Cada vez que utilizamos herramienta de inteligencia artificial (IA), guardamos una fotografía en la nube, vemos una película en streaming o realizamos una transferencia bancaria, algo ocurre en algún lugar. Un servidor procesa esa información, consume electricidad y genera calor que debe ser disipado. Detrás de muchas de las acciones que hoy consideramos digitales existe una enorme infraestructura física, formada por edificios, servidores, redes eléctricas, sistemas de refrigeración y fibra óptica. La nube, en realidad, está bastante lejos de ser una entelequia.
Durante años hemos percibido la transformación digital como si digitalizar significara, de alguna manera, desmaterializar la economía. Pero mientras nuestras actividades se vuelven más digitales, la infraestructura necesaria para sostenerlas crece muy rápido, y la expansión de la IA está acelerando ese proceso. La Agencia Internacional de Energía estima que los centros de datos consumirán alrededor de 485 TWh de electricidad en 2025 y que podrían acercarse a los 950 TWh en 2030. Para entonces representarían cerca del 3% de la demanda eléctrica mundial.
La preocupación real se dirige a cuantificar cuánta electricidad consumirán los data centers en el mundo, dónde la consumirán y si los territorios que los reciben están preparados para proporcionarla. La infraestructura digital se desarrollará más rápido que la infraestructura energética necesaria para sostenerla. Y ello también se refleja con el agua, algunos sistemas de refrigeración la utilizan directamente, mientras otros recurren al aire o a tecnologías diferentes. Por eso sería un error hablar de los data centers como si todos tuvieran la misma huella ambiental. Importan la tecnología, la fuente de electricidad, el clima y, sobre todo, el lugar donde decidimos instalarlos.
En ese contexto, América Latina ya está enfrentando estas decisiones. Chile ofrece uno de los casos más interesantes. En 2024, el Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente la aprobación ambiental del proyecto Cerrillos Data Center y ordenó incorporar los efectos del cambio climático en la evaluación del componente hídrico, al considerar que no existían antecedentes suficientes para descartar impactos significativos sobre el Acuífero Santiago Central. El caso tiene además una particularidad relevante: el titular había planteado posteriormente reemplazar las torres de enfriamiento basadas en agua por un sistema de condensación por aire, eliminando el uso de agua subterránea previsto originalmente.
Pero quizás lo más interesante de Chile sea lo que ocurrió después. En lugar de reducir la discusión a estar a favor o en contra de los data centers, el país desarrolló un Plan Nacional de Data Centers 2024–2030 que busca compatibilizar el crecimiento de esta industria con criterios ambientales y territoriales. Entre otras cosas, plantea considerar conjuntamente disponibilidad energética, conectividad, suelo y variables socioambientales para identificar zonas adecuadas para su desarrollo. La pregunta dejó entonces de ser solamente cuántos data centers atraer y pasó a incluir otra mucho más importante, dónde y bajo qué condiciones instalarlos.
Por otro lado, México permite observar otra dimensión del problema. En 2025, el Gobierno anunció una inversión de US$ 4.800 millones de CloudHQ para desarrollar seis centros de datos en Querétaro, sobre un terreno de 52 hectáreas. El proyecto contempla refrigeración sin agua, una decisión especialmente relevante para este tipo de infraestructura. Sin embargo, su dimensión permite ver con claridad el otro gran recurso involucrado. El proyecto contempla hasta 900 MW de carga informática crítica, de los cuales inicialmente se habían asegurado 200 MW. Reducir la presión sobre un recurso no hace desaparecer la presión sobre los demás. Y esa es quizá una de las lecciones más importantes de esta discusión.
