A Luis XIV se le atribuye la célebre frase «El Estado soy yo», símbolo de una época en la que la voluntad del monarca se imponía incluso sobre sus propias decisiones. Hoy, el Jurado Nacional de Elecciones nos enfrenta a una paradoja que merece explicación: lo que ayer permitió, hoy lo prohíbe. Antes admitió que un regidor convertido en alcalde por sucesión pudiera postular a la alcaldía en el periodo siguiente; ahora impide que un alcalde elegido vuelva a ejercerla por sucesión. La secuencia es inversa, pero las vías de acceso son las mismas: elección y sucesión. ¿Por qué, entonces, ha cambiado el criterio?
El artículo 194 de nuestra Constitución establece que no hay reelección inmediata para los alcaldes. Una disposición breve, aparentemente sencilla. Pero ¿qué significa reelegir? En su sentido natural, volver a elegir a una persona para el mismo cargo. Allí comienza la controversia: quien llega a alcalde por sucesión no ha sido elegido por los ciudadanos específicamente para ese cargo, sino que lo asume por mandato de la ley. ¿Puede hablarse, entonces, de reelección?
En 2018, Willy Armando Bravo Quispe fue elegido primer regidor de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, en Ica. Sin embargo, debido a la exclusión del candidato que encabezaba su lista, fue proclamado alcalde para el periodo 2019-2022. Cuatro años después postuló directamente a la alcaldía y el JNE, mediante Resolución N.º 2926-2022-JNE, confirmó que no estaba impedido por la prohibición constitucional.
¿La razón? Aunque había ejercido la alcaldía, originalmente había sido elegido regidor. Para el Jurado, la diferencia entre elección y sucesión era jurídicamente relevante: haber ejercido la alcaldía por sucesión no equivalía a haber sido elegido alcalde para ese periodo.
Ahora examinemos el caso de Rafael López Aliaga. Fue elegido alcalde de Lima para el periodo 2023-2026, renunció durante su mandato y posteriormente postuló como primer regidor para el periodo 2027-2030. Tras la renuncia del candidato a alcalde de Renovación Popular, quedó planteada la posibilidad de que asumiera la alcaldía mediante el mecanismo legal de sucesión.
Las secuencias son inversas, pero plantean un mismo resultado posible: ejercer la alcaldía durante dos periodos consecutivos.
Bravo Quispe: alcalde por sucesión y, después, candidato a alcalde por elección.
López Aliaga: alcalde por elección y, después, eventual alcalde por sucesión.
Existe un antiguo principio jurídico: Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus: «Donde la ley no distingue, tampoco debemos distinguir». Sin embargo, el propio JNE había considerado relevante distinguir entre elección y sucesión. En la Resolución N.º 2926-2022-JNE recogió que la reelección ocurre cuando «el electorado, a través del voto, otorga la extensión de un mandato para el que fue previamente electo». Y, desde 2018, había establecido que la prohibición no alcanzaba al regidor que asumía la alcaldía por sucesión, precisamente porque no había sido elegido alcalde. Tales criterios fueron formulados para preservar la «seguridad jurídica y la predictibilidad». Si López Aliaga fue elegido regidor y no alcalde, ¿cómo puede calificarse su eventual sucesión como reelección? ¿Y cómo conciliar el nuevo criterio con la predictibilidad que el propio Jurado proclamaba proteger?
La situación de López Aliaga era conocida antes de las elecciones. Su candidatura como primer regidor, la renuncia del candidato a alcalde y su eventual acceso al cargo por sucesión fueron materia de discusión pública. Incluso participó en el debate electoral organizado por el propio JNE. ¡De Ripley! El organismo que después cuestionaría su acceso a la alcaldía le había dado tribuna ante los electores como protagonista de la contienda. ¿Qué mensaje pudo recibir el ciudadano? Uno muy sencillo: «He ahí a tu candidato a alcalde». El respetable tiene motivos para sentirse burlado.

El criterio que ahora impide ese acceso fue establecido mediante una resolución del 2 de noviembre, cuando los resultados electorales ya eran conocidos. La decisión, adoptada por tres votos contra dos, revela que la interpretación constitucional no es unánime. El JNE puede sostener que no creó una prohibición, sino que precisó el alcance de la existente. Pero si el propio tribunal había distinguido antes entre elección y sucesión, debía explicar con especial claridad por qué modificaba esa interpretación y por qué la aplicaba después de la votación.
El problema trasciende a López Aliaga, a Renovación Popular y a cualquier preferencia partidaria. Afecta a los ciudadanos que necesitan conocer, antes de votar, las reglas que determinarán el destino de su elección. Las instituciones electorales no solo deben contar correctamente los votos; también deben ofrecer reglas claras, criterios consistentes y decisiones previsibles.
La Constitución es la norma suprema; el Jurado, su intérprete electoral. Confundir ambas funciones sería olvidar una lección elemental de la democracia: nadie está por encima de la ley, ni siquiera quien tiene la autoridad para interpretarla.
El Estado no es el monarca. Y el Jurado tampoco es la Constitución.
Juan Reyes La Rosa.
Administrador de empresas y Contador Público, con maestría de administración en la UNMSM y diplomado internacional de Control de Gestión en la Universidad de Piura en convenio con la Universidad de Chile. En el campo de la investigación ha dedicado sus esfuerzos al estudio de las obras de Leonardo Da Vinci. Es el XIII campeón nacional de ajedrez postal y en su reciente publicación, Reforma del Ajedrez y el Número de Oro, demuestra el origen matemático del ajedrez.


0 comments on “El Jurado soy yo”