La soberanía amazónica no se recuperará con operativos aislados, sino con una estrategia permanente que combine seguridad territorial, justicia eficaz, cooperación internacional y desarrollo para las comunidades.
La soberanía amazónica se recupera con una decisión política y técnica inequívoca: el Estado debe volver a controlar de manera permanente sus ríos, fronteras y recursos mediante seguridad, justicia, cooperación internacional y desarrollo. Ninguna de estas dimensiones puede operar por separado. Sin seguridad, el territorio queda expuesto; sin justicia, la intervención se vuelve episódica; sin cooperación, las redes criminales aprovechan las fronteras; y sin desarrollo, la población seguirá dependiendo de economías ilegales.
La demanda internacional de oro y drogas ha convertido las fronteras amazónicas en corredores de una economía que conecta territorios desatendidos con mercados globales. Para el Perú, el problema ya no es únicamente policial. Allí donde las organizaciones criminales controlan rutas, compran protección y condicionan la vida cotidiana, la autoridad pública pierde capacidad efectiva de gobernar y la soberanía se vuelve nominal.
Loreto expresa esta vulnerabilidad. Su extensa red fluvial facilita intercambios indispensables para las comunidades, pero también permite trasladar mercancías ilícitas entre jurisdicciones con capacidades desiguales. Narcotráfico, minería ilegal y tráfico de madera pueden compartir transporte, intermediarios y mecanismos de corrupción, aunque no constituyan una organización única. Por eso, la respuesta debe perseguir redes, flujos financieros y estructuras de protección, no solo operadores visibles.
Los datos recientes obligan a precisar el diagnóstico. Devida informó que los cultivos de coca disminuyeron a 84.546 hectáreas en 2025, una reducción nacional del 5,8%. Es un avance relevante, pero insuficiente para acreditar una recuperación territorial. Además, la comparación económica ayuda a dimensionar el incentivo criminal: una hectárea de coca puede generar ingresos ilícitos anuales de varios miles de dólares, mientras que una operación de extracción aurífera ilegal puede mover decenas o cientos de miles de dólares en poco tiempo. El oro ofrece mayor liquidez, facilidad de transporte y capacidad para lavar ganancias; la coca sostiene cadenas más extensas y persistentes. No compiten necesariamente: con frecuencia se complementan y financian redes distintas dentro de un mismo sistema criminal.
En paralelo, el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina registró 704 dragas en ríos de Loreto durante 2025 y 2026, equivalentes al 46% de su registro histórico desde 2017. Documentó presencia en trece ríos. Son registros acumulados, no un censo de equipos operando simultáneamente; aun así, revelan la extensión territorial del problema y la necesidad de vigilancia sostenida.
La consecuencia supera la pérdida de recursos naturales. La contaminación amenaza el agua y los alimentos; la violencia restringe la movilidad y debilita a las autoridades comunales. Cuando denunciar supone exponerse a represalias y la actividad legal carece de transporte, crédito o compradores, la población queda atrapada entre la coacción criminal y el abandono estatal.
La reciente visita del comandante del Comando Sur de Estados Unidos y del embajador estadounidense en el Perú debe leerse en ese contexto. El encuentro no sustituye la conducción peruana ni autoriza tutelas externas, pero puede traducirse en cooperación concreta: intercambio de inteligencia, vigilancia de rutas fluviales, capacitación, mantenimiento de capacidades y persecución de redes financieras. La asistencia será útil solo si responde a prioridades definidas por Lima, con transparencia, control institucional y respeto al derecho internacional.
En esa línea, lo pactado en el denominado Escudo de las Américas debe convertirse en resultados verificables y no en una fórmula diplomática. La coordinación regional debe establecer protocolos de información, operaciones compatibles y mecanismos para medir avances. La soberanía no se debilita cuando el Estado solicita apoyo; se debilita cuando carece de objetivos propios, supervisión y capacidad para sostenerlos.
La seguridad requiere presencia continua, no incursiones ocasionales. Destruir una draga interrumpe una operación, pero no necesariamente desarticula su financiamiento. Declarar una emergencia puede facilitar intervenciones, aunque su repetición no reemplaza una estrategia. La métrica decisiva debería ser cuánto tiempo permanece una cuenca bajo control público efectivo, con navegación segura, denuncias atendidas y servicios accesibles.
Eso exige presupuesto plurianual, responsabilidades claras y coordinación entre fiscales, policías, autoridades fluviales y gobiernos territoriales. La vigilancia satelital debe alimentar investigaciones y respuestas oportunas. El seguimiento del oro, los combustibles y las transferencias financieras debe identificar beneficiarios y sostener procesos judiciales. La formalización requiere controles verificables para impedir que trámites administrativos encubran actividades prohibidas.
La cooperación con Brasil y Colombia resulta indispensable para evitar que la presión desplace las operaciones al otro lado de la frontera. Compartir información y coordinar controles fortalece la soberanía cuando existen objetivos nacionales, límites claros y rendición de cuentas. Esa cooperación debe acompañarse de protección a dirigentes indígenas, conectividad y oportunidades legales viables.
Recuperar la Amazonía exige una política de Estado con metas, presupuesto, responsables y evaluación pública. El objetivo no puede limitarse a decomisar maquinaria o anunciar nuevas emergencias, sino a desarticular las economías criminales, proteger a las comunidades y garantizar que la ley prevalezca de manera permanente. La soberanía será real cuando el Estado controle sus fronteras, administre sus recursos, imparta justicia y ofrezca alternativas legales sin depender de la improvisación ni de intereses externos. La Amazonía no necesita promesas: necesita autoridad legítima, instituciones presentes y una estrategia sostenida hasta que el territorio vuelva a estar efectivamente bajo control nacional.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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