Jorge Céliz Kuong
6 de noviembre de 2026
El triunfo demócrata redistribuye el poder, pero no garantiza un cambio duradero. La disputa se decidirá en la capacidad de negociar y recuperar el bienestar familiar.
La política exterior de una potencia pierde respaldo cuando sus costos desbordan el presupuesto familiar. Ese vínculo ayuda a interpretar el revés republicano del 3 de noviembre: las disputas internacionales y la promesa de recuperación industrial compiten con una exigencia inmediata de bienestar. Washington enfrenta un problema de resultados, además de representación.
Según Associated Press, los demócratas conquistaron ambas cámaras del Congreso. El resultado constituye una derrota política para Donald Trump, pero no transfiere el Poder Ejecutivo ni liquida el movimiento que lo sostiene. La nueva mayoría asumirá en enero de 2027: hasta entonces, corresponde distinguir el mandato electoral de su ejercicio institucional.
El veto presidencial sigue siendo decisivo: revertirlo exige dos tercios de los votos en cada cámara. Sin acuerdos republicanos, una mayoría demócrata no basta para imponer un programa. Sin embargo, el Congreso dispone de instrumentos sustantivos: presupuesto, fiscalización y, en el Senado, confirmación de nombramientos. Gobernar dividido obliga a negociar; no autoriza a desconocer controles.
El antecedente de Bill Clinton resulta ilustrativo: perdió el Congreso en 1994 y obtuvo la reelección en 1996. Pero la comparación tiene un límite fundamental. La vigesimosegunda enmienda impide elegir presidente a una persona más de dos veces. Para 2028, la cuestión será la continuidad del proyecto republicano, no otra candidatura presidencial de Trump.
La presión económica ofrece una medida concreta del desafío. En septiembre, la inflación interanual estadounidense alcanzó el 3,7 %, según la Oficina de Estadísticas Laborales; la gasolina aumentó 9,1 % respecto de agosto. Estas cifras explican la relevancia del costo de vida, aunque por sí solas no demuestran qué motivó cada voto ni sustituyen un análisis electoral.
La métrica central debería ser el poder adquisitivo: cuánto rinde el ingreso después de pagar vivienda, alimentación, energía y transporte. Una estrategia industrial puede elevar la productividad futura, pero necesita plazos verificables y beneficios distribuidos. Tampoco conviene financiar alivios generales sin respaldo fiscal: trasladar la cuenta hacia adelante puede encarecer el crédito y debilitar la recuperación.
En el exterior, las decisiones sobre Irán y Ucrania deben evaluarse por objetivos, costos y posibilidades de salida. La firmeza requiere capacidad material y respaldo interno. Una escalada que presione la energía puede erosionar ambos. Corresponde combinar disuasión y diplomacia, sometiendo los compromisos presupuestarios al escrutinio del Congreso y evitando promesas estratégicas sin financiamiento sostenible.
La política migratoria exige igual precisión. Atribuir el voto hispano exclusivamente a los operativos de ICE simplifica un electorado diverso y requiere evidencia desagregada. El control fronterizo debe acompañarse de procedimientos verificables, debido proceso y rendición de cuentas. La eficacia estatal también se mide por su capacidad de aplicar normas sin arbitrariedades.
La salida exige acuerdos acotados sobre costos familiares, inversión y estabilidad presupuestaria, con metas públicas y evaluación independiente. Republicanos y demócratas deberían respaldar medidas por sus resultados comprobables. Para países como el Perú, conviene negociar intereses concretos, diversificar vínculos y preservar decisiones soberanas. Cantar victoria antes de tiempo confunde una mayoría legislativa con una transformación duradera.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de división en retiro, excomandante general del Ejército del Perú, especialista en seguridad y defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE. UU. y la ONU.
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