La confrontación política desvía la atención de las urgencias nacionales, debilita la respuesta estatal y posterga decisiones indispensables frente al crimen organizado y las emergencias climáticas.
La polarización política dejó de ser solo un problema de convivencia democrática. En el Perú, también constituye un riesgo operativo para el Estado: desvía la atención hacia disputas partidarias, bloquea acuerdos básicos y reduce la capacidad de respuesta frente al crimen organizado y las emergencias climáticas. Cuando cada decisión se interpreta como una victoria o una derrota, la seguridad se posterga, la prevención se improvisa y las instituciones pierden eficacia.
El reciente incidente protagonizado por representantes políticos en el Parlamento confirma esa amenaza. Las conductas impropias deben investigarse y, si corresponde, sancionarse conforme a los reglamentos. Sin embargo, convertir un episodio puntual en una confrontación nacional otorga a la coyuntura un peso desproporcionado. Mientras se intercambian acusaciones, quedan relegadas decisiones que exigen continuidad, presupuesto y coordinación.
Esa pérdida de rumbo tiene consecuencias concretas. La extorsión, el sicariato y las economías ilegales golpean a familias, transportistas, comerciantes y empresas. Enfrentarlos requiere inteligencia policial, investigación criminal, control penitenciario y coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Nada de ello se construye con discursos incendiarios. Hace falta sostener políticas, publicar indicadores y exigir resultados en homicidios, denuncias de extorsión y casos esclarecidos.
La controversia política también distorsiona la memoria de la violencia terrorista. Sendero Luminoso fue una organización terrorista responsable de asesinatos y destrucción sistemáticos. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones constitucionales encargadas de proteger al país dentro de la ley. Confundir ambas realidades es históricamente incorrecto.
Enfrentar innecesariamente a las Fuerzas Armadas, empeñadas en atender las demandas del país, con un grupo terrorista que militarmente dejó de existir no contribuye a la verdad ni a la reconciliación. Por el contrario, reabre heridas y debilita la autoridad democrática. La crítica debe dirigirse a conductas concretas y sustentarse en pruebas, no en equivalencias políticas carentes de rigor.
Reconocer la legitimidad de la defensa estatal no impide investigar los excesos contra los derechos humanos cometidos por agentes públicos. La justicia exige responsabilidades individuales, no condenas colectivas ni impunidad. Solo una memoria equilibrada puede impedir que el pasado sea utilizado como arma de confrontación.
El mismo déficit aparece en la prevención climática. La exposición al fenómeno de El Niño exige información científica, mantenimiento de cauces y drenajes, infraestructura resistente y presupuestos ejecutados antes de la emergencia. Cuando la agenda pública se consume en enfrentamientos, la prevención pierde prioridad. Después, la improvisación se paga con daños, desplazamientos y vidas humanas.
La raíz del problema es institucional. Un Estado dividido por rivalidades partidarias no sostiene políticas de largo plazo, coordina mal y aprende poco de sus errores. La unidad nacional no exige unanimidad ni silencio frente a los abusos, sino reglas compartidas, controversias resueltas por canales institucionales y objetivos capaces de sobrevivir a los gobiernos.
La respuesta debe ser técnica y soberana: una agenda nacional de seguridad, prevención climática y reforma institucional, con metas públicas, responsables identificables, presupuesto protegido y evaluación independiente. El Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos regionales y locales deben coordinar capacidades y rendir cuentas periódicamente. La democracia no se defiende solo rechazando la violencia; también protegiendo la vida, garantizando justicia y anticipando desastres.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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