Soberanía y dignidad nacional: la defensa del Perú comienza por la persona humana

La soberanía del Perú no debe entenderse únicamente como la defensa de un territorio, de sus fronteras o de sus símbolos patrios. Es, ante todo, la capacidad de la Nación y del Estado de ejercer legítimamente su autoridad, proteger a sus ciudadanos y garantizar que ninguna organización criminal, grupo terrorista, acto de corrupción o abuso de poder se coloque por encima de la Constitución y de la ley.

La propia Constitución establece que el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana, y que el Estado es uno e indivisible. Asimismo, señala como deberes primordiales defender la soberanía nacional, garantizar la vigencia de los derechos humanos y proteger a la población frente a amenazas contra su seguridad.

Pero existe una premisa todavía más importante: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y del Estado. Por ello, defender al Perú no significa solamente defender una frontera; significa defender la vida, la libertad, la seguridad, la igualdad, la propiedad, la familia, el trabajo y la posibilidad de que cada ciudadano pueda vivir con dignidad.

Desde esta perspectiva, la lucha contra el terrorismo debe desarrollarse dentro del Estado constitucional de derecho. El terrorismo atenta contra la vida, la seguridad y la convivencia democrática; pero su combate debe realizarse mediante instituciones legítimas, inteligencia, justicia, prevención y el uso constitucional y legal de la fuerza. La defensa de la Nación no puede convertirse en una justificación para desconocer los derechos fundamentales que, precisamente, se pretende proteger.

La corrupción también constituye una amenaza para la soberanía democrática. Cuando recursos públicos son desviados, cuando las instituciones son capturadas por intereses particulares o cuando la función pública se utiliza para beneficio personal, se debilita la autoridad del Estado y se perjudica directamente al ciudadano. Combatirla exige transparencia, fiscalización, independencia institucional, responsabilidad de los funcionarios y aplicación efectiva de la ley.

Por eso, hacer respetar la Constitución debe significar exigir que nadie esté por encima de ella: ni terroristas, ni corruptos, ni autoridades, ni particulares. El artículo 45 establece que el poder del Estado emana del pueblo y que quienes lo ejercen están sujetos a las limitaciones y responsabilidades previstas por la Constitución y las leyes.

La soberanía peruana debe defenderse con firmeza, pero también con legalidad y respeto irrestricto de la dignidad humana. El verdadero patriotismo constitucional no consiste únicamente en proclamar orgullo por el Perú, sino en exigir que sus instituciones funcionen y que sus ciudadanos sean protegidos.

Defender la Nación implica enfrentar el terrorismo y toda forma de violencia criminal; combatir la corrupción en todos los niveles; fortalecer la justicia; proteger las instituciones democráticas y exigir responsabilidad a quienes ejercen poder público.

En definitiva, la soberanía adquiere su verdadero sentido cuando el Estado puede proteger a su población y garantizar sus derechos. Un Perú soberano es un Perú donde la Constitución tiene autoridad efectiva, donde la ley alcanza a todos y donde la persona humana constituye el centro de la acción estatal. La defensa de la Nación, por tanto, no debe construirse contra el ciudadano, sino a favor de su vida, su libertad, su dignidad y su futuro.

Con responsabilidad.

Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000.Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque.