En estas semanas se ha hablado mucho de la principal preocupación que tiene el peruano de a pie, que no es otra que la inseguridad ciudadana, un tema que azota al país y al cual el Gobierno debería dedicarle la máxima prioridad. Un asunto que atañe directamente a este flagelo lo constituye la situación penitenciaria que existe en los 69 centros penitenciarios a nivel nacional.
Es fundamental abocarse a la tarea de controlar y descongestionar estos establecimientos, habida cuenta de que en muchos de ellos se articulan los crímenes que cometen algunos cabecillas de las bandas delincuenciales que se encuentran privados de su libertad. No es un descubrimiento que nuestras cárceles son escuelas del delito y en donde campean la mafia y el descontrol por parte de autoridades que no actúan como tales.
El sistema penitenciario, como se sabe, está a cargo del sector Justicia y Derechos Humanos. Queda absolutamente claro que la principal función de esta cartera es el control efectivo y eficiente de los penales; lamentablemente, esto no sucede. No es un tema de tal o cual Gobierno o ministro; es un problema que tiene décadas sin ser confrontado de manera técnica y competente.
¿Qué se ha hecho en los últimos tiempos? Cambiar de nombre a la entidad a cargo de las cárceles. Así, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue reemplazado por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR). Como si modificar el nombre de una entidad gubernamental fuese la solución, cual varita mágica, a un problema a todas luces estructural y no de simple maquillaje.
El sistema carcelario en el Perú se encuentra en una situación de crisis estructural y emergencia, caracterizada principalmente por un hacinamiento crítico que sobrepasa largamente la capacidad de su infraestructura y dificulta el objetivo constitucional de resocialización. Existen, a la fecha, alrededor de 104.000 internos en el país para una capacidad de apenas 42.000 personas.
Encima, cerca de 38.000 procesados no tienen condena firme; es decir, se encuentran privados de su libertad con medidas de carácter provisional. Muchos de ellos son delincuentes primarios por delitos que no revisten gravedad, estando hoy mezclados con los que sí son realmente peligrosos, aquellos que controlan las mafias existentes al interior de las cárceles y cometen sus fechorías de manera impune.
La crisis carcelaria no se resuelve con siglas nuevas ni decretos de escritorio. Mientras el Ejecutivo siga apostando por el maquillaje burocrático en lugar de una reforma estructural profunda —que incluya infraestructura real, separación efectiva de internos y el combate frontal a la corrupción interna—, los penales peruanos continuarán siendo el centro de operaciones de la delincuencia que nos sangra en las calles.
La seguridad ciudadana empieza por recuperar el control de las cárceles; de lo contrario, el Estado seguirá financiando las escuelas de su propio enemigo.
Ricardo León Dueñas
Abogado por la Universidad San Martin de Porres con estudios culminados de Maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, post grado en la Universidad de Piura y diplomado en arbitraje por el Centro de Arbitraje de la PUCP. Ha sido gerente de administración y finanzas de Prom Peru, asesor legal de la SBS, gerente legal de la ONP y consejero en el Estudio Muñiz, gerente general y representante legal de AON Benfield Peru, asesor legal y director de C&J Constructores. Miembro de la Misión de Observación Electoral de la OEA para las elecciones en Guatemala 2007 y candidato a la alcaldía de San Isidro en el 2014. Actualmente se desempeña como abogado, consultor independiente y columnista en diversos medios de prensa.
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