La defensa institucional de la República exige impedir que las economías ilegales y cualquier infiltración extremista conviertan el poder público en un instrumento de impunidad. La respuesta debe combinar controles firmes, pruebas verificables y respeto irrestricto al debido proceso.
La República se debilita cuando el Estado pierde el control sobre el territorio, el dinero y sus propias instituciones. Esa es la tesis central que une dos amenazas aparentemente distintas: la expansión de la minería ilegal y la eventual presencia, dentro del aparato público, de personas vinculadas a organizaciones contrarias a la democracia. En ambos casos, el riesgo no consiste solo en la infracción de una norma, sino en la captura progresiva de funciones que pertenecen a la nación.
La minería ilegal ya no puede ser reducida a un problema ambiental. En Madre de Dios, Pataz y otras zonas, sus redes acumulan recursos, controlan espacios, financian extorsión y sicariato, y buscan protección política. Cuando una economía clandestina dispone de más capacidad de presión que las autoridades locales, la soberanía deja de ejercerse plenamente. El Estado permanece en el mapa, pero pierde autoridad efectiva sobre la vida cotidiana.
El alza internacional del oro intensifica esa disputa. El Consejo Mundial del Oro reportó que el precio promedio del metal durante el segundo trimestre de 2026 superó en 37% al registrado un año antes. El incremento puede favorecer la producción formal y generar divisas, pero también eleva el atractivo de la extracción ilegal, el contrabando y el lavado de activos. El oro produce riqueza; sin controles, también puede comprar silencios, lealtades e impunidad.
La violencia confirma que se trata de un asunto de seguridad nacional y defensa institucional. La extorsión, el sicariato y la explotación laboral afectan a empresarios formales, trabajadores y comunidades. El Comando Unificado Pataz reportó pérdidas operativas cercanas a 250 millones de soles durante su primer año. El resultado importa, pero no basta si las organizaciones criminales reconstruyen sus operaciones, recuperan activos o conservan influencia local. La métrica decisiva debe ser la reducción sostenible de la violencia y la judicialización efectiva de los responsables.
La misma preocupación surge cuando personas cuestionadas por presuntos vínculos con organizaciones terroristas ocupan puestos públicos. No corresponde condenar por una coincidencia nominal ni convertir una denuncia en sentencia. Pero tampoco resulta aceptable que la presunción de inocencia sea utilizada para abandonar los filtros de idoneidad. Cada caso debe esclarecerse mediante documentos, antecedentes, declaraciones y conductas verificables, con intervención de la Fiscalía, el Congreso y los órganos de control.
La defensa de la República exige distinguir entre investigar y perseguir. Los nombres que aparecen en planillones atribuidos al Movadef deben ser contrastados con hechos concretos: participación, ocultamiento, vínculos actuales y eventual uso indebido del cargo. La democracia se protege cuando sanciona conductas probadas y, al mismo tiempo, impide que la duda razonable sea reemplazada por la indiferencia institucional.
La formalización minera revela una debilidad semejante. La prolongación de regímenes excepcionales, sin metas, plazos exigibles ni sanciones claras, termina otorgando apariencia legal a actividades que incumplen condiciones ambientales, laborales y tributarias. Una inscripción administrativa no reemplaza una autorización ni convierte en formal a quien continúa operando fuera de la ley. La excepción debe conducir a la legalidad, no convertirse en su sustituto permanente.
Por ello, el país necesita una política transversal de integridad para los poderes del Estado y los organismos autónomos. Debe incluir antecedentes verificados, declaraciones patrimoniales contrastables, control de conflictos de intereses, identificación de beneficiarios finales y auditorías independientes. En el sector minero, la trazabilidad debe abarcar extracción, transporte, procesamiento y exportación, además del control de explosivos, combustible y flujos financieros.
La seguridad nacional no se defiende con persecuciones políticas ni con tolerancia ingenua. Se defiende recuperando la autoridad institucional, cortando circuitos financieros y sancionando conductas probadas. La minería ilegal y la infiltración extremista comparten un efecto: reducen la capacidad del Estado para decidir en nombre de todos. Blindar la República exige justicia independiente, controles permanentes y decisiones soberanas basadas en evidencia.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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