Ante la recomendación de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de delegar facultades al Ejecutivo en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, es necesario invocar a los congresistas de la Cámara de Diputados que concedan al actual Poder Ejecutivo la delegación de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana.
Tener en cuenta que uno de los graves problemas que agobian a la población es la inseguridad frente a la delincuencia en que no obstante, el encomiable trabajo policial de proteger a la población, la delincuencia individual y la organizada en bandas, diariamente y sin cesar cometen hurto o robos agravados, asaltos en vías públicas, establecimientos y viviendas, robo de vehículos, extorsión y cobro de cupos, sicariato, homicidios, secuestros, diversidad de modos de estafa, ciberdelincuencia, feminicidio, acoso sexual, tráfico de personas (meretricio), tráfico de drogas, minería ilegal, y otras. La extorsión, chantaje, intimidación, rapto y asesinatos ya son imparables a pesar de las protestas y movilizaciones colectivas para que se combata a los delincuentes.
Durante el proceso electoral, los “candidatos” “hacían sus propuestas” de planes de gobierno para combatir la delincuencia y el crimen organizado; “ofrecían, si eran electos” mejorar la infraestructura penitenciaria y edificar nuevos penales. Consideraban importante el rol de las Fuerzas Armadas, servicio de inteligencia, hasta “proponían” un referéndum para establecer la pena de muerte, la expulsión masiva de extranjeros indocumentados y la salida de la Corte IDH.
La Presidenta Keiko Fujimori, al asumir el cargo, ha solicitado facultades legislativas al Congreso por 120 días para implementar un conjunto de medidas destinadas a enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Las propuestas para combatir la delincuencia son el mayor despliegue y cooperación entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, fortalecer los sistemas de inteligencia, uso de video-vigilancia e inteligencia artificial para la PNP, el reforzamiento de la seguridad en los penales, trabajo coordinado con organismos como el FBI e intercambio de información transnacional para capturar bandas criminales. También en el Sistema de justicia la ampliación de las unidades de flagrancia y persecución económica directa contra mafias dedicadas a la extorsión, el sicariato y la minería ilegal.
Estando a las promesas electorales de candidatos al Congreso, es necesario adoptar de inmediato decisiones para enfrentar la delincuencia y evitar que siga creciendo. La ciudadanía considera que de inmediato se adopte, entre otros, fortalecer a la Policía Nacional. Para ello el Congreso debe aprobar incrementar las partidas presupuestarias destinadas para fortalecer la PNP en continuo enfrentamiento a los delincuentes. Las medidas necesarias e inmediatas son:
Que se incremente el número de policías para el servicio cotidiano las 24 horas del día y mejoras las comisarías y puestos policiales en el territorio nacional.
Ampliar y/o fortalecer los servicios secretos de inteligencia para ubicar y conocer las bandas delincuenciales y sus “proyectos” para delinquir y los probables lugares dónde y cómo actuarán. Tener en cuenta que las investigaciones policiales de delitos permitirán a los magistrados, fiscales y jueces a cargo de acciones penales, en sus respectivas funciones, tener pruebas idóneas contra los autores de delitos. Estando a las pruebas contenidas en los atestados policiales y los obtenidos por los fiscales, los magistrados jueces tendrán suficientes elementos para no dilatar los procesos penales a su cargo.
Impedir que los detenidos por la Policía que son puestos a disposición del fiscal y denunciados al juez, sean ilegalmente puestos en libertad; ¡volverán a delinquir!
Los fiscales y/o jueces – al procesar a quienes han cometido delitos – deben evitar que los casos prescriban por la lentitud en procesar a los delincuentes. La prescripción favorece al delincuente y hasta le “borran” sus antecedentes judiciales. La prescripción debido a la lentitud de los procesos penales, obviamente es una decepción para los policías que muchas veces arriesgan su seguridad y vida para enfrentar a los delincuentes.
Adicionalmente promover que los vecindarios – en sus respectivos domicilios – se organicen en sus barrios para estar prevenidos contra el actuar delincuencial y para, en colaboración con las comisarías de la Policía Nacional y también de los serenazgos municipales, puedan afrontar el constante actuar de delincuentes. Más aún, la PN puede adiestrar a los vecinos para enfrentar y detener a delincuentes que están actuando.
Para combatir la delincuencia, todos debemos estar unidos y libremente organizados y disciplinados y colaborar con la Policía Nacional. Es por nuestra propia garantía.
Estando a los actuales hechos delincuenciales, es justificado que se fortifique la institución policial. Por ende, es necesario que los “políticos” congresistas aprueben el pedido del Ejecutivo para que tengan la facultad de asegurar la seguridad ciudadana. Los políticos del Legislativo ¿lo harán?
José Roberto Rendón Vásquez
Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).
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