Días para ordenar el estado, coordinar poderes y recuperar la confianza ciudadana

Análisis integral
Los primeros sesenta días de un gobierno constituyen una etapa decisiva para demostrar que gobernar no significa solamente anunciar medidas, sino establecer prioridades, coordinar instituciones y convertir las decisiones públicas en resultados concretos. En el Perú, este desafío adquiere especial importancia porque la Política General de Gobierno 2026-2031 ya reconoce cinco grandes ámbitos, seguridad ciudadana, prevención de desastres, desarrollo integral de las personas, productividad y empleo, y gobernabilidad democrática.
Por ello, el tema recurrente de estos primeros 60 días debería ser “la recuperación de la capacidad del Estado mediante coordinación, responsabilidad y resultados”.
Orden de prelación

1. Seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado.
   Debe ocupar el primer lugar porque afecta directamente la vida, la libertad y la actividad económica. La respuesta requiere coordinación entre Ejecutivo, Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, gobiernos regionales y municipales. No se trata de que un poder sustituya a otro, sino de establecer objetivos comunes, intercambio de información y responsabilidades claramente delimitadas. La reciente experiencia del estado de emergencia en Lima y Callao demuestra la necesidad de articular Policía, Fuerzas Armadas y gobiernos locales dentro de sus respectivas competencias.
2. Reactivación económica, empleo e inversión.
   La seguridad debe complementarse con condiciones para producir, invertir y generar empleo formal. La prioridad debe ser destrabar proyectos, mejorar infraestructura, apoyar a las MYPE y ofrecer seguridad jurídica, evitando decisiones improvisadas que generen incertidumbre.
3. Salud, educación y protección social.
   La gestión debe concentrarse en problemas concretos: atención primaria, reducción de tiempos de espera, medicamentos, infraestructura educativa, aprendizajes y protección de las poblaciones vulnerables. No basta aumentar presupuestos; es necesario medir resultados y exigir responsabilidad administrativa.
4. Prevención de desastres y protección territorial.
   El Estado debe anticiparse a lluvias, inundaciones, huaicos, terremotos y otros riesgos. La prevención requiere coordinación nacional, regional y municipal, presupuesto oportuno y mantenimiento de infraestructura. La propia exposición del Gobierno ante el Congreso identificó retrasos importantes en obras de prevención y mantenimiento.
5. Institucionalidad y relación entre poderes del Estado.
   Este debe ser el principio transversal. El Ejecutivo debe gobernar dentro de sus competencias y trabajar con el Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, organismos constitucionales, gobiernos regionales y municipalidades. La Política General de Gobierno incluye expresamente el fortalecimiento de la coordinación entre instituciones políticas, jurídicas y sociales y la construcción de acuerdos.
   Una metodología para los 60 días
   El Gobierno podría establecer una agenda nacional de 60 días, con pocos objetivos prioritarios, responsables identificados, presupuesto disponible, cronograma e indicadores públicos.
   La lógica debería ser:
   diagnosticar → coordinar → ejecutar → medir → corregir → rendir cuentas.
   La responsabilidad política no consiste en concentrar todas las decisiones, sino en hacer que cada institución cumpla la función que constitucionalmente le corresponde. El Ejecutivo puede convocar, proponer, articular y ejecutar dentro de sus atribuciones; el Legislativo legisla y fiscaliza; el Poder Judicial administra justicia; el Ministerio Público dirige la investigación penal; y los gobiernos regionales y locales atienden las competencias que les corresponden.
   Conclusiones
   Los primeros 60 días deben ser de ordenamiento y resultados, no de confrontación institucional.
   La seguridad ciudadana debe recibir la primera prioridad, pero mediante una estrategia integral que incluya Policía, justicia, inteligencia, cárceles, gobiernos locales y prevención social.
   La recuperación económica debe avanzar paralelamente, porque seguridad, inversión y empleo están estrechamente relacionados.
   Salud, educación, agua, alimentación y protección social deben convertirse en indicadores concretos de gestión, evitando que la política pública quede reducida a anuncios.
   La prevención de desastres debe ser permanente, especialmente ante la vulnerabilidad de numerosas zonas del territorio nacional.
   La coordinación entre poderes del Estado debe convertirse en una práctica permanente. Coordinar no significa subordinar ni imponer: significa reconocer competencias, encontrar puntos de coincidencia y asumir responsabilidades.
   Finalmente, el verdadero balance de los primeros 60 días no debería medirse por la cantidad de decretos, discursos o anuncios, sino por cuánto se logró ordenar, cuánto se pudo ejecutar y cuánto mejoró la capacidad del Estado para responder al ciudadano.
   La responsabilidad del nuevo Gobierno, en consecuencia, puede resumirse en una fórmula: autoridad con límites constitucionales, coordinación sin subordinación y resultados con rendición de cuentas.
   Este enfoque permite que el tema sea recurrente durante los 60 días: “coordinar para gobernar y gobernar para producir resultados”, sin convertir la agenda en una imposición del Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado .Esto lo ha seguido y tratará con el diálogoh hasta agotar lo jurídico,con responsabilidad Rafael Aita Campodónico.

Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000.Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque.