Los primeros cien días de este período gubernamental permiten evaluar el rumbo de un gobierno, aunque todavía no definan su destino. En el caso de Keiko Fujimori, esta etapa plantea un desafío central: convertir la autoridad recibida en las urnas en demostración de capacidad de gestión mediante resultados concretos, y obtención de confianza ciudadana. La legitimidad electoral permite iniciar un mandato; su sostenimiento exige resultados, respeto institucional y capacidad para construir acuerdos.
El Ejecutivo ha mostrado iniciativa y acción, y ha colocado la seguridad ciudadana y la prevención frente a El Niño entre sus prioridades. Al respecto, es evidente que el gobierno está actuando. En seguridad ciudadana será necesario un poco de paciencia porque en un período muy corto no se puede resolver un problema estructural tan complejo como la criminalidad, En la prevención de El Niño, hemos tenido 10 años de inacción, nada o muy poco se hizo desde el fenómeno de 2017.
De otro lado, cuestionamientos a algunos ministros pueden exponer distancia entre la voluntad política y la acción sectorial. Esa brecha puede constituir el principal riesgo para un gobierno que despertó expectativas de orden y eficiencia.
La confianza ciudadana dependerá de que las decisiones produzcan mejoras perceptibles. Cien días son insuficientes para resolver problemas estructurales, pero permiten examinar la calidad de los equipos, la coherencia de las medidas y la capacidad de corregir errores. La autoridad se fortalece cuando ofrece resultados dentro de las reglas democráticas y explica con claridad sus límites y prioridades.
La oposición enfrenta su propia prueba. Fiscalizar al Ejecutivo es una responsabilidad indispensable, pero construir legitimidad como alternativa exige también propuestas y consistencia. El debate sobre la delegación de facultades mostró la capacidad del Congreso para limitar la agenda gubernamental; evaluar ese contrapeso requiere considerar tanto los controles establecidos como las respuestas que necesita el país.
La fragmentación opositora plantea, además, un problema de representación: cuando las bancadas carecen de posiciones estables, resulta difícil identificar qué defienden y qué compromisos pueden sostener. La crítica pierde fuerza si no está acompañada de alternativas viables y de disposición para respaldar medidas beneficiosas.
La oposición se ha desgastado por cuestionamientos graves como una congresista que se estaría apropiando parte del sueldo de una colaboradora, o la presencia de un congresista maltratador de mujeres, o de otros acusados de vinculación a Sendero Luminoso. A la vez, se observan disidencias y fuertes tensiones partidarias.
De otro lado, la oposición no muestra una agenda legislativa para solucionar los problemas del país, pero sí prioriza temas políticos como la liberación del expresidente Pedro Castillo, que cometió delito contra la democracia al dar un golpe de Estado.
La gobernabilidad exige un Ejecutivo capaz de conducir y una oposición capaz de controlar y proponer. Las responsabilidades son distintas: corresponde al gobierno gestionar y responder por sus decisiones; a la oposición, fiscalizar con rigor y ofrecer alternativas. Al cumplirse cien días, ambos deben demostrar que la competencia política puede traducirse en instituciones más eficaces y en una relación de mayor confianza con la ciudadanía.
Luis Benavente.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Magíster en Administración, graduado por la Universidad de Lima. Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Vox Populi Consultoría y analista político en medios de comunicación nacionales e internacionales. En la Universidad de Lima ha sido director del Grupo de Opinión Pública y director de imagen institucional. Ha sido docente del Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales de la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, del Máster en Comunicación Política e Institucional del Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, de la Facultad de Comunicación de la PUCP y de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. También ha sido presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Comunicación Social y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política.
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