El creciente respaldo internacional a la autonomía propuesta por Marruecos redefine el futuro del Sáhara Occidental, pero la estabilidad regional exige garantías para la población saharaui y una diplomacia que preserve su independencia de criterio.
Las disputas territoriales heredadas del siglo XX están entrando en una nueva etapa. En un escenario internacional marcado por la competencia entre potencias, la seguridad y los intereses económicos pesan cada vez más sobre las decisiones diplomáticas. El Sáhara Occidental refleja esta tendencia: una controversia de descolonización que, tras décadas de negociaciones fallidas, enfrenta el pragmatismo geopolítico con el derecho de los pueblos a decidir su futuro.
Desde 1975, Marruecos controla gran parte del territorio, mientras el Frente Polisario reivindica la independencia saharaui. La ONU estableció en 1991 una misión destinada a facilitar un referéndum de autodeterminación, nunca celebrado. La falta de acuerdo sobre quiénes podrían votar y las profundas diferencias políticas terminaron bloqueando una solución que parecía viable al finalizar la Guerra Fría.
El escenario cambió con el creciente respaldo occidental al plan de autonomía presentado por Rabat en 2007. Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí en 2020 y Francia reforzó su apoyo en 2024. La Resolución 2797 del Consejo de Seguridad, aprobada en octubre de 2025, dio mayor centralidad a la propuesta marroquí como base de negociación, sin resolver definitivamente la cuestión de soberanía.
Este giro responde a intereses concretos. Marruecos constituye un socio relevante para Europa y Estados Unidos en seguridad, comercio, migración y cooperación antiterrorista. Su posición atlántica adquiere mayor importancia frente a la inestabilidad del Sahel, donde operan organizaciones extremistas y redes criminales. Para diversas capitales, una administración territorial previsible resulta preferible a prolongar indefinidamente una disputa sin avances sustanciales.
Sin embargo, confundir respaldo diplomático con legitimidad definitiva sería un error. El derecho internacional mantiene vigente la libre determinación del pueblo saharaui. Una autonomía sin representación efectiva, garantías institucionales ni participación en los beneficios de los recursos naturales podría transformar un conflicto territorial abierto en una tensión política permanente, menos visible, pero igualmente peligrosa.
También importa distinguir autonomía de subordinación administrativa. Su credibilidad dependerá de competencias reales, autoridades representativas, protección cultural, mecanismos de fiscalización y garantías verificables de derechos humanos. La situación de los refugiados saharauis en territorio argelino exige, además, respuestas humanitarias sostenidas y oportunidades concretas de reunificación familiar.
Para el Perú, esta controversia requiere prudencia y consistencia. La política exterior no debería adoptar automáticamente las preferencias de las grandes potencias ni quedar atrapada en posiciones maximalistas. Corresponde evaluar cualquier fórmula política conforme al derecho internacional, su viabilidad institucional y sus efectos sobre la población involucrada, sin comprometer anticipadamente decisiones soberanas.
La salida más razonable exige combinar realismo estratégico y legitimidad democrática. La autonomía puede constituir una vía negociable, pero no reemplazar el consentimiento saharaui ni las garantías internacionales. El Perú debe respaldar una solución política verificable, sin extender cheques en blanco. En diplomacia, el pragmatismo solo produce estabilidad duradera cuando reconoce que la paz necesita algo más que control territorial: requiere legitimidad, derechos y acuerdos sostenibles.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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