perú: mucho gasto, resultados insuficientes y responsabilidades pendientes”