La prórroga minera expone la distancia entre las propuestas electorales y las decisiones legislativas. El desafío no consiste en prolongar la informalidad, sino en superar los incentivos políticos que impiden una solución definitiva.
La creciente demanda mundial de oro, cobre y minerales estratégicos debería ofrecer al Perú una oportunidad para ampliar su producción formal. Sin embargo, la pequeña minería continúa atrapada en un régimen transitorio que confunde inscripción administrativa con legalidad efectiva. La Ley 32537 extendió el proceso de formalización hasta diciembre de 2026, o hasta la entrada en vigor de la nueva ley sectorial y su reglamento.
La reiteración de prórrogas revela una falla institucional: el Estado exige formalidad sin garantizar siempre condiciones practicables para alcanzarla. El acceso a concesiones, los acuerdos con sus titulares, la asistencia técnica y los controles ambientales siguen siendo obstáculos decisivos. Una inscripción en el REINFO no sustituye un título habilitante ni acredita el origen lícito de cada cargamento.
El debate adquiere mayor importancia al examinar las promesas electorales. En su plan 2026-2031, Fuerza Popular planteó modernizar la legislación minera, combatir la especulación sobre concesiones, crear un fondo de garantías crediticias para pequeños productores, digitalizar trámites y fortalecer la trazabilidad del mineral. Su vocería también descartó respaldar nuevas ampliaciones del REINFO. El ofrecimiento, por tanto, no consistía simplemente en alargar el registro, sino en transformar sus mecanismos.
Pero existe un antecedente que exige explicación pública. En diciembre de 2025, dieciséis congresistas de Fuerza Popular votaron a favor de la prórroga hasta fines de 2026. El respaldo parlamentario no invalida automáticamente sus propuestas posteriores, pero obliga a precisar qué cambió, cómo se ejecutarán y cuáles serán los plazos verificables.
¿Por qué cuesta tanto cerrar este capítulo? No existe evidencia suficiente para atribuir una motivación única a los partidos. Sí se observan incentivos políticos reconocibles: el temor al conflicto social, la presión de organizaciones mineras, el costo electoral de imponer sanciones y la dificultad de enfrentar intereses económicos vinculados a la comercialización del oro. La prórroga distribuye beneficios inmediatos; la reforma concentra costos presentes y resultados futuros.
El precio de esa evasión es elevado. Los productores que intentan regularizarse compiten en desventaja, las comunidades soportan contaminación y precariedad, y las redes criminales encuentran oportunidades para introducir mineral de origen ilícito en circuitos comerciales. Tampoco es justo equiparar automáticamente a todo minero artesanal con un delincuente ambiental.
La solución requiere distinguir situaciones con datos, no con consignas. Resulta indispensable depurar el registro, verificar operaciones sobre el terreno, facilitar contratos transparentes, revisar concesiones ociosas conforme a ley y controlar plantas de beneficio, insumos y rutas de comercialización. El crédito público debe condicionarse a avances comprobables y cumplimiento ambiental; la fiscalización necesita presupuesto, tecnología y responsabilidades identificables.
La conclusión trasciende a Fuerza Popular y compromete a todo el sistema político. Cualquier propuesta será creíble únicamente si convierte las promesas en una ley aplicable, metas auditables y un cierre definitivo de las excepciones. Defender la soberanía minera significa preservar la propiedad legítima, recuperar el control territorial y abrir una ruta exigente pero viable hacia la formalidad. Sin decisión institucional, cada prórroga seguirá comprando tranquilidad política a costa de la autoridad del Estado.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de división en retiro, excomandante general del Ejército del Perú, especialista en seguridad y defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE. UU. y la ONU.
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