La seguridad nacional no puede depender de discursos ni reacciones tardías: requiere capacidades permanentes, inversión responsable y una conducción estratégica capaz de anticipar las crisis.
La seguridad nacional no se sostiene con ceremonias ni discursos. Se sostiene con capacidades. En un escenario internacional marcado por guerras prolongadas, competencia entre potencias, ciberataques, drones y presión sobre infraestructuras críticas, los Estados que descuidan su defensa terminan pagando más cuando llega la crisis. En 2025, el gasto militar mundial alcanzó US$2,887 billones, el nivel más alto registrado por SIPRI.
La señal internacional es clara. La OTAN anunció en julio de 2026 inversiones superiores a US$40.000 millones en capacidades contra drones durante los próximos cinco años. La enseñanza para el Perú no consiste en copiar presupuestos ajenos. Consiste en entender que la tecnología ha cambiado la naturaleza de la amenaza y que la preparación no puede avanzar a ritmo burocrático.
Para el Perú, la discusión debe partir de una pregunta incómoda: ¿qué capacidad real tiene el Estado para responder durante las primeras horas de una crisis? Allí se mide la defensa. No en ceremonias, anuncios o adquisiciones, sino en disponibilidad operativa, entrenamiento, mantenimiento, inteligencia, comunicaciones seguras, movilidad y mando.
La experiencia peruana demuestra que la seguridad no admite compartimentos estancos. Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea deben actuar bajo una lógica conjunta, mientras otras instituciones aportan desde sus competencias. La respuesta ante terremotos, inundaciones, incendios forestales y otras emergencias confirma el valor de contar con logística, ingeniería, transporte y presencia territorial. La defensa también es una capacidad nacional de respuesta.
El problema aparece cuando la inversión se confunde con compra. Una aeronave sin mantenimiento, un sistema sin repuestos, un dron sin operadores o una red digital sin protección no constituyen capacidades completas. Son activos vulnerables. Por eso, el criterio debe ser el ciclo de vida: adquisición, operación, sostenimiento, entrenamiento, actualización y reemplazo. Cada sol destinado a defensa debe traducirse en una capacidad verificable.
El presupuesto del Ministerio de Defensa para 2026, cercano a S/9.634 millones, obliga a discutir prioridades y resultados. No se trata de gastar más por reflejo, sino de gastar mejor, con planificación plurianual, interoperabilidad, transparencia y evaluación independiente. El país necesita saber qué puede hacer, qué no puede hacer y cuánto costaría cerrar cada brecha.
También existe una obligación menos visible: el bienestar del personal. Quien asume riesgos extraordinarios en nombre del Estado debe contar con formación, equipamiento, atención social y condiciones dignas. La gratitud institucional pierde contenido cuando no se acompaña de medidas concretas.
El 24 de septiembre, Día de las Fuerzas Armadas, establecido en 1977 y vinculado a la Virgen de la Merced, ofrece una fecha simbólica para revisar esta agenda. El homenaje tiene sentido cuando se convierte en política pública.
La seguridad integral exige abandonar la improvisación. Defensa, gestión de riesgos, ciberseguridad, inteligencia, diplomacia e infraestructura crítica deben formar parte de una arquitectura estratégica. El poder estatal debe fijar objetivos y fiscalizar recursos; las Fuerzas Armadas deben mantener capacidades profesionales para cumplir su misión constitucional. La soberanía no se proclama: se respalda con instituciones capaces, decisiones propias y preparación suficiente para que, llegado el momento, el Estado pueda actuar sin pedir permiso.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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