El bullying dejó de ser un problema confinado al aula. Hoy puede perseguir a un estudiante durante las 24 horas del día. Mientras la violencia se digitaliza, el sistema educativo continúa respondiendo con herramientas insuficientes frente a una realidad que cambia con rapidez.
Hay algo que debemos reconocer: el bullying ya no ocurre solamente dentro del colegio. Puede comenzar durante el recreo, continuar en un grupo de mensajería, multiplicarse en las redes sociales y terminar de madrugada en la habitación de una víctima. La puerta de la escuela dejó de ser una frontera. La violencia tampoco pide permiso para entrar en casa. Sin embargo, seguimos enfrentando una problemática del siglo XXI con respuestas que muchas veces pertenecen al pasado.
Los datos deberían bastar para encender las alarmas. En el Perú, el sistema oficial SíseVe acumula más de 50.000 denuncias de violencia escolar en los últimos años. El 64,7 % corresponde a agresiones entre pares; la violencia física representa el 43,3 % de los casos, la psicológica el 38,7 % y la sexual el 18 %. Existe, además, un dato particularmente preocupante: el 35,3 % de los casos señala como presuntos responsables a integrantes del personal docente o administrativo.
Esta realidad obliga a formular una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando la institución encargada de proteger al estudiante también aparece involucrada en la violencia? En ese momento, el problema deja de ser exclusivamente disciplinario y se convierte en una crisis institucional. Una denuncia ignorada, minimizada o gestionada de manera deficiente no solamente perjudica a la víctima; también transmite al agresor y a toda la comunidad educativa la peligrosa idea de que determinadas conductas pueden quedar impunes.
La tecnología ha ampliado todavía más el problema. Antes, abandonar el colegio podía significar encontrar un espacio de relativa seguridad. Hoy esa frontera prácticamente desapareció. Un mensaje, una fotografía manipulada, un video humillante o una publicación ofensiva pueden perseguir a un estudiante durante todo el día. La inteligencia artificial generativa añade nuevas posibilidades para crear y difundir contenidos falsos o dañinos con una velocidad y alcance que los mecanismos tradicionales de prevención todavía no consiguen enfrentar adecuadamente.
Pero sería demasiado sencillo responsabilizar únicamente a la tecnología. El verdadero desafío está en construir una respuesta integral. Una escuela difícilmente podrá prevenir y atender adecuadamente la violencia si carece de profesionales especializados, protocolos efectivos y mecanismos de seguimiento. Tampoco basta con registrar una denuncia si después no existe acompañamiento psicológico para la víctima, intervención con el agresor y participación activa de la familia.
La responsabilidad debe ser compartida, pero nunca diluida. El Estado debe garantizar recursos y supervisión; las autoridades educativas deben actuar ante las denuncias; los docentes necesitan capacitación; las familias deben recuperar protagonismo en la formación emocional y digital; y las plataformas tecnológicas deben fortalecer la protección de los menores. Ningún actor puede limitarse a trasladar el problema a otro.
El bullying cambió y nuestra respuesta no puede seguir rezagada. Ya no bastan protocolos, campañas ocasionales ni denuncias que terminan archivadas. Se necesitan prevención permanente, atención psicológica, educación emocional, alfabetización digital, supervisión efectiva y responsabilidades concretas. Cada caso ignorado, minimizado o atendido demasiado tarde tiene una víctima y revela una falla del sistema.
Proteger a nuestros estudiantes no puede ser una promesa ni una formalidad administrativa: debe ser una obligación irrenunciable. Porque cuando una escuela no puede garantizar que un niño aprenda sin miedo, no estamos ante un simple problema de convivencia; estamos ante el fracaso de un sistema que tiene el deber de protegerlo. El colegio ya no termina en la puerta. La violencia tampoco. Por eso, la responsabilidad de detenerla debe comenzar precisamente donde termina la indiferencia.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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