Uruguay ofrece otro ejemplo. El proyecto de Google en Canelones utilizará un sistema de enfriamiento por aire durante su operación normal y será abastecido por la red eléctrica nacional, según la información de su Ministerio de Ambiente. El proyecto pasó además por el procedimiento de evaluación ambiental correspondiente. Son decisiones tecnológicas distintas para una infraestructura que cumple funciones similares. Esto demuestra que no existe una única forma de construir un data center ni una huella ambiental inevitable. Existen decisiones de diseño, localización y abastecimiento capaces de modificar considerablemente sus impactos.
Retornando al Perú, la discusión recién empieza a adquirir relevancia. En Lurín, por ejemplo, Cirion Technologies, empresa que ofrece infraestructura digital y conectividad en América Latina, informa que su centro de datos LIM2 cuenta con una capacidad de 20 MW y 12.000 metros cuadrados y está diseñado para atender, entre otros, proyectos de hiperescala y entornos de inteligencia artificial. Esa información permite observar hacia dónde comienza a moverse este tipo de infraestructura en el país.
Y precisamente allí aparece una nueva encrucijada cuya atención no deberíamos postergar. Lima y su entorno enfrentan desafíos importantes en materia de agua. En 2025, la Autoridad Nacional del Agua aprobó el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de las cuencas Chillón, Rímac y Lurín, señalando que entre sus principales desafíos se encuentran el estrés hídrico, la contaminación de las fuentes y el acceso equitativo al agua en un territorio del que dependen más de once millones de personas. Esto no significa que debamos oponernos a la instalación de data centers en Lima. Significa algo bastante más razonable, no todos los territorios pueden recibir cualquier infraestructura de la misma manera.
Y tal vez esta es la discusión que debemos comenzar ahora. ¿Queremos atraer data centers al Perú? Sin duda, forman parte de la infraestructura necesaria para una economía que quiere digitalizarse, desarrollar IA, mejorar su conectividad y atraer nuevas inversiones. Pero competir por esas inversiones no debe significar únicamente disponer de suelo, energía y conectividad. También debe significar preguntarnos desde el inicio qué estándares esperamos en eficiencia energética, uso de agua, sistemas de refrigeración, fuentes de energía y gestión de los equipos que eventualmente tendrán que ser reemplazados.
Debemos convertir esta exigencia en una oportunidad. Estamos a tiempo de incorporar estos criterios antes de que la infraestructura alcance una escala mucho mayor. Corresponde al Estado regular y establecer las condiciones y criterios que orienten su desarrollo, definiendo dónde tiene sentido instalarla, qué disponibilidad de energía y agua existe en esos territorios y qué tecnologías resultan más apropiadas para nuestras condiciones. No se trata de poner barreras a la inversión ni de enfrentar tecnología y sostenibilidad como si tuviéramos que escoger entre una y otra. Se trata de incorporar en nuestra mentalidad y, desde luego, en una política de Estado, la idea de que la competitividad del futuro también dependerá de qué tan bien sepamos gestionar los recursos que esa nueva economía necesita.
La IA puede parecernos intangible porque la encontramos en una pantalla. Pero detrás de cada respuesta, cada archivo y cada algoritmo existe infraestructura. Y esa infraestructura necesita energía, territorio y, dependiendo de cómo sea diseñada, también agua. La pregunta ya no es si seguiremos utilizando inteligencia artificial, eso ya está ocurriendo. La pregunta es si esperaremos a que esta infraestructura crezca para comenzar a discutir sus impactos o si aprovecharemos este momento para decidir cómo queremos que crezca.
La inteligencia artificial no vive en la nube, vive en algún lugar, y decidir dónde, cómo y con qué recursos queremos sostenerla también debería formar parte de nuestra transformación digital.
Giuliana Becerra
Ingeniera química, magíster en Química y magíster en Ingeniería de Procesos por la Universidad Claude Bernard Lyon 1, Francia, y doctora en Ingeniería de Procesos por la École Centrale Paris. Es profesora principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ex viceministra de Gestión Ambiental y experta en gestión ambiental, economía circular, calidad ambiental y políticas públicas para el desarrollo sostenible.
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