La proliferación de candidaturas no garantiza una democracia más saludable. Cuando los partidos dejan de ser filtros de idoneidad, la elección puede convertirse en el mecanismo por el cual la debilidad institucional llega al poder.
La democracia contemporánea atraviesa una crisis de confianza que ya no puede explicarse solo por la polarización. También pesan el debilitamiento de los partidos, la distancia entre ciudadanos y representantes y la percepción de que las instituciones no logran seleccionar ni controlar con rigor a quienes administrarán poder y recursos públicos. El Perú llega a sus elecciones regionales y municipales de 2026 dentro de ese clima, con una competencia electoral extraordinaria.
El 4 de octubre se elegirán 13.148 autoridades regionales, provinciales y distritales. El JNE registra 55 partidos políticos y 95 movimientos regionales inscritos para este proceso. La magnitud revela una paradoja: nunca hubo tanta oferta electoral, pero tampoco resulta evidente que exista capacidad equivalente para evaluar la calidad, trayectoria e integridad de quienes pretenden gobernar. La democracia puede abrir las puertas; los partidos deberían impedir que por ellas ingrese cualquier candidatura.
La preocupación aumenta cuando aparecen postulantes con sentencias declaradas. Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Fuerza Popular figuran entre las agrupaciones que, en el debate electoral y en los registros de candidaturas, concentran postulaciones con antecedentes declarados. El dato exige precisión jurídica: una sentencia declarada no equivale automáticamente a una causal de exclusión, y una investigación fiscal jamás puede presentarse como condena. Confundir ambas categorías no fortalece la lucha contra la corrupción; la debilita.
El problema de fondo comienza antes de la cédula. Cuando una organización prioriza completar listas sobre la selección rigurosa, la formación política y la trayectoria, la candidatura deja de ser una responsabilidad institucional y se convierte en una oportunidad personal. Allí encuentran terreno fértil los llamados vientres de alquiler, las estructuras improvisadas y el reclutamiento de último minuto. Después llegan las consecuencias: concejos fragmentados, funcionarios sin preparación, obras paralizadas, contrataciones cuestionadas y mayores espacios para redes de corrupción.
El Estado dispone de herramientas que deberían utilizarse antes, y no después, de cada escándalo. La Plataforma Electoral del JNE permite revisar candidatos y sentencias declaradas, mientras Voto Informado facilita conocer hojas de vida y planes de gobierno. La Ventanilla Única permite, además, consultar antecedentes relevantes. El problema ya no es únicamente la falta de información: es la capacidad institucional para convertirla en un filtro de selección.
Por eso, la reforma no debería reducirse a prohibir candidaturas. Se requiere profesionalizar partidos, fortalecer elecciones primarias, elevar estándares de transparencia, asegurar trazabilidad documental e interoperabilidad de bases públicas y establecer responsabilidades por información falsa u omitida. También corresponde al ciudadano ejercer control soberano mediante información verificable, sin sustituir el debido proceso por sospechas o condenas mediáticas.
La elección no termina cuando se deposita el voto. Allí comienza la responsabilidad de quienes fueron escogidos y de las organizaciones que los llevaron hasta la cédula. El Perú no necesita menos democracia ni menos competencia: necesita partidos que entiendan que una candidatura no es un cupo, sino un compromiso con el Estado. Porque cuando los filtros fallan, la corrupción no necesita asaltar la democracia: puede entrar por la puerta principal, con una candidatura inscrita y un voto legítimo.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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