El elevado costo del crédito y la falta de competencia limitan el crecimiento económico. Reducir estas barreras exige reformas técnicas que amplíen el acceso financiero sin comprometer la estabilidad monetaria.
En un mundo donde el crédito determina la capacidad de invertir, consumir y prosperar, el precio del dinero constituye una medida concreta de inclusión económica. El Perú exhibe una contradicción persistente: conserva instituciones monetarias relativamente sólidas, pero financiar una compra, ampliar un negocio o enfrentar una emergencia continúa siendo demasiado caro para buena parte de la población. La estabilidad macroeconómica, por sí sola, no garantiza un sistema financiero accesible.
En octubre de 2026, el Banco Central de Reserva mantuvo su tasa de referencia en 4,25 %. Entretanto, las tasas de numerosas tarjetas de crédito superan ampliamente el 50 % anual. No son magnitudes directamente comparables: una orienta el mercado interbancario y las otras incorporan riesgo, gastos y rentabilidad. Sin embargo, la distancia obliga a examinar cómo funciona la competencia y quién termina pagando sus deficiencias. El problema no es solo monetario, sino también institucional y competitivo.
La primera explicación es la informalidad. Según el INEI, alrededor de siete de cada diez trabajadores tenían empleo informal en 2024. Sin ingresos registrados ni documentación constante, demostrar capacidad de pago resulta difícil incluso para quienes cumplen puntualmente sus obligaciones. A ello se añaden la morosidad, los costos de cobranza y la escasa educación financiera, factores que encarecen los préstamos pequeños. El sistema termina aplicando una prima generalizada que también afecta a buenos pagadores.
Pero atribuir todo al riesgo sería una explicación incompleta. La concentración bancaria, las dificultades para trasladar cuentas e historiales y la limitada transparencia del costo efectivo restringen las opciones del cliente. La solvencia regulatoria es necesaria; convertir sus requisitos en obstáculos desproporcionados para competidores solventes sería otra cosa. La supervisión debe proteger depósitos y usuarios, no preservar cuotas de mercado ni desalentar la innovación financiera.
Por esa razón, el costo del crédito y la competencia financiera fueron considerados dentro de las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. La inclusión del tema respondía a una necesidad concreta: remover barreras regulatorias, promover nuevos operadores, fortalecer la interoperabilidad y ampliar el acceso a información crediticia, sin trasladar al Congreso decisiones técnicas que corresponden a los organismos especializados. No se trataba de intervenir arbitrariamente las tasas, sino de corregir condiciones que limitan la competencia y encarecen el financiamiento.
La ciudadanía, sin embargo, observa estas iniciativas con una mezcla de expectativa y desconfianza. Para millones de usuarios, las tasas elevadas, las comisiones y el trato desigual confirman la percepción de que el sistema financiero favorece a quienes ya tienen ingresos formales y excluye a trabajadores independientes y pequeños negocios. Al mismo tiempo, existe temor de que las facultades legislativas se conviertan en un cheque en blanco o terminen beneficiando a grupos particulares. Esa percepción exige reformas transparentes, verificables y orientadas a resultados.
El problema trasciende la economía familiar. Cuando el crédito formal resulta inaccesible, una bodega posterga inventarios, un trabajador independiente renuncia a comprar herramientas y una familia recurre al prestamista informal. Así se debilita la productividad y se agranda la desigualdad. El costo no aparece únicamente en el estado de cuenta: también se expresa en negocios que no crecen, empleos que no se crean y oportunidades que nunca llegan a concretarse.
La respuesta tampoco consiste en ordenar tasas artificialmente bajas. Los topes pueden proteger a determinados usuarios, pero también inducir a las entidades a rechazar solicitudes de mayor riesgo o trasladar costos mediante comisiones. La salida exige distinguir entre reglas indispensables para la seguridad financiera y trabas que limitan la innovación sin aportar protección equivalente. La prudencia regulatoria no debe confundirse con inmovilismo, ni la inclusión con permisividad.
El país ya avanzó en interoperabilidad de pagos, una base que debe consolidarse. El siguiente paso es una banca abierta con consentimiento informado, protección rigurosa de datos y acceso seguro a información financiera. Un historial construido con pagos de servicios y transacciones verificables podría ampliar oportunidades para quienes hoy son invisibles ante los bancos. También conviene facilitar el ingreso gradual de nuevos operadores, bajo supervisión proporcional, exigente y técnicamente independiente.
Ninguna reforma será sostenible sin competencia verificable, información comprensible y fiscalización de abusos. Corresponde al Estado fijar reglas claras, medir resultados y preservar el control soberano de la política económica; al regulador, aplicar criterios técnicos sin interferencias políticas; y a las entidades, competir por precio, calidad y servicio. El objetivo no es debilitar al sistema, sino hacerlo más abierto y responsable. La soberanía financiera se fortalece cuando prestar es seguro, competir es posible y endeudarse deja de ser un privilegio.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de división en retiro, excomandante general del Ejército del Perú, especialista en seguridad y defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE. UU. y la ONU.
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