El nuevo Congreso estadounidense y los cambios políticos sudamericanos ponen a prueba la continuidad del Escudo de las Américas. El Perú debe convertir la cooperación contra el crimen organizado en compromisos jurídicos duraderos, sin comprometer su soberanía.
La seguridad hemisférica ya no se decide únicamente en las fronteras. El crimen organizado aprovecha puertos, rutas comerciales y circuitos financieros mientras Washington busca contener redes ilícitas y proteger infraestructura estratégica. Para el Perú, el Escudo de las Américas plantea una oportunidad de cooperación, pero también una pregunta decisiva: cómo convertir una iniciativa política en seguridad efectiva sin ceder autonomía.
La respuesta enfrenta un nuevo escenario en Estados Unidos. Tras las elecciones de noviembre, los demócratas controlarán ambas cámaras del Congreso desde enero de 2027. Podrían fortalecer la asistencia técnica, financiar investigaciones transnacionales y fiscalizar el intercambio de inteligencia. También pueden revisar prioridades, restringir operaciones y disputar a Donald Trump la conducción de esta política. El impulso legislativo dependerá de acuerdos concretos, no de afinidades presidenciales.
Sudamérica tampoco ofrece un frente uniforme. La reelección de Lula en Brasil ratifica una diplomacia que privilegia la autonomía regional y evita alineamientos automáticos. La ausencia brasileña resta alcance continental al Escudo. En Paraguay, la destitución de Santiago Peña y la sucesión de Pedro Alliana evidencian la vulnerabilidad de compromisos asociados a liderazgos personales, aunque no equivalen por sí mismas a una retirada del mecanismo.
Argentina, bajo Javier Milei, mantiene una estrecha sintonía política con Washington, pero debe equilibrarla con sus necesidades comerciales y financieras. Chile, gobernado por José Antonio Kast, se incorporó al Escudo mientras su Congreso discutía los alcances jurídicos y sus efectos sobre la soberanía. Estos contrastes revelan que combatir las mismas amenazas no implica compartir idénticas prioridades exteriores.
En el Perú, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal superan las capacidades de respuesta aislada. La cooperación con el FBI puede mejorar el rastreo de capitales, la identificación de organizaciones y la formación policial. Sin embargo, la Cancillería reconoció ante el Senado que la adhesión peruana no constituye todavía un tratado ni genera obligaciones internacionales vinculantes. La distancia entre anuncio y ejecución sigue siendo el punto débil.
La respuesta debe ser institucional, no retórica. Corresponde definir protocolos escritos con objetivos medibles, financiamiento identificable, intercambio de información sujeto a garantías, responsabilidades operativas y mecanismos de rendición de cuentas. Los compromisos comprendidos en el artículo 56 de la Constitución requieren aprobación previa del Senado. La Policía y la Fiscalía deben conservar sus atribuciones; la inteligencia nacional, operar bajo controles legales; y la Cancillería, mantener una política exterior compatible con los vínculos comerciales asiáticos.
La adhesión peruana merece consolidarse solamente sobre esa base. El nuevo Congreso estadounidense puede aportar recursos y vigilancia; Brasil, Paraguay, Argentina y Chile recuerdan que la política regional cambia con rapidez. Precisamente por ello, Lima debe negociar instrumentos duraderos, revisables y exigibles, sin conceder mando externo sobre sus instituciones, puertos o decisiones estratégicas. La medida del éxito no será la cercanía con Washington, sino la reducción verificable del crimen y la fortaleza institucional que quede en el país. Un escudo que dependa de un presidente será provisional; uno sometido a la ley podrá proteger la seguridad sin comprometer la soberanía.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de división en retiro, excomandante general del Ejército del Perú, especialista en seguridad y defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE. UU. y la ONU.
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