El debate sobre la compra de los F-16 se ha empobrecido hasta reducirse a una falsa disyuntiva: gastar en defensa o gastar en desarrollo. Esa dicotomía, cómoda para las redes sociales, oculta la pregunta que realmente importa. La cuestión no es si el Perú debe elegir entre aviones y hospitales, sino si un Estado puede sostener su soberanía sin una capacidad militar creíble y si puede hacerlo sin comprometer irresponsablemente sus finanzas públicas. Plantear el problema en esos términos obliga a abandonar tanto el pacifismo ingenuo como el entusiasmo armamentista y a situar la discusión donde corresponde: en el terreno de la estrategia de Estado.
Ignorar la modernización de la defensa tiene un costo, aunque sea invisible en el corto plazo. Un país que posterga indefinidamente la renovación de su flota aérea envía una señal de debilidad a sus vecinos y reduce su margen de maniobra diplomático. La disuasión no es solo un instrumento militar; es también un lenguaje político. Cuando un Estado carece de capacidad de respuesta creíble, sus decisiones en foros internacionales, sus negociaciones fronterizas y su influencia regional se debilitan en la misma proporción. La negligencia en defensa no es neutralidad: es una forma silenciosa de vulnerabilidad.
Pero el argumento inverso, que cualquier gasto militar es automáticamente una inversión en seguridad, es igual de simplista. Comprar aviones sin una doctrina clara que defina para qué escenarios se necesitan, sin un presupuesto sostenible que garantice su mantenimiento durante décadas y sin objetivos estratégicos explícitos no constituye una política de defensa: es un gesto. La historia militar latinoamericana está llena de ejemplos de equipamiento costoso que terminó inoperativo por falta de repuestos, entrenamiento o planificación presupuestaria. Un F-16 sin doctrina es tan inútil para la seguridad nacional como un hospital sin médicos.
La responsabilidad fiscal, entonces, no es un obstáculo para la defensa: es su condición de posibilidad. Un Estado que financia sus Fuerzas Armadas con deuda mal calculada o con recortes improvisados en otras áreas no está fortaleciendo su soberanía; la está hipotecando. La verdadera disuasión exige previsibilidad: saber que el equipo adquirido podrá operarse, repararse y renovarse en el tiempo, sin que cada cambio de gobierno ponga en riesgo la continuidad del programa. Eso requiere consensos que trasciendan a una sola administración, algo que la clase política peruana rara vez ha logrado en materia de defensa.
Por eso, la discusión sobre los F-16 debería obligarnos a exigir algo más que titulares. Antes de debatir el número de aviones, habría que exigir transparencia en los criterios técnicos, claridad en el financiamiento plurianual y una doctrina de defensa que explique qué papel cumple esa capacidad dentro de la estrategia nacional. Sin esas condiciones, cualquier decisión —comprar o no comprar— será igual de irresponsable.
La seguridad nacional no se protege con demagogia antimilitar ni con cheques en blanco para las Fuerzas Armadas. Se construye mediante una disuasión creíble, financieramente sostenible y subordinada a una estrategia de Estado que sobreviva a los gobiernos de turno. Ese, y no el falso dilema entre aviones y desarrollo, es el verdadero debate pendiente.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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