La crisis educativa peruana no se explica solo por las brechas de aprendizaje: también por la mala conducta estudiantil, las agresiones entre compañeros y la pérdida de disciplina, valores y autoridad pedagógica, sin los cuales resulta difícil formar ciudadanos responsables y garantizar una convivencia democrática.
La crisis de la educación peruana no se expresa únicamente en bajos aprendizajes. También se manifiesta en aulas donde se debilitan las normas, se relativiza la autoridad del docente y aumentan la mala conducta, las interrupciones, los insultos, las amenazas y las agresiones entre estudiantes. El problema no es la nostalgia por una escuela autoritaria, sino la pérdida de una autoridad pedagógica capaz de formar hábitos, límites y responsabilidad. Sin disciplina y valores, tampoco hay condiciones estables para aprender ni convivir.
Los resultados de PISA 2025 deben constituir una referencia central para evaluar esta situación. La prueba examina el desempeño de los estudiantes y las condiciones en que aprenden, incluido el clima escolar, la concentración y la convivencia. Sus resultados permitirán determinar, con evidencia actualizada, cuánto afectan la indisciplina, las distracciones, la mala conducta y la falta de respeto a la autoridad docente. No corresponde reemplazar esos datos por percepciones o anécdotas: la política educativa debe partir de indicadores comparables y verificables.
La ausencia de autoridad, sin embargo, no debe confundirse con falta de castigo. Una escuela en una democracia necesita autoridad legítima: reglas claras, consecuencias previsibles, docentes respaldados por la dirección y familias que comprendan que educar también implica exigir. La autoridad no humilla ni golpea; orienta, corrige y hace cumplir las reglas. Cuando las normas existen, pero nadie las aplica, el mensaje para el estudiante es inequívoco: la transgresión carece de consecuencias.
Las agresiones entre estudiantes revelan una dimensión especialmente grave. El acoso, las peleas, la intimidación, la discriminación y la violencia difundida mediante redes sociales dañan a las víctimas y deterioran la seguridad de toda la comunidad educativa. Además, cuando estas conductas se minimizan como simples “cosas de escolares”, se normaliza la violencia y se deja sin protección a quienes tienen menos capacidad para defenderse. La prevención debe incluir vigilancia, tutoría, atención psicológica, protocolos eficaces y comunicación inmediata con las familias.
El segundo problema es la transmisión de valores. Cuando el estudiante observa que la conducta disruptiva recibe indiferencia, que las agresiones quedan impunes o que las normas se aplican de manera desigual, aprende una lección peligrosa: el límite es negociable y la responsabilidad puede eludirse. Esa experiencia puede reforzarse fuera del aula por la corrupción, la impunidad y otras formas de privilegio. La escuela no puede corregir por sí sola todos esos males, pero sí debe ofrecer un espacio donde la honestidad, el respeto y la responsabilidad tengan consecuencias concretas.
Disciplina y mérito tampoco pueden separarse de las brechas sociales. Los resultados de PISA 2025 deberán analizarse según nivel socioeconómico, territorio, género y tipo de gestión escolar. El origen condiciona oportunidades, pero no elimina la responsabilidad individual. Por eso, la política educativa debe hacer dos cosas simultáneas: reducir las desigualdades de partida y recuperar estándares exigentes de conducta y aprendizaje.
El desafío es construir una escuela que vuelva a enseñar respeto, puntualidad, esfuerzo, honestidad y responsabilidad, sin regresar a prácticas autoritarias. La autoridad debe estar respaldada por instituciones; la disciplina, por reglas conocidas; y las sanciones, por proporcionalidad y debido proceso. La convivencia no se decreta: se construye mediante hábitos.
Las consecuencias de una mala educación no terminan en el aula. Se proyectan sobre el futuro de la sociedad y determinan la calidad de sus ciudadanos, instituciones y decisiones colectivas. Una escuela sin autoridad abandona al estudiante; una escuela con autoridad arbitraria lo somete. El objetivo debe ser otro: una autoridad legítima que proteja el derecho a aprender, detenga las agresiones, forme ciudadanía y convierta el mérito en una posibilidad real. Si el país no recupera disciplina, valores y responsabilidad, no estará formando ciudadanos libres, sino adultos preparados para reproducir la violencia, la indiferencia y la impunidad. La educación no es un asunto secundario: es el destino estratégico de la nación.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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